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La Seguridad Pública, en palabras del Dr. Sergio García Ramírez, se ha convertido en un asunto de primer plano. Tan relevante es que, de ser una función exclusiva del Estado, ha transmutado a un tema de interés crítico en donde la participación ciudadana, ha encontrado espacios de expresión a través de organismos no gubernamentales, universidades, centros de investigación, entre otros. No es para menos, hoy en día, las violencias y delincuencia han evolucionado a la par de la dinámica de fenómenos de índole estructural, interpersonal y de socialización, génesis factorial que exige un planteamiento de Política Pública que se desarrolle de manera “Integral, Empírica y Aplicada”.
Cabe señalar que, el máximo grado de expresión del fenómeno de las violencias y la delincuencia, son, predominantemente, los ámbitos personal, familiar y comunitario, elementos cuya permeabilidad territorial escapa del escrutinio gubernamental bajo un planteamiento centralista, se requiere entonces, pensar y materializar estrategias que reconozcan y empoderen el papel que desempeñan los gobiernos locales en coalición efectiva y proactiva con liderazgos de los diversos sectores sociales. En ese tenor, es necesario el fortalecimiento de la Seguridad Pública partiendo desde el nivel local, en otras palabras, posicionar a los Gobiernos Locales como protagonistas de la gestión del fenómeno en su total magnitud.
Para llegar a lo anterior, es transcendental, además de la voluntad como motor de cambio en todos los sectores, incluyendo el político, es inherente proporcionar recursos públicos debidamente fiscalizados, que permitan la implementación de estrategias efectivas. En este orden de ideas, no podemos abandonar a su suerte a los Estados y Municipios, a quienes se les exige resultados inverosímiles mientras no cuentan con el respaldo financiero adecuado y preciso, del cual, la Federación, es un actor corresponsable. De lo anterior, surge la necesidad de fortalecer la esencia compensatoria del Pacto Federal, en donde los tres ámbitos de gobierno, formen parte de un proceso “objetivo” de distribución de recursos y oportunidades para la solución de problemas públicos.
La Seguridad Pública, de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en su artículo 21, refiere que, es una función concurrente para los tres órdenes de gobierno (Federación, Estados y los Municipios), que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Evidentemente, esta función que concurre en los tres niveles de gobierno, difiere de cualquier implicación centralista en lo que a la materia respecta, exige, un federalismo que promueva sinergia, responsabilidad con los recursos públicos y, por supuesto, compromiso, considerando en ello como única prioridad, la persona y sus derechos como eje central del actuar gubernamental.
Estamos convencidos que la alternancia política en nuestro país, lejos de ser un factor de sujeción, constituye una interesante oportunidad de colaboración intergubernamental y de competencia creativa. En suma, la función de la Seguridad Pública, demanda capacitación, profesionalización, dignificación, infraestructura, equipamiento, evaluación permanente, sistematización y finalmente, la consolidación de una estrategia integral de Prevención Social, aspectos que, sin el fortalecimiento y apoyo de la Federación, concurrirán en escenarios de mayor complejidad para los Estados y Municipios en el tratamiento del fenómeno de las violencias y la delincuencia. Propugnamos entonces, un federalismo que pase de la recriminación, a un federalismo que busque de manera progresiva ser eficiente y eficaz.
Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato