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Exámenes de control y confianza en la policía, la garantía ciudadana

La policía constituye la primera línea de contacto entre la ciudadanía y el Estado, destacando con ello, su rol preponderante en el debate público sobre la problemática de la inseguridad al ubicarse en la punta del iceberg en el escalafón transversal de prevención y contención. Indudablemente, el fortalecimiento institucional de las corporaciones policiales, es parte complementaria del tratamiento del fenómeno que nos ocupa, puesto que, en un Estado Social y Democrático de Derecho, la policía es una institución civil que garantiza derechos y preserva el orden y la paz públicos, de tal suerte que, de ella, se espera un actuar apegado a la legalidad con un alto sentido ético, profesional y vocación de servicio.

En ese tenor y con el propósito de fortalecer la confianza y legitimidad social de nuestras corporaciones e impulsar su adecuada profesionalización de acuerdo a estándares nacionales e internacionales de certificación, es por lo que las y los elementos deben aprobar no sólo el proceso de reclutamiento y de formación inicial, sino también, las evaluaciones de control de confianza, seleccionando así, los perfiles cuyas aptitudes y actitudes, conformen una institución competente en técnicas y tácticas de intervención policial, respetuosa de la ley y los derechos humanos, con una dimensión axiológica fundamentada en principios éticos y morales con vocación y espíritu de cuerpo.

Lamentablemente, los altos niveles de susceptibilidad hacia la policía, son consecuencia de actos de opacidad y corrupción de algunos elementos que la integran, por ello, y de conformidad con la legislación aplicable en la materia a nivel federal y estatal, es por lo que las y los aspirantes, así como el personal en activo, deben someterse y aprobar las evaluaciones de control de confianza. Dicho procedimiento, integra un conjunto de exámenes médicos-toxicológicos, psicológicos, poligráficos y de investigación socioeconómica, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de los perfiles establecidos en los procesos de ingreso, promoción y permanencia de acuerdo al género, nivel jerárquico y función ejercida o por desarrollar.

Cabe señalar que, la corrupción en nuestro país, es un fenómeno con bastante arraigo, inclusive con cierta connivencia y permisibilidad social, de ahí la complejidad en su tratamiento, puesto que su génesis factorial se debe a causas de naturaleza política, económica, institucional, histórica y social, con manifestaciones en las esferas pública y privada. La corrupción, es definida como la desviación de intereses para la obtención de beneficios extraposicionales. Al respecto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 (ENCIG) del INEGI, señala que, a nivel nacional, el 52.8% de la población de 18 años y más considera a la corrupción como el segundo problema más importante que aqueja al país, sólo por debajo de la inseguridad con 78.6%.

Con base en la ENCIG, en Guanajuato, de la población de 18 años y más que habita áreas urbanas a partir de los 100 mil habitantes, el 81.9% considera a la policía como la institución en la que se dan con mayor frecuencia (muy frecuente y frecuente) actos de corrupción. Es importante aclarar que, dicho fenómeno, se ha transformado en parte de nuestra vida cotidiana, como manifiesto de la crisis de incivilidad y quebrantamiento de la norma que persiste en el imaginario colectivo, tanto en la sociedad como en sus instituciones públicas, por tanto, constituye un problema no sólo de las corporaciones policiales en sus distintos niveles, sino también de la sociedad que lo permite y legitima.

En nuestra entidad, la instancia encargada de llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza, es el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato (CECCEG), organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Gobierno. El objetivo del CECCEG, es realizar evaluaciones que permitan conocer las condiciones del personal de las áreas de seguridad pública del Estado y sus Municipios en términos de control de confianza de conformidad con la normatividad aplicable. Este centro, se mantiene a la vanguardia en infraestructura, equipamiento y profesionalización permanente.

En Guanajuato, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la plantilla evaluada de elementos activos de la Policía Estatal de Guanajuato, el 99% aprobó sus respectivos exámenes, colocando a nuestra entidad con el segundo mejor porcentaje de aprobación a nivel federal (ver tabla 1). Ahora bien, en lo que concierne a los 46 municipios del estado, en promedio, estos tienen un porcentaje de aprobación al 99% (ver tabla 2). Cabe mencionar que, en los casos en que los resultados no sean favorables en aquellos elementos en activo que participen en procesos de permanencia, la SSP y los municipios, disponen de los protocolos necesarios para su separación de las corporaciones, todo ello con estricto respeto a sus derechos laborales, incluyendo también, orientación vocacional para su reincorporación a otro giro laboral diverso al de la seguridad pública.

Centros de Evaluación y Control de Confianza de los Estados
Estatus de Evaluación y Certificación
Entidad Aprobados
Campeche 99%
Guanajuato 99%
Baja California Sur 98%
Coahuila 98%
México 98%
Morelos 98%
Chihuahua 97%
Oaxaca 97%
Baja California 96%
Nuevo León 96%
Puebla 96%
Ciudad de México 95%
Sonora 95%
Colima 94%
Querétaro 94%
Aguascalientes 93%
Durango 93%
San Luis Potosí 93%
Tamaulipas 91%
Veracruz 91%
Tlaxcala 90%
Chiapas 89%
Quintana Roo 89%
Sinaloa 89%
Jalisco 87%
Tabasco 86%
Hidalgo 85%
Michoacán 84%
Yucatán 84%
Guerrero 79%
Nayarit 71%
Zacatecas 69%

Tabla 1: Registros del SESNSP al 31 de mayo del 2020.

 

Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato
Estatus de Evaluación y Certificación
Municipio / Secretaría Aprobados
Abasolo 100%
Apaseo el Alto 100%
Coroneo 100%
Cortazar 100%
Doctor Mora 100%
Huanímaro 100%
Jaral del Progreso 100%
Jerécuaro 100%
Manuel Doblado 100%
Moroleón 100%
Ocampo 100%
Purísima del Rincón 100%
Salvatierra 100%
San Diego de la Unión 100%
San Francisco del Rincón 100%
Santa Catarina 100%
Santiago Maravatío 100%
Tarandacuao 100%
Tarimoro 100%
Tierra Blanca 100%
Victoria 100%
Villagrán 100%
Guanajuato 100%
Pénjamo 100%
León 100%
San Miguel de Allende 100%
Valle de Santiago 99%
Uriangato 99%
Irapuato 99%
Yuriria 99%
Comonfort 99%
Salamanca 99%
Celaya 99%
San Felipe 98%
Dolores Hidalgo CIN 98%
San Luis de la Paz 98%
Apaseo el Grande 98%
Romita 98%
Acámbaro 98%
San José Iturbide 97%
Silao 96%
Cuerámaro 95%
Pueblo Nuevo 92%
Santa Cruz de Juventino Rosas 91%
Promedio total 99%

Tabla 2: Registros del CECCEG al 30 de junio del 2020.

 

La certificación en materia de control de confianza, se integra como un elemento más que se suma al importante proceso de fortalecimiento al servicio profesional de carrera policial, lo cual, en conjunto, constituyen, por un lado, una garantía a la sociedad guanajuatense de que las y los elementos que conforman las corporaciones, llevarán a cabo con excelencia, compromiso, vocación de servicio y rectitud, la función que por ley les fue encomendada; y por el otro, el impulso de la cultura cívica y de legalidad como una responsabilidad compartida entre la población y sus instituciones públicas, para juntos, construir un estado pacífico y próspero, y de manera coordinada, lograr la grandeza de México.

 

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

 

El fenómeno del homicidio en México

El fenómeno del homicidio, obedece a una génesis factorial de suma complejidad debido a su naturaleza probabilística y multidimensional, sostenida por un conjunto de elementos causales de diversa naturaleza, por ejemplo: causas remotas (elementos estructurales o contextuales), causas mediatas (aspectos individuales y de socialización en el autor y su posible vínculo o no con la víctima) y causas inmediatas (como aquellos elementos detonantes de los hechos, de proximidad en tiempo y espacio). La combinación de dichos factores, de forma terminante, paulatina, vertiginosa o meramente circunstancial, propician la estructuración del homicidio.

Si bien, el fenómeno ha sido investigado como unidad de análisis desde una perspectiva cuantitativa de lo evidentemente perceptible a través de los medios de comunicación y la opinión pública, pocos han sido los estudios interdisciplinarios que se ocupen de su génesis y dinámica como un elemento coadyuvante para entender la magnitud y alcance de las diversas formas de violencia interpersonal como propiciadores del fenómeno, que van desde la constitución del sujeto y sus procesos de socialización, su vínculo con las normas sociales y jurídicas, accesibilidad a desarrollo y bienestar social, inclusive, la permeabilidad colectiva de ciertos ilícitos de naturaleza regional o transnacional cuya fuerte connotación económica y cultural, se constituyen como medios ilegítimos de movilidad social.

Por lo anterior, es necesaria la participación y colaboración de operarios públicos de los tres niveles de gobierno, así como de los diversos sectores de la sociedad organizada, no sólo en la parte operativa, inteligencia policial y denuncia, por supuesto muy importante, sino también de aquellos involucrados en los diversos programas de desarrollo social, los cuales, de manera transversal, interdisciplinaria, focalizada y coordinada, promueven el bienestar de las personas y fomentan comportamientos favorables mediante la implementación de estrategias que inciden en los distintos factores de riesgo en los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial. Cabe mencionar, que, el fenómeno del homicidio, constituye el último hierro de la cadena de causalidad, cuyo tratamiento, exige su atención a partir de los eslabones que le preceden mediante la prevención, disuasión, detección, investigación y sanción (causas – efectos).

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que data del año 2018 ya consideraba el homicidio como una de las primeras causas de muerte en México en población en general, la violencia homicida ha seguido creciendo en todo el país como fenómeno asociado cada vez más a la presencia de grupos de la delincuencia organizada.

Los homicidios dolosos en México, como consecuencia de esta violencia ejercida por los grupos delictivos durante los años 2007 al 2011 triplicaron su incidencia. La tasa se estabilizó hasta 2015, cuando los grupos del crimen organizado comenzaron a fragmentarse y diversificarse, pero después, la tasa se incrementó hasta su máximo histórico con más de 30,000 homicidios en el 2017.

Parte de las causas inmediatas de dicho incremento, se debe, entre otras causas, a la muerte o el encarcelamiento de líderes de alto perfil de la delincuencia organizada; los operativos policiales que debilitan a un grupo con relación a otro; el equilibrio de poder entre grupos delictivos y los cambios en los mercados ilícitos regionales y transnacionales.

En Guanajuato, el 90% de las víctimas de homicidio doloso por arma de fuego, integraban células o grupos de la delincuencia organizada, de acuerdo a la información determinada por carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, existen ciudades del país con una población de más un millón de habitantes, comparándola por ejemplo con la ciudad de León por su cantidad de población, donde la incidencia de homicidios violentos en este 2020, es por mucho superior.

Los municipios que se muestran en la gráfica siguiente de más de un millón de habitantes, tienen una incidencia delictiva de homicidios dolosos desproporcionada al compararse con el municipio de León. La incidencia de homicidio doloso en León, corresponde al 38% de lo observado en Juárez, Chihuahua y al 32% de lo registrado en Tijuana, Baja California. imagen 1En el periodo enero-junio de 2020 se presentó incidencia de homicidio doloso en 1,287 municipios del país, que corresponde al 53% del total de los mismos.

Por lo que hace a la incidencia por homicidio doloso en el mismo periodo enero-junio de 2020, la siguiente gráfica muestra que sólo una de las ciudades guanajuatenses aparece en la tabla media y no en los primeros lugares, tal como se ha dicho.

A continuación, se muestran datos del fenómeno de homicidio doloso en los municipios del país en lo que va del 2020:

imagen 2
La Seguridad Pública y la Justicia, son funciones concurrentes y prioritarias a cargo de los tres órdenes de gobierno, por lo que no cabe su polarización por motivos políticos; en ese sentido, la ley es muy clara en sus objetivos, entre los cuales destaca, garantizar las condiciones necesarias que permitan el desarrollo de las personas, así como la convivencia social en un ambiente de paz, tranquilidad y respeto de los derechos humanos.

Estos elementos, totalmente independientes de la presión o diligencias partidistas de las élites políticas, tal como ha venido sucediendo en el Estado de Guanajuato; deben abonar a la democracia como un valor que se fundamenta en los principios de la representación y la convivencia social, destacando en ello: la libertad, justicia, fraternidad, igualdad, tolerancia, solidaridad, respeto y diálogo. Los que integramos los poderes públicos, debemos ser los principales baluartes de dichos principios y valores, cuyo único marco de actuación formal no debe sobrepasar la ley.

Por lo que debemos fortalecer, como hasta hoy, la coordinación interinstitucional para que todas las autoridades encargadas de brindar y coadyuvar a la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, junto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aportemos argumentos y acciones que ayuden a recobrar la confianza de los ciudadanos, y logremos devolverles la paz y tranquilidad a todas las familias guanajuatenses.

 

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

 

Números de emergencia 911, 089 y 075, los mejores aliados en Seguridad Pública

 

NÚMEROS DE EMERGENCIA 911, 089 y 075, LOS MEJORES ALIADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA

 

El principio de legalidad es el elemento esencial que debe prevalecer en un Estado, gracias a él, se pueden establecer controles sobre la autoridad, así como límites al goce y ejercicio responsable de la libertad, ambos, con absoluto respeto a las garantías constitucionales. En el proceso de interacción entre el desempeño del poder público y el ejercicio de la libertad, el principio de legalidad puede verse vulnerado, ya sea con el actuar desproporcionado o discrecional del Estado, o bien, con el actuar del individuo cuando rebasa lo expresamente prohibido por las normas.

Es así que, nos encontramos con dos elementos fundamentales: la existencia de criterios normativos y la conformidad con los mismos; lo anterior, nos lleva al concepto de legitimidad, la cual, ayudará a generar consenso en torno a la aceptación de la ley y su aplicación, es decir, cada persona tiene la responsabilidad de aportar al fortalecimiento del Estado de Derecho.

La cultura de la legalidad, implica un proceso de discernimiento, aceptación y cumplimiento voluntario de la norma, no sólo por su carácter coercitivo, sino por el interés colectivo de bienestar, cuya consolidación requiere de la participación ciudadana para lograr con ello el respeto de las leyes. La denuncia ciudadana es un mecanismo más de coparticipación, cuyo fin último, es el coadyuvar con la preservación del orden y la paz pública, de conformidad con las estrategias de naturaleza preventiva y reactiva.

Entre los mecanismos de denuncia ciudadana que activan el aparato de procuración de justicia, a través del Ministerio Público, se encuentran las líneas telefónicas de: la Denuncia Anónima 089 y el Sistema de Emergencias 911 que proporciona asistencia de servicios médicos, policiales y de protección civil, coadyuvando con la preservación del orden y la paz pública. Estas variables son dependientes de una adecuada cultura de la legalidad y participación ciudadana en su uso “racional, responsable y pertinente” de acuerdo a la naturaleza de la emergencia por la cual se requiere un servicio, el cual, es provisto por personal capacitado en el manejo de emergencias apoyado con la mejor tecnología de cómputo y radiocomunicaciones.

Asimismo, el Gobierno del Estado, dispone del Sistema Integral de Atención para las Mujeres (SIAM 075), cuyo objetivo consiste en preservar la vida, integridad y derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia de género, mediante el uso de un mecanismo integral y transversal de servicios especializados en proveer atención inmediata en caso de emergencia (servicio médico, policial y de protección civil), contención psicológica, orientación jurídica y seguimiento especializado según el caso.

Cabe mencionar que los tres sistemas (911, 089 y 075), integran un conjunto de estrategias clave para la denuncia de conductas violentas y delictivas con su respectivo protocolo de atención en un primer nivel de contacto, buscando en todo momento el impulso de una sociedad proactiva, responsable y comprometida con la cultura de la legalidad a través de su participación con la denuncia.

Es importante aclarar, que con motivo de la pandemia COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, así como las respectivas dependencias homólogas a nivel federal y estatal, establecieron como estrategia de contención, el distanciamiento físico y la limitación de la movilidad con el propósito de mitigar la velocidad de propagación y evitar el colapso de los sistemas de salud, no obstante, dichas medidas, han implicado una serie de efectos físicos, psicológicos, sociales y situacionales que han intervenido con el agravamiento de diversas formas de violencias y delincuencia, condiciones que han significado el fortalecimiento de los sistemas antes mencionados junto con sus respectivos protocolos de atención con el propósito de proporcionar un servicio más eficiente a la problemática actual.

Los sistemas 911, 089 y 075, proveen servicios, previenen y coadyuvan en la sanción de conductas, constituyendo un importante insumo de información sistematizada y georreferenciada en materia criminológica para la atención y prevención de las violencias y la delincuencia.

La participación ciudadana a través de estos instrumentos de denuncia, contribuye en materia de seguridad ciudadana, política criminal y prevención social (…) a la génesis factorial del fenómeno en cuestión, traduciéndose en estrategias de disuasión, prevención, denuncia, reacción, investigación, sanción y tratamiento de víctimas, pero además se convierte en un mecanismo que auxilia al ciudadano en la defensa de su vida, integridad y patrimonio.

Por nuestra parte, en el Gobierno de Guanajuato a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, estamos conscientes de la importancia del uso de estas plataformas tecnológicas para la seguridad. Por eso, el llamado siempre permanente a que las utilicemos en el momento en que se haga necesario, porque es un mecanismo de participación ciudadana contra la impunidad y el delito.

 

 

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

 

¡Prevenir está en nuestras Manos!

Prevenir

PREVENIR ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

 

Para el Estado de Guanajuato, el diseño e implementación de políticas de seguridad ciudadana constituyen una prioridad en la agenda de gobierno, las cuales, tienen como propósito general el establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, mediante la prevención y el tratamiento de las diversas formas de violencias y delincuencia en la sociedad, permitiendo con ello, la reconstrucción del tejido social que permita una convivencia pacífica en nuestra entidad.

Es bajo esta dimensión de la seguridad, la forma más idónea para el abordaje de las violencias y la delincuencia, desde un enfoque de la participación proactiva de la sociedad y de los individuos, y, sostenida a partir de un adecuado ejercicio democrático del poder público, cimentado en principios como: la equidad, perspectiva de género, pluralismo, transparencia, estado de derecho, respeto de los derechos humanos, responsabilidad y por supuesto, la coordinación interinstitucional e intersectorial.

El fenómeno de las violencias y la delincuencia es multidimensional en su origen. Cuando se tiene la oportunidad de estudiarlo, es tan complejo y está envuelto en una fuerte polémica conceptual; una de las estrategias más eficaces para comprenderlo y atenderlo, consiste en darle significado a partir de su génesis, más que, como causas, como factores de riesgo en sus diversos ámbitos de manifestación.

Es así que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ha integrado en su actuar gubernamental, la política de prevención social como un modelo de trabajo transversal, focalizado, multidimensional, intersectorial, con efectos continuos, medibles y evaluables en favor de grupos sociales de prioridad estratégica, de entre los cuales podemos destacar a las mujeres, niñas, niños adolescentes y jóvenes de nuestro estado.

Dicha política, se fundamenta a través del mecanismo rector de planeación, al que hemos denominado Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019 – 2024, publicado el 5 de marzo de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, mismo que, a través de un planteamiento interinstitucional, busca la participación ciudadana, el impulso de la prevención y el autocuidado en sus diversos ámbitos para la atención multidimensional de los factores de riesgo en la materia, a efecto de coadyuvar en la mejora de la calidad de vida, en donde el eje y razón de ser es posicionar a la persona y sus derechos como eje central de las políticas públicas del Gobierno encabezado por el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El Programa Estatal, busca la integración y coordinación de las entidades y dependencias de la administración pública estatal, con la participación de los municipios y la sociedad civil organizada en 101 zonas de intervención social. De esta manera, se instauró una estrategia a partir de cuatro líneas de trabajo transversal:
1) Legalidad, convivencia pacífica y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;
2) Salud, bienestar y calidad de vida;
3) Desarrollo humano y justicia social; e,
4) Infraestructura comunitaria y cohesión territorial.

Para llevarlas a buen término, se integró la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, como el máximo órgano de diseño, ejecución y coordinación de políticas en la materia, que ha sido muy escrupulosa en identificar y priorizar las estrategias, constituyendo en ello, una agenda transversal de 103 programas sociales a cargo de 29 dependencias estatales, enfocadas a diversos ámbitos de contención psicosocial, como son: educación, desarrollo social y económico, salud, cultura, empleo, deporte, participación ciudadana, infraestructura, entre otros.

La política de prevención social, demanda un gran compromiso y esfuerzo de todos los actores involucrados, tanto del gobierno como de la sociedad organizada.

Estamos convencidos de que juntos, sociedad y gobierno, contribuiremos a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como también preservar las libertades, el orden y la paz social, para con ello, construir una entidad próspera y pacífica en donde la persona y su dignidad estén siempre en el centro del actuar gubernamental, y juntos sean, la grandeza de México.

¡Prevenir está en nuestras Manos!

 

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

 

 

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