Secretario de Seguridad Pública

La estrategia de la disminución de los delitos de alto impacto

El fenómeno de las violencias y la delincuencia, como bien lo hemos referido en otras ocasiones, obedece a una génesis factorial de naturaleza probabilística y origen diverso. Recordemos que, su tratamiento, debe partir desde una Política Criminal aplicada e integral, previo estudio de sus causas, por lo tanto, los ejercicios de análisis estadísticos son la incidencia e índice de denuncias, sin que sean un indicador determinante del fenómeno, pero sí coadyuvante, es decir, un elemento más que se suma a la comprensión de su comportamiento en un espacio y tiempo determinado, situación de la cual, derivan medidas focalizadas al elemento “oportunidad” en aquellos territorios con mayor densidad criminal.

La clasificación de los delitos de alto impacto, según el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), son aquellas conductas que, por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia e incidencia, contribuyen a la percepción de inseguridad y vulneración de la sociedad. Cabe mencionar que, dicha clasificación, para el estado de Guanajuato, corresponde a los siguientes delitos: homicidios dolosos, feminicidios, extorsión, lesiones dolosas, robo a bancos, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, robo a transportista, robo de vehículo, robo de ganado, secuestro y violación. Reiteramos que, la variabilidad de cada una de estas conductas ilícitas, no describen las condiciones generales de seguridad en las que se encuentra el estado, para dicho propósito, se requiere de un exhaustivo trabajo de investigación en materia criminológica.

Ahora bien, la medición de los índices e incidencia en materia de delitos de alto impacto en nuestro estado refleja que, -de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- en el periodo enero–agosto del presente año, el estado de Guanajuato, ocupó el quinto lugar en incidencia con 20,361 carpetas de investigación iniciadas, el duodécimo en índice con 347.83 por cada 100,000 habitantes y el décimo en variación. La mayor cantidad de delitos de alto impacto en el presente año, se presentó en enero con 2,941 denuncias. El promedio mensual de delitos denunciados dentro del periodo de referencia es de 2,545.13 carpetas. En cuanto a la variación respecto al año 2019 en el mismo parámetro temporal, el año 2020, registró una disminución de la incidencia en un 13.07% con relación al año anterior.

De forma particular y bajo el mismo parámetro temporal (enero a agosto de 2020), tenemos que los índices por cada 100 mil habitantes, de los delitos de feminicidio (0.19), extorsión (0.19), robo a bancos (0.00), robo a transeúnte (2.07), robo a transportista (0.09), robo de vehículo (49.46), robo de ganado (3.09), secuestro (0.14) y violación (6.05), se ubican por debajo del índice promedio nacional. La siguiente gráfica ilustra estas magnitudes y las correspondientes del promedio nacional.

En lo concerniente a la incidencia del 2020 con relación al 2019, en el estado de Guanajuato, se tienen importantes reducciones, presentándose en los siguientes delitos: lesiones dolosas (-25.85%), robo a bancos (-100%), robo a casa habitación (-7.65), robo a negocio (-8.55), robo a transportista (-73.68%), robo de vehículo (-4.23%), robo de ganado (-24.27%) y violación (-28.34%). A continuación, se ilustran la variación de estos delitos.

De la referencia estadística anterior, se identifican dos ventanas de oportunidad: la primera, tiene que ver con la consolidación de una estrategia de prevención e inteligencia policial, focalizada en aquellas zonas de intervención que por sus altos niveles requieren atención. Cabe hacer la aclaración que, el acervo estadístico procedente de registros administrativos, resulta un elemento “complementario” de política pública y posible fundamento de ulteriores investigaciones en materia criminológica orientadas a la comprensión del fenómeno criminal en su génesis factorial. La segunda, constituye un parámetro de la confianza entre la sociedad y sus instituciones, como mecanismo esencial para el tratamiento del fenómeno delincuencial sobre la base de la participación ciudadana y cultura de la legalidad a través de adecuado ejercicio democrático de la denuncia.

Lo anterior, conlleva la responsabilidad de implementar estrategias de proximidad territorial y comunitaria por conducto de las autoridades en los tres niveles de gobierno, mediante un esquema de acción pública que involucre la salvaguarda de los derechos humanos, el empoderamiento de las familias, la recuperación de espacios públicos, el impulso al orden y la participación ciudadana, el rescate de los valores sociales, la prevención de las diversas manifestaciones de violencia y la reconstrucción del tejido social.

Por lo tanto, nuestra visión como Secretaría de Seguridad Pública del Estado, implica la mejora de las condiciones de bienestar social y seguridad ciudadana, a través de un planteamiento sensible y cercano a las demandas sociales en materia de prevención social de las violencias y la delincuencia, y el fortalecimiento institucional que realiza la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, mediante el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019-2024; así como de control, coordinación operativa e inteligencia policial que involucre la implementación de acciones en donde el ciudadano y sus derechos estén siempre en el centro del actuar gubernamental.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

El fenómeno del homicidio en México

El fenómeno del homicidio, obedece a una génesis factorial de suma complejidad debido a su naturaleza probabilística y multidimensional, sostenida por un conjunto de elementos causales de diversa naturaleza, por ejemplo: causas remotas (elementos estructurales o contextuales), causas mediatas (aspectos individuales y de socialización en el autor y su posible vínculo o no con la víctima) y causas inmediatas (como aquellos elementos detonantes de los hechos, de proximidad en tiempo y espacio). La combinación de dichos factores, de forma terminante, paulatina, vertiginosa o meramente circunstancial, propician la estructuración del homicidio.

Si bien, el fenómeno ha sido investigado como unidad de análisis desde una perspectiva cuantitativa de lo evidentemente perceptible a través de los medios de comunicación y la opinión pública, pocos han sido los estudios interdisciplinarios que se ocupen de su génesis y dinámica como un elemento coadyuvante para entender la magnitud y alcance de las diversas formas de violencia interpersonal como propiciadores del fenómeno, que van desde la constitución del sujeto y sus procesos de socialización, su vínculo con las normas sociales y jurídicas, accesibilidad a desarrollo y bienestar social, inclusive, la permeabilidad colectiva de ciertos ilícitos de naturaleza regional o transnacional cuya fuerte connotación económica y cultural, se constituyen como medios ilegítimos de movilidad social.

Por lo anterior, es necesaria la participación y colaboración de operarios públicos de los tres niveles de gobierno, así como de los diversos sectores de la sociedad organizada, no sólo en la parte operativa, inteligencia policial y denuncia, por supuesto muy importante, sino también de aquellos involucrados en los diversos programas de desarrollo social, los cuales, de manera transversal, interdisciplinaria, focalizada y coordinada, promueven el bienestar de las personas y fomentan comportamientos favorables mediante la implementación de estrategias que inciden en los distintos factores de riesgo en los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial. Cabe mencionar, que, el fenómeno del homicidio, constituye el último hierro de la cadena de causalidad, cuyo tratamiento, exige su atención a partir de los eslabones que le preceden mediante la prevención, disuasión, detección, investigación y sanción (causas – efectos).

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que data del año 2018 ya consideraba el homicidio como una de las primeras causas de muerte en México en población en general, la violencia homicida ha seguido creciendo en todo el país como fenómeno asociado cada vez más a la presencia de grupos de la delincuencia organizada.

Los homicidios dolosos en México, como consecuencia de esta violencia ejercida por los grupos delictivos durante los años 2007 al 2011 triplicaron su incidencia. La tasa se estabilizó hasta 2015, cuando los grupos del crimen organizado comenzaron a fragmentarse y diversificarse, pero después, la tasa se incrementó hasta su máximo histórico con más de 30,000 homicidios en el 2017.

Parte de las causas inmediatas de dicho incremento, se debe, entre otras causas, a la muerte o el encarcelamiento de líderes de alto perfil de la delincuencia organizada; los operativos policiales que debilitan a un grupo con relación a otro; el equilibrio de poder entre grupos delictivos y los cambios en los mercados ilícitos regionales y transnacionales.

En Guanajuato, el 90% de las víctimas de homicidio doloso por arma de fuego, integraban células o grupos de la delincuencia organizada, de acuerdo a la información determinada por carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, existen ciudades del país con una población de más un millón de habitantes, comparándola por ejemplo con la ciudad de León por su cantidad de población, donde la incidencia de homicidios violentos en este 2020, es por mucho superior.

Los municipios que se muestran en la gráfica siguiente de más de un millón de habitantes, tienen una incidencia delictiva de homicidios dolosos desproporcionada al compararse con el municipio de León. La incidencia de homicidio doloso en León, corresponde al 38% de lo observado en Juárez, Chihuahua y al 32% de lo registrado en Tijuana, Baja California. imagen 1 En el periodo enero-junio de 2020 se presentó incidencia de homicidio doloso en 1,287 municipios del país, que corresponde al 53% del total de los mismos.

Por lo que hace a la incidencia por homicidio doloso en el mismo periodo enero-junio de 2020, la siguiente gráfica muestra que sólo una de las ciudades guanajuatenses aparece en la tabla media y no en los primeros lugares, tal como se ha dicho.

A continuación, se muestran datos del fenómeno de homicidio doloso en los municipios del país en lo que va del 2020:

imagen 2
La Seguridad Pública y la Justicia, son funciones concurrentes y prioritarias a cargo de los tres órdenes de gobierno, por lo que no cabe su polarización por motivos políticos; en ese sentido, la ley es muy clara en sus objetivos, entre los cuales destaca, garantizar las condiciones necesarias que permitan el desarrollo de las personas, así como la convivencia social en un ambiente de paz, tranquilidad y respeto de los derechos humanos.

Estos elementos, totalmente independientes de la presión o diligencias partidistas de las élites políticas, tal como ha venido sucediendo en el Estado de Guanajuato; deben abonar a la democracia como un valor que se fundamenta en los principios de la representación y la convivencia social, destacando en ello: la libertad, justicia, fraternidad, igualdad, tolerancia, solidaridad, respeto y diálogo. Los que integramos los poderes públicos, debemos ser los principales baluartes de dichos principios y valores, cuyo único marco de actuación formal no debe sobrepasar la ley.

Por lo que debemos fortalecer, como hasta hoy, la coordinación interinstitucional para que todas las autoridades encargadas de brindar y coadyuvar a la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, junto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aportemos argumentos y acciones que ayuden a recobrar la confianza de los ciudadanos, y logremos devolverles la paz y tranquilidad a todas las familias guanajuatenses.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

Números de emergencia 911, 089 y 075, los mejores aliados en Seguridad Pública

NÚMEROS DE EMERGENCIA 911, 089 y 075, LOS MEJORES ALIADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA

El principio de legalidad es el elemento esencial que debe prevalecer en un Estado, gracias a él, se pueden establecer controles sobre la autoridad, así como límites al goce y ejercicio responsable de la libertad, ambos, con absoluto respeto a las garantías constitucionales. En el proceso de interacción entre el desempeño del poder público y el ejercicio de la libertad, el principio de legalidad puede verse vulnerado, ya sea con el actuar desproporcionado o discrecional del Estado, o bien, con el actuar del individuo cuando rebasa lo expresamente prohibido por las normas.

Es así que, nos encontramos con dos elementos fundamentales: la existencia de criterios normativos y la conformidad con los mismos; lo anterior, nos lleva al concepto de legitimidad, la cual, ayudará a generar consenso en torno a la aceptación de la ley y su aplicación, es decir, cada persona tiene la responsabilidad de aportar al fortalecimiento del Estado de Derecho.

La cultura de la legalidad, implica un proceso de discernimiento, aceptación y cumplimiento voluntario de la norma, no sólo por su carácter coercitivo, sino por el interés colectivo de bienestar, cuya consolidación requiere de la participación ciudadana para lograr con ello el respeto de las leyes. La denuncia ciudadana es un mecanismo más de coparticipación, cuyo fin último, es el coadyuvar con la preservación del orden y la paz pública, de conformidad con las estrategias de naturaleza preventiva y reactiva.

Entre los mecanismos de denuncia ciudadana que activan el aparato de procuración de justicia, a través del Ministerio Público, se encuentran las líneas telefónicas de: la Denuncia Anónima 089 y el Sistema de Emergencias 911 que proporciona asistencia de servicios médicos, policiales y de protección civil, coadyuvando con la preservación del orden y la paz pública. Estas variables son dependientes de una adecuada cultura de la legalidad y participación ciudadana en su uso “racional, responsable y pertinente” de acuerdo a la naturaleza de la emergencia por la cual se requiere un servicio, el cual, es provisto por personal capacitado en el manejo de emergencias apoyado con la mejor tecnología de cómputo y radiocomunicaciones.

Asimismo, el Gobierno del Estado, dispone del Sistema Integral de Atención para las Mujeres (SIAM 075), cuyo objetivo consiste en preservar la vida, integridad y derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia de género, mediante el uso de un mecanismo integral y transversal de servicios especializados en proveer atención inmediata en caso de emergencia (servicio médico, policial y de protección civil), contención psicológica, orientación jurídica y seguimiento especializado según el caso.

Cabe mencionar que los tres sistemas (911, 089 y 075), integran un conjunto de estrategias clave para la denuncia de conductas violentas y delictivas con su respectivo protocolo de atención en un primer nivel de contacto, buscando en todo momento el impulso de una sociedad proactiva, responsable y comprometida con la cultura de la legalidad a través de su participación con la denuncia.

Es importante aclarar, que con motivo de la pandemia COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, así como las respectivas dependencias homólogas a nivel federal y estatal, establecieron como estrategia de contención, el distanciamiento físico y la limitación de la movilidad con el propósito de mitigar la velocidad de propagación y evitar el colapso de los sistemas de salud, no obstante, dichas medidas, han implicado una serie de efectos físicos, psicológicos, sociales y situacionales que han intervenido con el agravamiento de diversas formas de violencias y delincuencia, condiciones que han significado el fortalecimiento de los sistemas antes mencionados junto con sus respectivos protocolos de atención con el propósito de proporcionar un servicio más eficiente a la problemática actual.

Los sistemas 911, 089 y 075, proveen servicios, previenen y coadyuvan en la sanción de conductas, constituyendo un importante insumo de información sistematizada y georreferenciada en materia criminológica para la atención y prevención de las violencias y la delincuencia.

La participación ciudadana a través de estos instrumentos de denuncia, contribuye en materia de seguridad ciudadana, política criminal y prevención social (…) a la génesis factorial del fenómeno en cuestión, traduciéndose en estrategias de disuasión, prevención, denuncia, reacción, investigación, sanción y tratamiento de víctimas, pero además se convierte en un mecanismo que auxilia al ciudadano en la defensa de su vida, integridad y patrimonio.

Por nuestra parte, en el Gobierno de Guanajuato a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, estamos conscientes de la importancia del uso de estas plataformas tecnológicas para la seguridad. Por eso, el llamado siempre permanente a que las utilicemos en el momento en que se haga necesario, porque es un mecanismo de participación ciudadana contra la impunidad y el delito.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

¡Prevenir está en nuestras Manos!

PREVENIR ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

Para el Estado de Guanajuato, el diseño e implementación de políticas de seguridad ciudadana constituyen una prioridad en la agenda de gobierno, las cuales, tienen como propósito general el establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, mediante la prevención y el tratamiento de las diversas formas de violencias y delincuencia en la sociedad, permitiendo con ello, la reconstrucción del tejido social que permita una convivencia pacífica en nuestra entidad.

Es bajo esta dimensión de la seguridad, la forma más idónea para el abordaje de las violencias y la delincuencia, desde un enfoque de la participación proactiva de la sociedad y de los individuos, y, sostenida a partir de un adecuado ejercicio democrático del poder público, cimentado en principios como: la equidad, perspectiva de género, pluralismo, transparencia, estado de derecho, respeto de los derechos humanos, responsabilidad y por supuesto, la coordinación interinstitucional e intersectorial.

El fenómeno de las violencias y la delincuencia es multidimensional en su origen. Cuando se tiene la oportunidad de estudiarlo, es tan complejo y está envuelto en una fuerte polémica conceptual; una de las estrategias más eficaces para comprenderlo y atenderlo, consiste en darle significado a partir de su génesis, más que, como causas, como factores de riesgo en sus diversos ámbitos de manifestación.

Es así que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ha integrado en su actuar gubernamental, la política de prevención social como un modelo de trabajo transversal, focalizado, multidimensional, intersectorial, con efectos continuos, medibles y evaluables en favor de grupos sociales de prioridad estratégica, de entre los cuales podemos destacar a las mujeres, niñas, niños adolescentes y jóvenes de nuestro estado.

Dicha política, se fundamenta a través del mecanismo rector de planeación, al que hemos denominado Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019 – 2024, publicado el 5 de marzo de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, mismo que, a través de un planteamiento interinstitucional, busca la participación ciudadana, el impulso de la prevención y el autocuidado en sus diversos ámbitos para la atención multidimensional de los factores de riesgo en la materia, a efecto de coadyuvar en la mejora de la calidad de vida, en donde el eje y razón de ser es posicionar a la persona y sus derechos como eje central de las políticas públicas del Gobierno encabezado por el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El Programa Estatal, busca la integración y coordinación de las entidades y dependencias de la administración pública estatal, con la participación de los municipios y la sociedad civil organizada en 101 zonas de intervención social. De esta manera, se instauró una estrategia a partir de cuatro líneas de trabajo transversal:
1) Legalidad, convivencia pacífica y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;
2) Salud, bienestar y calidad de vida;
3) Desarrollo humano y justicia social; e,
4) Infraestructura comunitaria y cohesión territorial.

Para llevarlas a buen término, se integró la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, como el máximo órgano de diseño, ejecución y coordinación de políticas en la materia, que ha sido muy escrupulosa en identificar y priorizar las estrategias, constituyendo en ello, una agenda transversal de 103 programas sociales a cargo de 29 dependencias estatales, enfocadas a diversos ámbitos de contención psicosocial, como son: educación, desarrollo social y económico, salud, cultura, empleo, deporte, participación ciudadana, infraestructura, entre otros.

La política de prevención social, demanda un gran compromiso y esfuerzo de todos los actores involucrados, tanto del gobierno como de la sociedad organizada.

Estamos convencidos de que juntos, sociedad y gobierno, contribuiremos a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como también preservar las libertades, el orden y la paz social, para con ello, construir una entidad próspera y pacífica en donde la persona y su dignidad estén siempre en el centro del actuar gubernamental, y juntos sean, la grandeza de México.

¡Prevenir está en nuestras Manos!

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato