Prevenión

Percepción de seguridad

La percepción de inseguridad, es un problema que vulnera la calidad de vida de las personas y ésta depende de un contexto temporal, social y cultural determinado. Para Vilalta Perdomo, reconocido investigador en la materia, la percepción de inseguridad, es aquella perturbación del ánimo como consecuencia de la diferencia entre el riesgo percibido de ser víctima de un ilícito y la propia victimización del hecho, en otras palabras, percepción subjetiva y objetiva de inseguridad. De acuerdo con lo anterior, es de resaltar que dicha percepción no es una condición exclusiva de las personas quienes han sido víctimas, cabe también, aquellas cuya sensación rebasa el margen de objetividad traduciéndose únicamente en vulnerabilidad ante un posible riesgo.

Con independencia de su margen objetivo o subjetivo, la percepción de inseguridad, constituye un parámetro más (no concluyente) que coadyuva con la medición periódica e integral del tema de la seguridad como problema público. La sensación de temor, sin duda, tiene implicaciones en los ámbitos individual y comunitario, al respecto, estudios e investigaciones convergen en la disminución significativa de convivencia ciudadana y, por ende, de cohesión social. Al incrementarse la sensación de probable riesgo en el entorno público inmediato o mediato, la respuesta natural se traslada al imperativo del encierro defensivo en los diferentes círculos concéntricos de interacción.

El imperativo del encierro defensivo, maximiza el problema de inseguridad, trastocando con ello aspectos esenciales para mantener seguro un espacio, siendo en este caso la vigilancia natural (posibilidad de ver y ser visto), la posible identidad con espacios comunitarios, la confianza y colaboración entre vecinos y, el sentido de participación y corresponsabilidad ciudadana para el tratamiento de problemas públicos, en suma, el bienestar y calidad de vida. Cabe mencionar que, el distanciamiento social y espacial, facilita el debilitamiento de los lazos comunitarios, así como con el entorno territorial, por lo tanto, la ausencia de cohesión como secuela de la “lógica de securitización” también abona a la sensación de inseguridad.

Dentro del proceso de medición integral y periódica de la seguridad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dispone de algunos instrumentos muy útiles que coadyuvan con la caracterización del fenómeno de las violencias y la delincuencia a nivel regional, uno de ellos es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el cual, de acuerdo con el INEGI, tiene por objetivo obtener información que permita realizar estimaciones con representatividad a nivel nacional urbano sobre la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad. La periodicidad de este instrumento es trimestral. En su última edición, sus resultados corresponden al periodo julio – septiembre del 2020.

Es así que, con base en los últimos resultados de la encuesta citada líneas más arriba, León de los Aldama, municipio de mayor notabilidad demográfica y económica en el Estado de Guanajuato, registró una notable mejoría del orden del 7.3 puntos porcentuales con respecto al ENSU pasado (enero-marzo 2020) en cuanto a la percepción de inseguridad en personas mayores de 18 años. Lo anterior, es un reflejo del tratamiento integral del fenómeno de las violencias y la delincuencia en los ámbitos municipal y estatal, aunado también a las vicisitudes del fenómeno con respecto a la influencia del ambiente y contexto, son elementos indivisibles.

Para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los resultados de instrumentos como la ENSU, constituyen indicadores que reflejan no sólo el sentir de la población con respecto al tema que nos ocupa, sino también, un importante insumo de información para el fortalecimiento de políticas públicas en materia operativa y de prevención social de las violencias y la delincuencia, las cuales, de forma integral, empírica y aplicada, buscan salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

Seguridad Pública y el Federalismo

La Seguridad Pública, en palabras del Dr. Sergio García Ramírez, se ha convertido en un asunto de primer plano. Tan relevante es que, de ser una función exclusiva del Estado, ha transmutado a un tema de interés crítico en donde la participación ciudadana, ha encontrado espacios de expresión a través de organismos no gubernamentales, universidades, centros de investigación, entre otros. No es para menos, hoy en día, las violencias y delincuencia han evolucionado a la par de la dinámica de fenómenos de índole estructural, interpersonal y de socialización, génesis factorial que exige un planteamiento de Política Pública que se desarrolle de manera “Integral, Empírica y Aplicada”.

Cabe señalar que, el máximo grado de expresión del fenómeno de las violencias y la delincuencia, son, predominantemente, los ámbitos personal, familiar y comunitario, elementos cuya permeabilidad territorial escapa del escrutinio gubernamental bajo un planteamiento centralista, se requiere entonces, pensar y materializar estrategias que reconozcan y empoderen el papel que desempeñan los gobiernos locales en coalición efectiva y proactiva con liderazgos de los diversos sectores sociales. En ese tenor, es necesario el fortalecimiento de la Seguridad Pública partiendo desde el nivel local, en otras palabras, posicionar a los Gobiernos Locales como protagonistas de la gestión del fenómeno en su total magnitud.

Para llegar a lo anterior, es transcendental, además de la voluntad como motor de cambio en todos los sectores, incluyendo el político, es inherente proporcionar recursos públicos debidamente fiscalizados, que permitan la implementación de estrategias efectivas. En este orden de ideas, no podemos abandonar a su suerte a los Estados y Municipios, a quienes se les exige resultados inverosímiles mientras no cuentan con el respaldo financiero adecuado y preciso, del cual, la Federación, es un actor corresponsable. De lo anterior, surge la necesidad de fortalecer la esencia compensatoria del Pacto Federal, en donde los tres ámbitos de gobierno, formen parte de un proceso “objetivo” de distribución de recursos y oportunidades para la solución de problemas públicos.

La Seguridad Pública, de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en su artículo 21, refiere que, es una función concurrente para los tres órdenes de gobierno (Federación, Estados y los Municipios), que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Evidentemente, esta función que concurre en los tres niveles de gobierno, difiere de cualquier implicación centralista en lo que a la materia respecta, exige, un federalismo que promueva sinergia, responsabilidad con los recursos públicos y, por supuesto, compromiso, considerando en ello como única prioridad, la persona y sus derechos como eje central del actuar gubernamental.

Estamos convencidos que la alternancia política en nuestro país, lejos de ser un factor de sujeción, constituye una interesante oportunidad de colaboración intergubernamental y de competencia creativa. En suma, la función de la Seguridad Pública, demanda capacitación, profesionalización, dignificación, infraestructura, equipamiento, evaluación permanente, sistematización y finalmente, la consolidación de una estrategia integral de Prevención Social, aspectos que, sin el fortalecimiento y apoyo de la Federación, concurrirán en escenarios de mayor complejidad para los Estados y Municipios en el tratamiento del fenómeno de las violencias y la delincuencia. Propugnamos entonces, un federalismo que pase de la recriminación, a un federalismo que busque de manera progresiva ser eficiente y eficaz.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

La evaluación de la Política Pública de Seguridad

La Política Pública en materia de Prevención Social implementada por la Secretaría de Seguridad Pública en nuestra entidad federativa, surge de la “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana 2018 – 2024”, mecanismo neurálgico de las acciones de seguridad sustentado en un modelo de trabajo integral, sinérgico y secuencial entre las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, con el apoyo proactivo de los diversos sectores de nuestra sociedad organizada, a través de tres vértices estratégicos: a) el de la prevención social de las violencias y la delincuencia; y, b) vigilancia, coordinación operativa e inteligencia policial; y, c) fortalecimiento jurídico – institucional.

El vértice correspondiente al de la Prevención Social, encuentra fundamento a través de su mecanismo de planeación rector, el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019 – 2024, publicado el 05 de marzo del 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. Dicho instrumento, tiene como propósito general, impulsar la prevención y el autocuidado para la atención multidimensional de los factores de riesgo vinculados a las diversas manifestaciones de violencia y delincuencia, con la participación necesaria y solidaria de la sociedad en coordinación con las instituciones públicas en los ámbitos Estatal y Municipal

Cabe señalar que dicho propósito, de interés o beneficio público, se encuentra soportado por un planteamiento de planeación en espiral o cíclico que va desde el diagnóstico y caracterización del fenómeno, su correspondiente análisis estratégico y de factibilidad, formulación de la estrategia de intervención como solución a la problemática identificada, instrumentación y monitoreo, hasta llegar al momento cumbre de su evaluación, siendo esta última etapa de vital trascendencia al proporcionar una radiografía de la estrategia en curso sobre sus beneficiarios directos, su nivel de institucionalidad y corrección técnica en caso requerir mejoras e iniciar un nuevo ciclo.

Resulta entonces, un programa estratégico consecuencia de una serie de etapas acumulativas, secuenciales y flexibles para su evaluación antes, durante y después de haber implementado la Política Pública, considerando en ello, métodos y técnicas para la recopilación, procesamiento y análisis de los resultados en una periodicidad determinada. En conclusión, el conocimiento provisto por una adecuada evaluación, constituye un significativo acervo de información sobre los posibles efectos que tuvieron las acciones sobe la problemática identificada, además de coadyuvar en la comprensión del fenómeno en su génesis factorial y orden de causalidad.

Es por la relevancia de lo anterior que con fundamento en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en su artículo 140, se crea el Sistema Estatal de Evaluación, Seguimiento y Estadística Criminológica (en adelante SEESEC) el cual es una herramienta metodológica que tiene como finalidad orientar los procesos de planeación, organización, implementación, monitoreo, rendición de cuentas, evaluación de los objetivos, metas, estrategias y acciones del Estado y los Municipios en materia político-criminal y de prevención social de las violencias y la delincuencia.

Mediante el SEESEC, como engrane neurálgico de la Política Pública de Seguridad, junto con los recursos técnicos, financieros y humanos que lo integran, se busca consolidar el círculo virtuoso en cada una de sus etapas, incrementando así la eficiencia y eficacia de la actuación gubernamental mediante un conjunto de procedimientos técnicos, los cuales bajo una configuración empírica y aplicada, proveen los elementos necesarios para el fortalecimiento o rectificación de aquellas acciones estratégicas que a la par de la realidad social y evolución del fenómeno que nos ocupa, coadyuven con la Seguridad Pública y el bienestar de las y los guanajuatenses.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

La seguridad vecinal es tarea de todos

La Seguridad Pública, constituye una de las principales preocupaciones para los mexicanos. Al respecto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, reporta que, a nivel nacional, el 78,6% de la población de 18 años y más refirió que, la inseguridad y la delincuencia es el problema más importante que aqueja hoy en día al país, seguido de la corrupción con el 52,8%. El impacto de la inseguridad percibida en los diferentes sectores sociales, sea objetiva o subjetiva, naturalmente despierta inquietud que repercute en la calidad de vida y el bienestar social. Por tanto, resulta un tema de sumo interés dentro de la opinión pública y por consecuencia, compromiso substancial de la agenda de gobierno en la conformación de políticas públicas eficientes y eficaces.

El comportamiento del fenómeno y el interés proactivo de los diversos sectores de la sociedad organizada de requerir, y a la vez, coadyuvar con la mejora de las condiciones de seguridad, ha impulsado el establecimiento de diferentes enfoques y respuestas estratégicas, cuyo diseño, a partir de principios como: la integralidad, focalización, transversalidad, institucionalidad y territorialidad, promueven la prevención y el autocuidado para la atención multidimensional de las violencias y la delincuencia. Todo ello, encuentra factibilidad, mediante un esquema de trabajo que propicia, desde el ámbito comunitario, la participación ciudadana en la gestión de la convivencia pacífica y reconstrucción del tejido social en un marco de asociatividad local y buen gobierno.

Desde hace tiempo, nos encontramos en la consolidaciónde un modelo de instrumentación integral que considere al ciudadano, eje central del actuar gubernamental bajo un planteamiento de organización y corresponsabilidad social. Se busca entonces, ampliar el margen de compromiso hacia otros sectores en el reconocimiento de la Seguridad Pública, no sólo como una función que le compete al aparato público, sino también como una responsabilidad cívica de imperiosa sistematización colectiva a través de la coordinación de las autoridades locales. Ello encuentra cabida, mediante la implementación estrategias de prevención social que, desde su ámbito comunitario, posicionen a las y los vecinos, como agentes proactivos de cambio social.

El modelo de organización vecinal, se fundamenta en el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019 – 2024, máximo instrumento de planeación que conduce la política pública en la materia, el cual, mediante la identificación de las peculiaridades territoriales, sociodemográficas del entorno, así como de los diversos factores de riesgo que coadyuvan con el fenómeno, sistematiza el desempeño gubernamental para consolidar el desarrollo armónico de las personas, sus familias, la comunidad y sus instituciones, considerando en ello, la implementación de mecanismos de interlocución comunitaria entre sociedad y gobierno.

Es bajo el citado planteamiento estratégico que, la organización vecinal en el ámbito comunitario, ha cobrado especial relevancia para la coordinación intersectorial, y responsabilidad territorial en estrategias concernientes a la seguridad y prevención social. El propósito de ello, consiste, por un lado, mejorar la percepción de seguridad y reducir los delitos de oportunidad en aquellas zonas o delimitaciones territoriales que así lo requieran por su alta densidad criminológica, y por el otro, atender, mediante un esquema transversal, aquellos factores de riesgo de naturaleza estructural e interpersonal que propicien situaciones de violencias y delincuencia.

Recordemos que, la Política de Prevención Social en nuestro Estado, se concentra en el tratamiento de la génesis y expresiones del comportamiento antisocial y delictivo, fundamentado en un bosquejo de análisis permanente que permite entender la interrelación de factores de riesgo en sus diversos ámbitos. Esto nos lleva a identificar algunos componentes que contribuyen a la formulación de estrategias específicas y adecuadas. Como un ejemplo, tenemos los delitos de oportunidad, cuya manifestación depende de movimientos cotidianos, flujo de personas, atribuciones o valor del objetivo, vigilancia natural, así como cambios sociales o tecnológicos que proveen nuevas oportunidades.

En este sentido, destacamos el comportamiento del Robo a Casa Habitación, considerado por su ocurrencia en el espacio urbano y la influencia del medio ambiente, un delito de oportunidad, tal y como se muestra en la gráfica siguiente. Es importante destacar que, la constitución de alianzas entre la comunidad organizada (vecinos) y las autoridades a nivel local permite, de acuerdo con el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, aumentar los niveles de conciencia entre los actores involucrados, compartir información, formar redes de trabajo, potenciar recursos e incrementar los niveles de participación comunitaria a través del tiempo.

43E0BE30-80B4-4AB7-A509-466C783D4D2A Gráfica1: Incidencia de robo a casa habitación / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Es por lo anterior que, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, impulsa la participación comunitaria a través de la instalación y seguimiento de Comités de Seguridad Vecinal que fortalezcan la cultura corresponsabilidad social mediante un modelo de participación encaminado hacia la implementación de actividades informativas, consultivas, gestionarias y de empoderamiento. La participación vecinal, es la actividad racional, organizada y consciente que tiene por objetivo, expresar iniciativas, necesidades, defender intereses y valores comunes e influir, de forma directa o indirecta, en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato