Editorial

El Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato

El Sistema Penitenciario en nuestro país, encuentra fundamento en el Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo consiste en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, sobre la base racional de aquellos presupuestos técnico – jurídicos que delimitan al Derecho Penal en su aplicación, todo ello, acorde a los principios de legalidad y culpabilidad, en cuya praxis destacan la justicia penal y el precepto de humanidad, siendo este último, de especial relevancia en la responsabilidad institucional de reinsertar a la persona en internamiento mediante su adecuación a estrategias de prevención terciaria.

Para el Estado mexicano, el modelo transversal de reinserción social, consiste en un proceso progresivo, técnico e individualizado que compone un conjunto de actividades encaminadas a la integración psicosocial de la persona sentenciada por vulnerar la ley penal, fortaleciendo con ello, el acatamiento de las normas jurídicas y sociales. Cabe mencionar que, dicho modelo, se organiza sobre la base del respeto a los derechos humanos, la educación como factor de desarrollo humano, el trabajo y la capacitación para el mismo, el deporte, y, por supuesto la salud, elementos esenciales en la satisfacción de necesidades personales y familiares.

De igual forma, el proceso transversal de reinserción social, incluye la integración del expediente jurídico – técnico de cada interno, la clasificación de la persona con base en criterios mínimos como son: situación jurídica, género, edad y régimen de vigilancia, al mismo tiempo de aspectos clínico – criminológicos; también, el funcionamiento del Comité Técnico Interdisciplinario, como aquel órgano colegiado cuya función consiste en orientar, evaluar y dar seguimiento al tratamiento de la persona en internamiento, entre otras funciones que impliquen el adecuado manejo de los Centros de Prevención y Reinserción Social.

El Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato, está integrado por diez Centros de Prevención y Reinserción Social distribuidos en los municipios de Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, San Felipe, San Miguel de Allende y Valle de Santiago. En total, los CEPERESOS, al 31 de julio del 2020, albergan una población total de 6,463 personas privadas de su libertad. Es preciso mencionar que, de conformidad con las disposiciones legales en los ámbitos federal y estatal, así como de los tratados internacionales en la materia, se ha garantizado un trato digno y respetuoso de los derechos humanos en todo momento.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (DNSP), evaluó las condiciones del Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato en los siguientes rubros: 1) integridad física, psicológica y moral del interno; 2) estancia digna; 3) condiciones de gobernabilidad; 4) reinserción social del interno; y, 5) atención de internos con requerimientos específicos; como resultado de dicha valoración, nuestro Estado se posicionó dentro de los cuatro mejores Sistemas Penitenciarios a nivel nacional, junto con Querétaro, Tlaxcala y Coahuila.

Cabe aclarar que, el Estado de Guanajuato, ha obtenido calificaciones satisfactorias en los rubros mencionados, colocando a nuestro Sistema Penitenciario como uno de los mejores del país. En lo que concierne a la evaluación del proceso de reinserción social de la persona privada de su libertad, de acuerdo con el DNSP 2019, Guanajuato ocupa el 2° lugar en el ranking estatal, motivando con ello, la mejora permanente de dicho proceso al tenor de los criterios mínimos de clasificación penitenciaria y el tratamiento interdisciplinario, todo ello con estricto apego al pleno respeto y observancia de los derechos humanos.

Por otro lado, es de subrayar que, los diez Centros Penitenciarios del Estado, cuentan con la acreditación y certificación por parte de la Asociación Americana de Correccionales (ACA), organización encargada de acreditar Centros Penitenciarios de acuerdo a 137 estándares, siendo éstos, parte de las estrategias del Programa de Correccionales de la Iniciativa Mérida para el mejoramiento del Sistema Penitenciario Mexicano. Al respecto, según el DNSP 2019, del 100% de los Centros Penitenciarios del país, el Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato, forma parte del reducido grupo de Centros debidamente acreditados.

En ese tenor, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Sistema Estatal Penitenciario, en agosto del 2018 recibió el Premio Águila Dorada por parte de la Asociación de Correccionales Americanas (ACA) por certificar todos sus Centros; dicho distintivo, simboliza el compromiso hacia la excelencia en las operaciones correccionales, como parte de la dedicación por mejorar la seguridad pública y el bienestar de las personas que están privadas de la libertad.

Ahora bien, en lo referente a los efectos de la pandemia COVID-19, de acuerdo con el Informe Especial en Centros Penitenciarios llevado a cabo por la CNDH, el Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato, ha reportado ocho casos confirmados, de los cuales, siete están recuperados, restando uno en tratamiento. Los Centros Penitenciarios de Guanajuato, cuentan con protocolos de atención, información y medidas de prevención al exterior y en aduana de ingreso, así como también medidas de sanidad, monitoreo y supervisión de las unidades médicas en cada uno de los Centros Penitenciarios.

En Guanajuato, estamos plenamente convencidos en que un Estado Social y Democrático de Derecho, no se conforma únicamente con la proclamación de preceptos magnos, si no que exige garantizar y promover las condiciones necesarias para que los derechos humanos sean respetados en todas sus latitudes, incluyendo las personas en situación de internamiento, puesto que las penas privativas de libertad y medidas de seguridad, deben ir orientadas hacia la reinserción social sobre la base del respeto a la dignidad de la persona, lo cual, coadyuva con la responsabilidad compartida en la reconstrucción del tejido social.
Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

La Policía: proximidad y confianza ciudadana

Sin duda, la policía está presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, ello denota la paulatina consolidación de su proximidad comunitaria, así como su permanente profesionalización en las tareas de prevención y reacción, sin olvidar, por supuesto, la obligatoriedad en materia de coordinación con los tres órdenes de gobierno y el respeto irrestricto de los derechos humanos dentro de un marco legítimo de legalidad. Todos los días nuestras Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), asumen su compromiso con la población guanajuatense y con ello, la responsabilidad y orgullo que ello implica.

En el Gobierno que encabeza el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el fortalecimiento institucional de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, se consolidó notablemente bajo rubros que inclusive hoy en la opinión pública son motivo de comparaciones en relación con las corporaciones de seguridad municipales, a cuyas autoridades locales se les ha pedido urgentemente fortalecer, signando para ello compromisos dentro del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Por ejemplo, actualmente nuestras Fuerzas de Seguridad Pública entraron a un proceso de dignificación que comienza por un salario que les permita llevar una vida mejor; la especialización dentro de la Institución para cumplir más eficientemente con su labor; la eficacia que no es otra cosa que brindar ante la sociedad resultados, resultados y más resultados; la proximidad y el acercamiento social que son finalmente el preámbulo a uno de los objetivos más importantes de toda policía: la confianza ciudadana que hoy por hoy coloca a las FSPE en su nivel, como la segunda de mayor confianza ciudadana, de acuerdo a mediciones de organismos nacionales.

Las corporaciones policiales, como bien lo ha referido la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, son las instituciones, de cara a la sociedad, las más visibles en las tareas concernientes en materia de seguridad pública e injustamente reprochadas por el éxito o fracaso de las políticas públicas encaminadas al tratamiento de las violencias y la delincuencia. Recordemos que, dicho fenómeno, resulta el último eslabón de la cadena de causas en los ámbitos estructural, individual y ambiental, condiciones que obligan el diseño e implementación de políticas integrales bajo una responsabilidad compartida.

No obstante, el actuar de las corporaciones policiales, como parte del andamiaje del aparato público, coadyuva positivamente en las condiciones de seguridad. Es por ello, la permanente obligación de su fortalecimiento institucional que garantice la salvaguarda de los derechos e integridad de las y los guanajuatenses, así como la preservación del orden y la paz públicos, aspectos que demandan cuerpos de seguridad pública capacitados, equipados, profesionales y certificados con los más altos estándares internacionales de calidad en prácticas con un alto sentido ético, profesional y vocación de servicio.

Aunado a lo anterior y por supuesto de igual importancia, la dignificación de la figura y labor del policía, puesto que no sólo constituye la exigencia de una mejor función por parte de las y los elementos, sino también el garantizar sus derechos laborales, traducidos en mejores condiciones y prestaciones laborales, de tal forma que permita impulsar el espíritu de cuerpo al interior de la corporación, y junto con ello, la posibilidad de emprender un proyecto de vida a través de un empleo estable encaminado al bienestar personal y familiar, retribuyendo con ello, el sacrificio y riesgos que implican el ejercicio del deber.

Por lo anterior y como parte del trabajo incesante en el fortalecimiento institucional de las FSPE, hasta el día de hoy, nuestra Policía Estatal, cuenta con el premio Triple Arco por parte de la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc. CALEA a través de sus programas de acreditación a los organismos de seguridad pública, de los cuales, sólo 16 instituciones internacionales cuentan con este distintivo. En junio del presente año, CALEA auditó a las FSPE para la obtención de la Acreditación Nivel Avanzado, Baja California es la única entidad en México con este nivel de acreditación.

El Estado de Fuerza de las FSPE integra a un total de 3 mil 694 elementos debidamente aprobados por la evaluación de control de confianza como lo exige la ley, siendo éste un requisito indispensable para el ejercicio de la función policial al servicio de la sociedad. Por otro lado, las estrategias de Seguridad Pública demandan la especialización en diversos rubros operativos para consolidar una atención rápida y eficaz, es por ello que, la corporación, cuenta con: una Comisaria General, Comisarías Regionales, una Comisaría del Grupo Táctico Operativo, una Comisaría de Inteligencia, y una Comisaría de Fuerza de Tarea; cinco Divisiones: de la Policía de Operaciones, de la Policía Urbana Estatal, de la Policía Procesal, de la Policía Estatal de Caminos, y de la Policía Rural; y, dos Unidades: de la Policía Turística Estatal y la Unidad Canina K9, ésta última de más reciente creación. Todos ellos, apropiadamente equipados con equipo táctico, balístico y tecnológico de vanguardia.

Además, como parte de los derechos y dignificación policial en materia laboral, a partir de enero del 2020, las FSPE se convirtieron en la policía estatal mejor pagada del país. Anteriormente el ingreso de un policía raso era de 15 mil 348 pesos brutos mensuales. Por disposición del Gobierno del Estado 2018-2024, el salario se incrementó a 20 mil pesos mensuales netos. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una policía bien pagada, equipada y profesionalizada, coadyuvan con la efectividad policial, la sostenibilidad a largo plazo y la confianza ciudadana.

Los esfuerzos en materia de fortalecimiento y dignificación policial en Guanajuato son fehacientes, no obstante, de nada sirve si no se perciben resultados y, además, no se consolida la confianza de la ciudadanía. En Guanajuato, la Policía Estatal, tiene presencia en los 46 municipios del estado, robusteciendo con ello su cercanía con la sociedad y las autoridades locales y federales. Indiscutiblemente una policía comprometida con la protección de los derechos y libertades ciudadanas, con altos niveles de rendimiento, coordinación y efectividad, propicia legitimidad y reconocimiento social.

Prueba de lo anterior, es que las FSPE, fue catalogada por el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019 del INEGI, como la 2da corporación, a nivel nacional, con mayor número de intervenciones policiales, como se puede apreciar en la tabla siguiente:

Intervenciones de la policía estatal, por entidad federativa.

Lugar	Entidad	Intervenciones	Lugar	Entidad	Intervenciones
1	Yucatán	370,854	17	Oaxaca	14,456
2	Guanajuato	322,445	18	Durango	13,302
3	Ciudad de México	291,003	19	Guerrero	12,841
4	Aguascalientes	126,685	20	San Luis Potosí	10,112
5	México	104,827	21	Tabasco	9,532
6	Coahuila de Zaragoza	81,387	22	Tlaxcala	9,359
7	Querétaro	66,762	23	Sonora	9,110
8	Veracruz de Ignacio de la Llave	40,213	24	Hidalgo	8,604
9	Morelos	33,076	25	Nayarit	7,687
10	Chiapas	24,250	26	Colima	6,148
11	Baja California Sur	22,754	27	Chihuahua	3,396
12	Nuevo León	21,980	28	Jalisco	3,131
13	Tamaulipas	20,619	29	Baja California	1,941
14	Michoacán de Ocampo	19,068	30	Puebla	1,897
15	Campeche	19,013	31	Zacatecas	1,475
16	Quintana Roo	16,109	32	Sinaloa	491
Estados Unidos Mexicanos 1’694,527 * Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019. Tabulados básicos.

Ahora bien, en lo que concierne a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 también del INEGI, posiciona a las FSPE, a nivel nacional, como la segunda policía con mayor nivel de confianza, sólo después de Yucatán, como se puede apreciar en la tabla siguiente:

Lugar	Entidad	Porcentaje	Lugar	Entidad	Porcentaje
1	Yucatán	75.8	17	Veracruz de Ignacio de la Llave	58.8
2	Guanajuato	*71.7*	18	Jalisco	58.8
3	Campeche	70.1	19	Tabasco	58.5
4	Zacatecas	69.7	20	Sonora	58.2
5	Oaxaca	68.0	21	Baja California Sur	57.7
6	Nuevo León	68.0	22	Durango	57.5
7	Chiapas	67.5	23	Guerrero	57.5
8	Aguascalientes	66.0	24	Michoacán de Ocampo	56.0
9	Tlaxcala	65.0	25	Tamaulipas	54.8
10	Sinaloa	64.0	26	San Luis Potosí	53.6
11	Colima	62.8	27	Quintana Roo	53.6
12	Querétaro	62.7	28	Chihuahua	53.5
13	Nayarit	61.7	29	Morelos	53.5
14	Hidalgo	61.5	30	Baja California	53.4
15	Coahuila de Zaragoza	60.6	31	Estado de México	50.0
16	Puebla	60.1	32	Ciudad de México	39.6
Estados Unidos Mexicanos 57.9 * Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE). Tabulados básicos. **Porcentaje de la población de 18 años y más por entidad federativa que identifica a la policía estatal y le genera confianza.

La existencia de una Policía Estatal eficaz, íntegra, comprometida con los derechos humanos y dotada de una alta legitimidad y reconocimiento social es, y seguirá siendo el principal objetivo de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual, forma parte substancial del tratamiento de las causas y efectos de las violencias y la delincuencia bajo un modelo de trabajo sinérgico enfocado a dos vertientes: el de la prevención social de las violencias y la delincuencia; y, el de la vigilancia, coordinación, operatividad e inteligencia policial.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

Exámenes de control y confianza en la policía, la garantía ciudadana

La policía constituye la primera línea de contacto entre la ciudadanía y el Estado, destacando con ello, su rol preponderante en el debate público sobre la problemática de la inseguridad al ubicarse en la punta del iceberg en el escalafón transversal de prevención y contención. Indudablemente, el fortalecimiento institucional de las corporaciones policiales, es parte complementaria del tratamiento del fenómeno que nos ocupa, puesto que, en un Estado Social y Democrático de Derecho, la policía es una institución civil que garantiza derechos y preserva el orden y la paz públicos, de tal suerte que, de ella, se espera un actuar apegado a la legalidad con un alto sentido ético, profesional y vocación de servicio.

En ese tenor y con el propósito de fortalecer la confianza y legitimidad social de nuestras corporaciones e impulsar su adecuada profesionalización de acuerdo a estándares nacionales e internacionales de certificación, es por lo que las y los elementos deben aprobar no sólo el proceso de reclutamiento y de formación inicial, sino también, las evaluaciones de control de confianza, seleccionando así, los perfiles cuyas aptitudes y actitudes, conformen una institución competente en técnicas y tácticas de intervención policial, respetuosa de la ley y los derechos humanos, con una dimensión axiológica fundamentada en principios éticos y morales con vocación y espíritu de cuerpo.

Lamentablemente, los altos niveles de susceptibilidad hacia la policía, son consecuencia de actos de opacidad y corrupción de algunos elementos que la integran, por ello, y de conformidad con la legislación aplicable en la materia a nivel federal y estatal, es por lo que las y los aspirantes, así como el personal en activo, deben someterse y aprobar las evaluaciones de control de confianza. Dicho procedimiento, integra un conjunto de exámenes médicos-toxicológicos, psicológicos, poligráficos y de investigación socioeconómica, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de los perfiles establecidos en los procesos de ingreso, promoción y permanencia de acuerdo al género, nivel jerárquico y función ejercida o por desarrollar.

Cabe señalar que, la corrupción en nuestro país, es un fenómeno con bastante arraigo, inclusive con cierta connivencia y permisibilidad social, de ahí la complejidad en su tratamiento, puesto que su génesis factorial se debe a causas de naturaleza política, económica, institucional, histórica y social, con manifestaciones en las esferas pública y privada. La corrupción, es definida como la desviación de intereses para la obtención de beneficios extraposicionales. Al respecto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 (ENCIG) del INEGI, señala que, a nivel nacional, el 52.8% de la población de 18 años y más considera a la corrupción como el segundo problema más importante que aqueja al país, sólo por debajo de la inseguridad con 78.6%.

Con base en la ENCIG, en Guanajuato, de la población de 18 años y más que habita áreas urbanas a partir de los 100 mil habitantes, el 81.9% considera a la policía como la institución en la que se dan con mayor frecuencia (muy frecuente y frecuente) actos de corrupción. Es importante aclarar que, dicho fenómeno, se ha transformado en parte de nuestra vida cotidiana, como manifiesto de la crisis de incivilidad y quebrantamiento de la norma que persiste en el imaginario colectivo, tanto en la sociedad como en sus instituciones públicas, por tanto, constituye un problema no sólo de las corporaciones policiales en sus distintos niveles, sino también de la sociedad que lo permite y legitima.

En nuestra entidad, la instancia encargada de llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza, es el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato (CECCEG), organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Gobierno. El objetivo del CECCEG, es realizar evaluaciones que permitan conocer las condiciones del personal de las áreas de seguridad pública del Estado y sus Municipios en términos de control de confianza de conformidad con la normatividad aplicable. Este centro, se mantiene a la vanguardia en infraestructura, equipamiento y profesionalización permanente.

En Guanajuato, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la plantilla evaluada de elementos activos de la Policía Estatal de Guanajuato, el 99% aprobó sus respectivos exámenes, colocando a nuestra entidad con el segundo mejor porcentaje de aprobación a nivel federal (ver tabla 1). Ahora bien, en lo que concierne a los 46 municipios del estado, en promedio, estos tienen un porcentaje de aprobación al 99% (ver tabla 2). Cabe mencionar que, en los casos en que los resultados no sean favorables en aquellos elementos en activo que participen en procesos de permanencia, la SSP y los municipios, disponen de los protocolos necesarios para su separación de las corporaciones, todo ello con estricto respeto a sus derechos laborales, incluyendo también, orientación vocacional para su reincorporación a otro giro laboral diverso al de la seguridad pública.

Centros de Evaluación y Control de Confianza de los Estados Estatus de Evaluación y Certificación
Entidad	Aprobados
Campeche	99%
Guanajuato	99%
Baja California Sur	98%
Coahuila	98%
México	98%
Morelos	98%
Chihuahua	97%
Oaxaca	97%
Baja California	96%
Nuevo León	96%
Puebla	96%
Ciudad de México	95%
Sonora	95%
Colima	94%
Querétaro	94%
Aguascalientes	93%
Durango	93%
San Luis Potosí	93%
Tamaulipas	91%
Veracruz	91%
Tlaxcala	90%
Chiapas	89%
Quintana Roo	89%
Sinaloa	89%
Jalisco	87%
Tabasco	86%
Hidalgo	85%
Michoacán	84%
Yucatán	84%
Guerrero	79%
Nayarit	71%
Zacatecas	69%
Tabla 1: Registros del SESNSP al 31 de mayo del 2020.

Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato Estatus de Evaluación y Certificación
Municipio / Secretaría	Aprobados
Abasolo	100%
Apaseo el Alto	100%
Coroneo	100%
Cortazar	100%
Doctor Mora	100%
Huanímaro	100%
Jaral del Progreso	100%
Jerécuaro	100%
Manuel Doblado	100%
Moroleón	100%
Ocampo	100%
Purísima del Rincón	100%
Salvatierra	100%
San Diego de la Unión	100%
San Francisco del Rincón	100%
Santa Catarina	100%
Santiago Maravatío	100%
Tarandacuao	100%
Tarimoro	100%
Tierra Blanca	100%
Victoria	100%
Villagrán	100%
Guanajuato	100%
Pénjamo	100%
León	100%
San Miguel de Allende	100%
Valle de Santiago	99%
Uriangato	99%
Irapuato	99%
Yuriria	99%
Comonfort	99%
Salamanca	99%
Celaya	99%
San Felipe	98%
Dolores Hidalgo CIN	98%
San Luis de la Paz	98%
Apaseo el Grande	98%
Romita	98%
Acámbaro	98%
San José Iturbide	97%
Silao	96%
Cuerámaro	95%
Pueblo Nuevo	92%
Santa Cruz de Juventino Rosas	91%
Promedio total	99%
Tabla 2: Registros del CECCEG al 30 de junio del 2020.

La certificación en materia de control de confianza, se integra como un elemento más que se suma al importante proceso de fortalecimiento al servicio profesional de carrera policial, lo cual, en conjunto, constituyen, por un lado, una garantía a la sociedad guanajuatense de que las y los elementos que conforman las corporaciones, llevarán a cabo con excelencia, compromiso, vocación de servicio y rectitud, la función que por ley les fue encomendada; y por el otro, el impulso de la cultura cívica y de legalidad como una responsabilidad compartida entre la población y sus instituciones públicas, para juntos, construir un estado pacífico y próspero, y de manera coordinada, lograr la grandeza de México.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

El fenómeno del homicidio en México

El fenómeno del homicidio, obedece a una génesis factorial de suma complejidad debido a su naturaleza probabilística y multidimensional, sostenida por un conjunto de elementos causales de diversa naturaleza, por ejemplo: causas remotas (elementos estructurales o contextuales), causas mediatas (aspectos individuales y de socialización en el autor y su posible vínculo o no con la víctima) y causas inmediatas (como aquellos elementos detonantes de los hechos, de proximidad en tiempo y espacio). La combinación de dichos factores, de forma terminante, paulatina, vertiginosa o meramente circunstancial, propician la estructuración del homicidio.

Si bien, el fenómeno ha sido investigado como unidad de análisis desde una perspectiva cuantitativa de lo evidentemente perceptible a través de los medios de comunicación y la opinión pública, pocos han sido los estudios interdisciplinarios que se ocupen de su génesis y dinámica como un elemento coadyuvante para entender la magnitud y alcance de las diversas formas de violencia interpersonal como propiciadores del fenómeno, que van desde la constitución del sujeto y sus procesos de socialización, su vínculo con las normas sociales y jurídicas, accesibilidad a desarrollo y bienestar social, inclusive, la permeabilidad colectiva de ciertos ilícitos de naturaleza regional o transnacional cuya fuerte connotación económica y cultural, se constituyen como medios ilegítimos de movilidad social.

Por lo anterior, es necesaria la participación y colaboración de operarios públicos de los tres niveles de gobierno, así como de los diversos sectores de la sociedad organizada, no sólo en la parte operativa, inteligencia policial y denuncia, por supuesto muy importante, sino también de aquellos involucrados en los diversos programas de desarrollo social, los cuales, de manera transversal, interdisciplinaria, focalizada y coordinada, promueven el bienestar de las personas y fomentan comportamientos favorables mediante la implementación de estrategias que inciden en los distintos factores de riesgo en los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial. Cabe mencionar, que, el fenómeno del homicidio, constituye el último hierro de la cadena de causalidad, cuyo tratamiento, exige su atención a partir de los eslabones que le preceden mediante la prevención, disuasión, detección, investigación y sanción (causas – efectos).

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que data del año 2018 ya consideraba el homicidio como una de las primeras causas de muerte en México en población en general, la violencia homicida ha seguido creciendo en todo el país como fenómeno asociado cada vez más a la presencia de grupos de la delincuencia organizada.

Los homicidios dolosos en México, como consecuencia de esta violencia ejercida por los grupos delictivos durante los años 2007 al 2011 triplicaron su incidencia. La tasa se estabilizó hasta 2015, cuando los grupos del crimen organizado comenzaron a fragmentarse y diversificarse, pero después, la tasa se incrementó hasta su máximo histórico con más de 30,000 homicidios en el 2017.

Parte de las causas inmediatas de dicho incremento, se debe, entre otras causas, a la muerte o el encarcelamiento de líderes de alto perfil de la delincuencia organizada; los operativos policiales que debilitan a un grupo con relación a otro; el equilibrio de poder entre grupos delictivos y los cambios en los mercados ilícitos regionales y transnacionales.

En Guanajuato, el 90% de las víctimas de homicidio doloso por arma de fuego, integraban células o grupos de la delincuencia organizada, de acuerdo a la información determinada por carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, existen ciudades del país con una población de más un millón de habitantes, comparándola por ejemplo con la ciudad de León por su cantidad de población, donde la incidencia de homicidios violentos en este 2020, es por mucho superior.

Los municipios que se muestran en la gráfica siguiente de más de un millón de habitantes, tienen una incidencia delictiva de homicidios dolosos desproporcionada al compararse con el municipio de León. La incidencia de homicidio doloso en León, corresponde al 38% de lo observado en Juárez, Chihuahua y al 32% de lo registrado en Tijuana, Baja California. imagen 1 En el periodo enero-junio de 2020 se presentó incidencia de homicidio doloso en 1,287 municipios del país, que corresponde al 53% del total de los mismos.

Por lo que hace a la incidencia por homicidio doloso en el mismo periodo enero-junio de 2020, la siguiente gráfica muestra que sólo una de las ciudades guanajuatenses aparece en la tabla media y no en los primeros lugares, tal como se ha dicho.

A continuación, se muestran datos del fenómeno de homicidio doloso en los municipios del país en lo que va del 2020:

imagen 2
La Seguridad Pública y la Justicia, son funciones concurrentes y prioritarias a cargo de los tres órdenes de gobierno, por lo que no cabe su polarización por motivos políticos; en ese sentido, la ley es muy clara en sus objetivos, entre los cuales destaca, garantizar las condiciones necesarias que permitan el desarrollo de las personas, así como la convivencia social en un ambiente de paz, tranquilidad y respeto de los derechos humanos.

Estos elementos, totalmente independientes de la presión o diligencias partidistas de las élites políticas, tal como ha venido sucediendo en el Estado de Guanajuato; deben abonar a la democracia como un valor que se fundamenta en los principios de la representación y la convivencia social, destacando en ello: la libertad, justicia, fraternidad, igualdad, tolerancia, solidaridad, respeto y diálogo. Los que integramos los poderes públicos, debemos ser los principales baluartes de dichos principios y valores, cuyo único marco de actuación formal no debe sobrepasar la ley.

Por lo que debemos fortalecer, como hasta hoy, la coordinación interinstitucional para que todas las autoridades encargadas de brindar y coadyuvar a la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, junto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aportemos argumentos y acciones que ayuden a recobrar la confianza de los ciudadanos, y logremos devolverles la paz y tranquilidad a todas las familias guanajuatenses.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato