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Guanajuato: prevención social de la violencia y la delincuencia. | Opinión de Carlos López Kramsky

Carlos López Kramsky

El 21 y 22 de noviembre tuve el gran honor de acudir como ponente al IV Congreso Internacional de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que atinadamente es organizado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, encabezado por el Gobernador Miguel Márquez Márquez, quien afirmó que Guanajuato adoptó un esquema de seguridad ciudadana, que pone en el centro a la persona y a la familia, privilegiando los derechos humanos, así como la prevención social de la violencia y la delincuencia.

El Congreso es el foro más importante del país en materia de análisis y propuesta de políticas públicas sobre prevención social de la violencia y la delincuencia, y este año contó con más de 3 mil 100 asistentes que provenían de prácticamente todos los Estados de la República, principalmente de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Estudiantes de licenciatura y posgrado también se dieron cita en el Centro de Convenciones de Guanajuato, completándose el espectro con académicos en materias afines. Adicionalmente, más de 5 mil personas siguieron la transmisión en línea de las ponencias.

Destacó en el Congreso el inicio de funciones de la Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la Política Pública de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia, la cual está integrada por destacados miembros de la sociedad civil, y que tiene dos objetivos primordiales: evaluar las acciones llevadas a cabo por el gobierno estatal, para detectar buenas prácticas y corregir desviaciones o deficiencias técnicas u operativas y, apoyar esas políticas públicas a través de acciones específicas, como capacitación, difusión, elaboración de estudios académicos profundos, etcétera. Esta Comisión Ciudadana es la primera en su tipo en el país y marca un estándar a seguir por el resto de los gobiernos estatales.

Con la participación de ponentes, expertos y operadores de talla internacional provenientes de ocho países (México, Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Costa Rica), se estudiaron temas fundamentales sobre la prevención social de la violencia y se compartieron las buenas prácticas de cada región. En un país como el nuestro, en el que el avance de la violencia y la delincuencia ha sido sostenido desde hace algunos años y en el que el propio Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció anteayer durante su comparecencia en el Senado, que es necesario hacer ajustes al modelo de seguridad, recoger y aprovechar esta experiencia es trascendental.

Como conclusiones generales hay que resaltar que los expertos coinciden en que la seguridad no puede construirse desde arriba e imponerse a la población; las estrategias de seguridad deben ensamblarse con la participación social; ésa debe ser una premisa a respetarse de manera irrestricta. Asimismo, hay consenso en que la seguridad pública no puede basarse exclusivamente en las acciones policíacas ni en el derecho penal, pues la atención integral del fenómeno de la violencia y la delincuencia exige la implementación de otras políticas públicas –como las de prevención social o las de promoción del desarrollo-. De igual forma, se coincidió en que hay que impulsar un esquema de auditoría social de las políticas de seguridad, como lo han hecho otros países como Italia o Brasil. Finalmente, también se concluyó que hay que avanzar a esquemas de seguridad ciudadana y atender de manera prioritaria a las víctimas del delito, así como armonizar las leyes locales con la Ley General de Víctimas, sobre lo que abundaré en la siguiente entrega.

FUENTE: http://themexicantimes.mx/guanajuato-prevencion-social-de-la-violencia-y-la-delincuencia/

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

 

 

Acerca de Carlos López Kramsky

Abogado, Maestro en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho por la Universidad Marista, Campus Ciudad de México; tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y en Diversidad Cultural, Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Originarios de México, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha sido catedrático en diversas universidades, asesor legislativo y servidor público en el Gobierno Federal.