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La Seguridad Pública, constituye una de las principales preocupaciones para los mexicanos. Al respecto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, reporta que, a nivel nacional, el 78,6% de la población de 18 años y más refirió que, la inseguridad y la delincuencia es el problema más importante que aqueja hoy en día al país, seguido de la corrupción con el 52,8%. El impacto de la inseguridad percibida en los diferentes sectores sociales, sea objetiva o subjetiva, naturalmente despierta inquietud que repercute en la calidad de vida y el bienestar social. Por tanto, resulta un tema de sumo interés dentro de la opinión pública y por consecuencia, compromiso substancial de la agenda de gobierno en la conformación de políticas públicas eficientes y eficaces.
El comportamiento del fenómeno y el interés proactivo de los diversos sectores de la sociedad organizada de requerir, y a la vez, coadyuvar con la mejora de las condiciones de seguridad, ha impulsado el establecimiento de diferentes enfoques y respuestas estratégicas, cuyo diseño, a partir de principios como: la integralidad, focalización, transversalidad, institucionalidad y territorialidad, promueven la prevención y el autocuidado para la atención multidimensional de las violencias y la delincuencia. Todo ello, encuentra factibilidad, mediante un esquema de trabajo que propicia, desde el ámbito comunitario, la participación ciudadana en la gestión de la convivencia pacífica y reconstrucción del tejido social en un marco de asociatividad local y buen gobierno.
Desde hace tiempo, nos encontramos en la consolidaciónde un modelo de instrumentación integral que considere al ciudadano, eje central del actuar gubernamental bajo un planteamiento de organización y corresponsabilidad social. Se busca entonces, ampliar el margen de compromiso hacia otros sectores en el reconocimiento de la Seguridad Pública, no sólo como una función que le compete al aparato público, sino también como una responsabilidad cívica de imperiosa sistematización colectiva a través de la coordinación de las autoridades locales. Ello encuentra cabida, mediante la implementación estrategias de prevención social que, desde su ámbito comunitario, posicionen a las y los vecinos, como agentes proactivos de cambio social.
El modelo de organización vecinal, se fundamenta en el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019 – 2024, máximo instrumento de planeación que conduce la política pública en la materia, el cual, mediante la identificación de las peculiaridades territoriales, sociodemográficas del entorno, así como de los diversos factores de riesgo que coadyuvan con el fenómeno, sistematiza el desempeño gubernamental para consolidar el desarrollo armónico de las personas, sus familias, la comunidad y sus instituciones, considerando en ello, la implementación de mecanismos de interlocución comunitaria entre sociedad y gobierno.
Es bajo el citado planteamiento estratégico que, la organización vecinal en el ámbito comunitario, ha cobrado especial relevancia para la coordinación intersectorial, y responsabilidad territorial en estrategias concernientes a la seguridad y prevención social. El propósito de ello, consiste, por un lado, mejorar la percepción de seguridad y reducir los delitos de oportunidad en aquellas zonas o delimitaciones territoriales que así lo requieran por su alta densidad criminológica, y por el otro, atender, mediante un esquema transversal, aquellos factores de riesgo de naturaleza estructural e interpersonal que propicien situaciones de violencias y delincuencia.
Recordemos que, la Política de Prevención Social en nuestro Estado, se concentra en el tratamiento de la génesis y expresiones del comportamiento antisocial y delictivo, fundamentado en un bosquejo de análisis permanente que permite entender la interrelación de factores de riesgo en sus diversos ámbitos. Esto nos lleva a identificar algunos componentes que contribuyen a la formulación de estrategias específicas y adecuadas. Como un ejemplo, tenemos los delitos de oportunidad, cuya manifestación depende de movimientos cotidianos, flujo de personas, atribuciones o valor del objetivo, vigilancia natural, así como cambios sociales o tecnológicos que proveen nuevas oportunidades.
En este sentido, destacamos el comportamiento del Robo a Casa Habitación, considerado por su ocurrencia en el espacio urbano y la influencia del medio ambiente, un delito de oportunidad, tal y como se muestra en la gráfica siguiente. Es importante destacar que, la constitución de alianzas entre la comunidad organizada (vecinos) y las autoridades a nivel local permite, de acuerdo con el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, aumentar los niveles de conciencia entre los actores involucrados, compartir información, formar redes de trabajo, potenciar recursos e incrementar los niveles de participación comunitaria a través del tiempo.
Gráfica1: Incidencia de robo a casa habitación / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es por lo anterior que, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, impulsa la participación comunitaria a través de la instalación y seguimiento de Comités de Seguridad Vecinal que fortalezcan la cultura corresponsabilidad social mediante un modelo de participación encaminado hacia la implementación de actividades informativas, consultivas, gestionarias y de empoderamiento. La participación vecinal, es la actividad racional, organizada y consciente que tiene por objetivo, expresar iniciativas, necesidades, defender intereses y valores comunes e influir, de forma directa o indirecta, en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato