Estado

Violencia familiar y el confinamiento

El factor sanitario con motivo de la pandemia COVID-19, es el nodo causal de los próximos escenarios político, económico y social que coadyuvarán en mayor o menor medida con el fenómeno de las violencias y la delincuencia. La Organización Mundial de la Salud, así como las respectivas dependencias homólogas a nivel federal y estatal, establecieron como estrategia el distanciamiento físico y la limitación de la movilidad en la población y los sectores productivos, dicha condición, ha implicado un cambio radical en la convivencia y la manera de socializar. Si bien, la pandemia nos distanció de familiares y amigos, el uso de las tecnologías de la información regeneró la manera en que nos comunicamos y relacionamos.

Sin embargo, no todo lo acontecido últimamente ha sido referencia de fortalezas y oportunidades. Derivado del acatamiento de la estrategia de obligado confinamiento, el escenario de convivencia entre hijos, familiares o compañeros de piso se incrementó, aunado también a la proximidad de factores estresantes que abarcan desde la situación económica hasta las dificultades laborales, entre otros factores detonantes, todo ello, ha contribuido con el detrimento del bienestar físico y mental del individuo y en consecuencia sus relaciones familiares y personales, sin dejar de mencionar los brotes de violencia interpersonal.

La violencia interpersonal, de acuerdo con la OMS, se subdivide en violencia intrafamiliar y comunitaria. Es importante señalar que, de acuerdo con especialistas en violencia intrafamiliar de la Universidad de Birmingham – Reino Unido, ésta constituye uno de los principales riesgos para niñas, niños, mujeres y adultos mayores que ya viven con alguien que es abusivo o controlador, adicional al impacto de factores psicológicos causados por las estrategias de distanciamiento entre otros elementos estresantes derivados de la pandemia. De acuerdo con el artículo “The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence”, publicado el pasado 20 de febrero por la Revista Lance, algunos efectos psicológicos son: trastornos emocionales, depresión, ansiedad, estrés, bajo estado de ánimo, insomnio, irritabilidad, ira y agotamiento emocional.

Ante escenarios de este tipo, las estrategias de necesario confinamiento cierran las vías de escape, búsqueda de ayuda y otras formas de atender a las víctimas de violencia interpersonal, ello reviste de un significativo desafío en cuanto a la aplicación de medidas de atención, canalización, prevención y denuncia. Al respecto, en el Estado de Guanajuato, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el índice del delito de violencia intrafamiliar por cada 100,000 habitantes refiere que, tuvo un incremento del 1% en el mes de mayo con respecto abril (mínimo histórico), destacando posteriormente los aumentos graduales el resto de los meses, aspecto coincidente con el agravamiento del fenómeno con motivo de la pandemia y la estrategia de confinamiento misma que inició de manera oficial el 17 de marzo.

A pesar de que el fenómeno ha ido a la baja con respecto al máximo histórico registrado durante el mes de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del modelo transversal de prevención social de las violencias y la delincuencia, ha dispuesto una serie de acciones de naturaleza informativa con el propósito de impulsar la prevención, el autocuidado y los mecanismos de denuncia a través de los sistemas 9-1-1 emergencias y 0-8-9, privilegiando en todo momento, ante esta nueva normalidad, estrategias de comunicación social mediante medios y mecanismos virtuales en atención a las restricciones establecidas por nuestras autoridades sanitarias.

El propósito de lo anterior, consiste en informar a la población de prioridad estratégica (niñas, niños, mujeres y adultos mayores) acerca de aquellas pautas de comportamiento y dimensiones de riesgo en sus diversos ámbitos de manifestación, que impliquen vulnerabilidad y atenten contra la integridad de sus derechos fundamentales. De forma adicional y con el propósito de preservar la vida, integridad y derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia, se ha establecido una intensa campaña de comunicación social con la finalidad de impulsar el uso responsable del Sistema Integral de Atención para las Mujeres (SIAM 0-7-5), mecanismo de prevención, atención, contención seguimiento y canalización transversal de casos de violencia de género.

En cuanto a los eventos reportados al sistema de emergencias 9-1-1 sobre casos de violencia familiar en el estado, destacamos su comportamiento poco atípico, identificando su máximo histórico en el mes de abril, para después disminuir de forma gradual el resto de los meses. Ahora bien, desde otra perspectiva, el 80% de las llamadas recibidas con motivo de “violencia familiar” se recibieron entre las 12:00 y la 1:00 del siguiente día y siendo de las 19:00 a las 23:00 el parámetro temporal con mayor actividad.

Por otro lado, con la finalidad de incorporar prácticas policiales que garanticen la atención adecuada de mujeres y niñas en situación de violencia, se han conformaron diez Unidades Especializadas de Prevención y Atención de Violencia de Género en los municipios de Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, Purísima del Rincón, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, así como las Fuerzas de Seguridad Pública en el ámbito estatal. La Unidad Especializada está integrada por elementos de seguridad pública municipal y su principal objetivo consiste en atender a mujeres en situación de violencia, desde un orden de prevención, protección, asesoría y denuncia.

A pesar de las adversidades con motivo de la pandemia COVID-19, hemos sido muy escrupulosos en desarrollar e implementar las mejores estrategias para procurar el derecho de niñas, niños, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia, condición que demanda un gran compromiso y esfuerzo de todos los actores involucrados, tanto del gobierno como de la sociedad civil organizada. Estamos convencidos de que juntos, contribuiremos a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como también preservar las libertades, el orden y la paz social, para con ello, construir una entidad federativa próspera y pacífica en donde la persona y su dignidad estén siempre en el centro del actuar gubernamental.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

La profesionalización policial, nuestra apuesta

En el marco del compromiso democrático del Estado constitucional en materia de Seguridad Pública, la sociedad y sus instituciones, requieren de organismos públicos encaminados a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden y la paz públicos. El fenómeno de las violencias y la delincuencia, tiene una naturaleza multicausal con efectos multilaterales, requiere de un proceso de atención holístico, focalizado y transversal, desde sus causas estructurales, hasta la atenuación de factores que favorecen el impulso inmediato a la transgresión de derechos, siendo los cuerpos de seguridad pública, de cara a la sociedad, eslabón necesario en la cadena de tratamiento integral a la problemática.

Por esta razón, son requeridos mujeres y hombres debidamente capacitados y profesionalizados con un alto sentido ético, profesional y vocación de servicio; para tal propósito, resulta prioritario proporcionarles las herramientas consistentes en valores, competencias, habilidades, actitudes y aptitudes necesarias para el adecuado desarrollo de su función. En consecuencia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPEG), con el propósito de fortalecer el esquema estratégico de seguridad pública, mediante el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE), forma, capacita y profesionaliza permanentemente a los cuerpos de Seguridad Pública Estatal y Municipal mediante un modelo de profesionalización que garantiza el crecimiento tanto personal como académico de las y los elementos.

El Instituto de Formación Seguridad Pública del Estado, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, tiene por objeto “… la formación, profesionalización y certificación de los servidores públicos en el área de seguridad pública del estado y de otras entidades federativas, a través de la docencia, investigación y extensión; así como la impartición de programas académicos de nivel medio superior, superior y postgrado, en las diversas áreas de seguridad pública; la validación y supervisión de los planes y programas de capacitación del personal de los prestadores de servicios de seguridad privada, acreditando a los instructores y las empresas de capacitación en la materia, conforme a los términos y condiciones que establezca la reglamentación respectiva.”

Cabe mencionar que, el INFOSPE, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Seguridad Pública, siendo para esta, un gran aliado en el proceso de fortalecimiento institucional, factor elemental para el desarrollo e implementación de políticas públicas encaminadas a la mejora de las condiciones de bienestar social y seguridad pública, por intermedio de un planteamiento estratégico, sensible y cercano a las demandas sociales en materia de prevención social, así como de vigilancia, coordinación operatividad e inteligencia policial.

El modelo de profesionalización, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, integra cursos de formación inicial y continua, con sus respectivos esquemas de actualización, especialización y alta dirección; estos programas, se encuentran validados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, existen las opciones de especializarse a nivel superior con la Licenciatura en Seguridad Pública, o bien, la Maestría en Criminalística o Política Criminal, cuyos programas cuentan con validez oficial por las autoridades educativas del Estado y de la Federación.

Es importante destacar que, el INFOSPE, cuenta con certificaciones a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), otorgó la Cédula de Registro de Instancia Capacitadora “A”, lo cual, faculta al Instituto para impartir programas de formación inicial y continua en el estado y el resto del país. Dicho reconocimiento, se le otorgó por apegar sus procesos al Programa Rector de Profesionalización del SESNSP, así como a los estándares de equipamiento e infraestructura del Modelo Óptimo de la Función Policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. El INFOSPE, fue de las primeras Instituciones de capacitación del país y la primera del Estado en obtener este registro.

De igual forma, los instructores egresados del Instituto, suman por parte del SESNSP, la certificación de competencias básicas de la función policial, siendo las siguientes: 1) acondicionamiento físico, uso de la fuerza y legítima defensa; 2) armamento y tiro policial; 3) conducción de vehículos policiales; 4) detención y conducción de personas; 5) manejo de bastón pr-24; 6) operación de equipos de radiocomunicación; y, 7) primer respondiente.

Por otro lado, cinco instructores del Instituto obtuvieron la certificación de competencia laboral en el estándar ECO308 (capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de Igualdad entre mujeres y hombres, nivel básico), el cual fue emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), bajo el aval de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas.

En el ámbito internacional, la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (CALEA), otorgó al Instituto la certificación denominada Trainning Academy; con ello, se fortalece la profesionalización del personal policial con énfasis en técnicas instructivas y procesos de trabajo comprometidos con la excelencia en el liderazgo, gestión de recursos y prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía.

Además, con el auspicio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), dos instructores del Instituto, fueron partícipes de un intercambio de profesionalización policial en las Academias de Policía de San Antonio Texas y Fort Worth Texas.

De igual manera, por conducto de la INL, se capacitaron a dos instructores en el proceso de Acreditación para Instructores-Evaluadores de Analistas en Seguridad Pública; tres en el “Curso de Actualización para la Formación del Primer Respondiente con Perspectiva de Género y Enfoque Diferencial”; y uno en el “Diplomado en Prevención, Investigación del Feminicidio y Actuación Policial”.

En suma, el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, además de diseñar, desarrollar, dar seguimiento y evaluar el programa permanente de capacitación, actualización y especialización de los servidores públicos que conforman el Sistema Estatal de Seguridad Pública, el INFOSPE fortalece la formación de investigadores, profesores, especialistas y técnicos en las diversas áreas de las ciencias penales.

Datos Relevantes INFOSPE (septiembre 2018 a julio 2020)

Elementos Capacitados Estatales y Municipales
Elementos capacitados en Formación Continua:	10 mil 093
Elementos en cursos de Formación Inicial:	2 mil 385
Elementos capacitados de manera especializada:	480
Total	12 mil 958
Fuente: Base de datos del INFOSPE, 2020

Alumnos Egresados de formación Académica
Licenciatura en Seguridad Pública:	54 alumnos.
Maestría en Criminalística:	24 alumnos
Maestría en Política Criminal:	18 alumnos
Total	96 alumnos
Fuente: Base de datos del INFOSPE, 2020

Alumnos Egresados de formación Académica
Guardias de Seguridad privada capacitados	Número de empresas
1 mil 756	178
Fuente: Base de datos del INFOSPE, 2020

Para el INFOSPE la labor de acompañamiento en el fortalecimiento de las capacidades de los órganos públicos encargados de salvaguardar los derechos humanos y la seguridad ciudadana, es primordial, todo ello, a partir de modelos innovadores de profesionalización encaminados al desarrollo de actitudes y aptitudes que coadyuven, al legítimo ejercicio del poder público, cimentado en principios como: equidad, perspectiva de género, pluralismo, transparencia, Estado de Derecho, responsabilidad institucional, y por supuesto, respeto irrestricto a los derechos humanos y garantías constitucionales, pilares que son y seguirán siendo los rectores de la profesionalización de las policías estatales y municipales.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

El COVID-19 y la violencia

La epidemia del COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Con motivo de lo anterior, nuestras respectivas autoridades sanitarias a nivel federal y estatal, establecieron como estrategia de contención el distanciamiento físico y la limitación de movilidad con el propósito de mitigar la velocidad de propagación y evitar el colapso de los sistemas de salud. Cabe resaltar, que, a pesar de las medidas preventivas asumidas por los distintos órdenes de gobierno, los efectos colaterales no se hicieron esperar, resultando en escenarios adversos en los ámbitos político, económico y social, coadyuvando con ello en la génesis factorial que propicia o contiene algunas formas de violencia y delincuencia.

Bajo dichas circunstancias, inéditas y quizá comparables con los impactos de la Gran Depresión en 1929 y la II Guerra Mundial, observamos un menoscabo no sólo de factores ambientales y contextuales, se demuestra, además, un efecto contraproducente en el entorno individual y de socialización con los diversos grupos sociales en los que está inmerso el sujeto, tales como la familia, escuela, trabajo y la comunidad. En lo que concierne al grupo familiar, ante el forzoso escenario de estrecha interacción entre hijos, familiares o compañeros de piso, derivado del confinamiento y la proximidad con factores estresantes que abarcan desde el económico hasta el laboral, han contribuido con el detrimento del bienestar físico y mental del individuo y en consecuencia sus relaciones sociales, sin dejar de mencionar los brotes de violencia interpersonal.

Por otro lado, el escenario en materia delictiva no dista de tener también sus implicaciones con motivo de la pandemia “COVID-19”. Al respecto, a inicios de la implementación de las estrategias sanitarias en donde prevaleció el confinamiento y la restricción de actividades productivas, surgieron así, una serie de análisis y posicionamientos teóricos con respecto al comportamiento del fenómeno delictivo, destacando en ello el incremento o atenuación de ciertas conductas. Es importante señalar que, el punto de referencia de las hipótesis formuladas, partieron de teorías como las de oportunidad delictiva, las cuales, se enfocan a elementos tales como el tiempo y espacio, los movimientos cotidianos de víctimas potenciales, atribuciones o valor de objetivos, vigilancia natural, así como los cambios sociales o tecnológicos que proveen alternativas o nuevas oportunidades delictivas, entre otros.

La génesis factorial del comportamiento antisocial y delictivo, tiene una explicación a partir de la identificación de causas estructurales, interpersonales y ambientales, las cuales, por separado y vinculadas, dan cuenta que, dichos comportamientos, surgen no sólo aspectos relacionados con el sujeto, sino también de la interacción de éste con el entorno físico y social; por lo tanto, es factible concluir que, el fenómeno delictivo, en especial algunas conductas, parcialmente ha encontrado un punto de adaptación o regresión como secuela de las circunstancias inmediatas o de proximidad afectadas con motivo de la pandemia.

La referencia a teorías ambientales o ecológicas que hacen alusión al factor oportunidad -como las referidas en supra líneas- no son un componente determinante para explicar o predecir la causalidad de ciertos ilícitos. El fenómeno criminal, goza de tal complejidad que merece procesos de análisis y estudio con mayor cientificidad, en especial, sobre aquellos factores de naturaleza estructural que probablemente se verán perjudicados por la pandemia y que, a largo plazo, se sumarán a la cadena de causas generadoras de espacios, grupos o personas que socializan con los diversos tipos de violencias y delincuencia.

Si bien, el objetivo del presente artículo no es la referencia de los posicionamientos por parte de analistas y periodistas en la materia al iniciar el proceso de confinamiento, vale la pena realizar una breve semblanza de la incidencia de algunas conductas delictivas a partir de la implementación de las estrategias sanitarias con motivo de la pandemia COVID-19. A continuación, se muestra un ejemplo de conductas delictivas cuyo patrón de comportamiento se vio modificado a partir del mes de marzo con motivo del inicio de la estrategia de distanciamiento físico y restricción de movilidad, evidenciando con ello el factor oportunidad.

Las lesiones dolosas y el robo a transeúnte, tuvieron una tendencia a la baja en razón de la siguiente fórmula: ausencia de personas en la calle representa una mínima probabilidad de conflictos o robos. De la misma forma, el delito de robo a casa habitación redujo su incidencia, toda vez que el escenario de confinamiento domiciliar obstaculizó la probabilidad de robo. Caso contrario, el delito de robo de vehículo registro una tendencia al alza ante el creciente factor de vulnerabilidad.

Gráfica 1: Histórico lesiones dolosas 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

Gráfica 2: Histórico robo a transeúnte 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

Gráfica 3: Histórico robo a casa habitación 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

Gráfica 4: Histórico robo de vehículo 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPEG), ha mantenido un proceso permanente de monitoreo y análisis del comportamiento de conductas antisociales y delictivas, con el propósito de identificar factores críticos y con base en ellos, disponer de las acciones que sean necesarias bajo un modelo de trabajo sinérgico con dos vertientes: a) la prevención social de las violencias y la delincuencia; y b) la vigilancia, coordinación, operatividad e inteligencia policial; ambas, con estricto cumplimiento y comunicación de las medidas sanitarias recomendadas por nuestras autoridades.

Relativo al modelo preventivo, la SSPEG, impulsa el autocuidado y la prevención en sus diversos ámbitos para la atención multidimensional de factores de riesgo a través de un planteamiento alternativo que privilegia el uso de medios y mecanismos virtuales como estrategias de comunicación e interacción social. Por otra parte, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), continúan con la salvaguarda de la integridad y derechos de las y los guanajuatenses mediante la estrategia Guanajuato Seguro. En el periodo del 17 al 24 de agosto, las distintas divisiones de la Comisaría General de las FSPE realizaron 2,426 patrullajes; se desplegó vigilancia en 816 colonias, 697 comunidades rurales, 539 empresas, 49 plazas comerciales, 113 locales comerciales y se instalaron 176 puestos de control.

Con ambos modelos de trabajo sinérgico en permanente funcionamiento, se impulsa la recomposición del tejido social mediante la atención de grupos sociales y delimitaciones territoriales de alta prioridad estratégica, privilegiando en todo momento, los principios de equidad, perspectiva de género, transparencia, estado de derecho, respeto por los derechos humanos, responsabilidad institucional, y por supuesto, la coordinación interinstitucional e intersectorial, para juntos, sociedad y gobierno, hacer de Guanajuato la Grandeza de México.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

El Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato

El Sistema Penitenciario en nuestro país, encuentra fundamento en el Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo consiste en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, sobre la base racional de aquellos presupuestos técnico – jurídicos que delimitan al Derecho Penal en su aplicación, todo ello, acorde a los principios de legalidad y culpabilidad, en cuya praxis destacan la justicia penal y el precepto de humanidad, siendo este último, de especial relevancia en la responsabilidad institucional de reinsertar a la persona en internamiento mediante su adecuación a estrategias de prevención terciaria.

Para el Estado mexicano, el modelo transversal de reinserción social, consiste en un proceso progresivo, técnico e individualizado que compone un conjunto de actividades encaminadas a la integración psicosocial de la persona sentenciada por vulnerar la ley penal, fortaleciendo con ello, el acatamiento de las normas jurídicas y sociales. Cabe mencionar que, dicho modelo, se organiza sobre la base del respeto a los derechos humanos, la educación como factor de desarrollo humano, el trabajo y la capacitación para el mismo, el deporte, y, por supuesto la salud, elementos esenciales en la satisfacción de necesidades personales y familiares.

De igual forma, el proceso transversal de reinserción social, incluye la integración del expediente jurídico – técnico de cada interno, la clasificación de la persona con base en criterios mínimos como son: situación jurídica, género, edad y régimen de vigilancia, al mismo tiempo de aspectos clínico – criminológicos; también, el funcionamiento del Comité Técnico Interdisciplinario, como aquel órgano colegiado cuya función consiste en orientar, evaluar y dar seguimiento al tratamiento de la persona en internamiento, entre otras funciones que impliquen el adecuado manejo de los Centros de Prevención y Reinserción Social.

El Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato, está integrado por diez Centros de Prevención y Reinserción Social distribuidos en los municipios de Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, San Felipe, San Miguel de Allende y Valle de Santiago. En total, los CEPERESOS, al 31 de julio del 2020, albergan una población total de 6,463 personas privadas de su libertad. Es preciso mencionar que, de conformidad con las disposiciones legales en los ámbitos federal y estatal, así como de los tratados internacionales en la materia, se ha garantizado un trato digno y respetuoso de los derechos humanos en todo momento.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (DNSP), evaluó las condiciones del Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato en los siguientes rubros: 1) integridad física, psicológica y moral del interno; 2) estancia digna; 3) condiciones de gobernabilidad; 4) reinserción social del interno; y, 5) atención de internos con requerimientos específicos; como resultado de dicha valoración, nuestro Estado se posicionó dentro de los cuatro mejores Sistemas Penitenciarios a nivel nacional, junto con Querétaro, Tlaxcala y Coahuila.

Cabe aclarar que, el Estado de Guanajuato, ha obtenido calificaciones satisfactorias en los rubros mencionados, colocando a nuestro Sistema Penitenciario como uno de los mejores del país. En lo que concierne a la evaluación del proceso de reinserción social de la persona privada de su libertad, de acuerdo con el DNSP 2019, Guanajuato ocupa el 2° lugar en el ranking estatal, motivando con ello, la mejora permanente de dicho proceso al tenor de los criterios mínimos de clasificación penitenciaria y el tratamiento interdisciplinario, todo ello con estricto apego al pleno respeto y observancia de los derechos humanos.

Por otro lado, es de subrayar que, los diez Centros Penitenciarios del Estado, cuentan con la acreditación y certificación por parte de la Asociación Americana de Correccionales (ACA), organización encargada de acreditar Centros Penitenciarios de acuerdo a 137 estándares, siendo éstos, parte de las estrategias del Programa de Correccionales de la Iniciativa Mérida para el mejoramiento del Sistema Penitenciario Mexicano. Al respecto, según el DNSP 2019, del 100% de los Centros Penitenciarios del país, el Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato, forma parte del reducido grupo de Centros debidamente acreditados.

En ese tenor, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Sistema Estatal Penitenciario, en agosto del 2018 recibió el Premio Águila Dorada por parte de la Asociación de Correccionales Americanas (ACA) por certificar todos sus Centros; dicho distintivo, simboliza el compromiso hacia la excelencia en las operaciones correccionales, como parte de la dedicación por mejorar la seguridad pública y el bienestar de las personas que están privadas de la libertad.

Ahora bien, en lo referente a los efectos de la pandemia COVID-19, de acuerdo con el Informe Especial en Centros Penitenciarios llevado a cabo por la CNDH, el Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato, ha reportado ocho casos confirmados, de los cuales, siete están recuperados, restando uno en tratamiento. Los Centros Penitenciarios de Guanajuato, cuentan con protocolos de atención, información y medidas de prevención al exterior y en aduana de ingreso, así como también medidas de sanidad, monitoreo y supervisión de las unidades médicas en cada uno de los Centros Penitenciarios.

En Guanajuato, estamos plenamente convencidos en que un Estado Social y Democrático de Derecho, no se conforma únicamente con la proclamación de preceptos magnos, si no que exige garantizar y promover las condiciones necesarias para que los derechos humanos sean respetados en todas sus latitudes, incluyendo las personas en situación de internamiento, puesto que las penas privativas de libertad y medidas de seguridad, deben ir orientadas hacia la reinserción social sobre la base del respeto a la dignidad de la persona, lo cual, coadyuva con la responsabilidad compartida en la reconstrucción del tejido social.
Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato