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  1. Conclusiones del VII Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

    23 noviembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Aprovecho el espacio para agradecer a las personas que tuvieron la oportunidad de acompañarnos el 18 y 19 de noviembre en la transmisión virtual del VII Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Escenarios Alternativos, Desafíos y Prioridades en un Contexto Globalizado”, lema con el que las y los conferencistas provenientes de países como Argentina, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Perú, Uruguay y por supuesto México, compartieron con el público experiencias y casos de éxito en tópicos relevantes en materia de seguridad ciudadana, política criminal y prevención social de las violencias y la delincuencia.

    Fueron diversos los temas desarrollados a lo largo de una provechosa jornada de dos días. Constatamos valiosas aportaciones y buenas prácticas en las esferas nacional e internacional concernientes a la implementación de estrategias efectivas ante los desafíos impuestos por la pandemia Covid-19 y su impacto en los ámbitos individual, comunitario y estructural. La dinámica de este magno evento, en aras de preservar la salud e integridad de nuestras personalidades y público asistente, fue transmitido a través de la señal de TVCuatro y las distintas plataformas digitales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (YouTube, Facebook y Twitter).

    A continuación, me permito hacer una breve reseña de las conferencias presentadas por las y los expertos invitados a este Congreso Internacional. Cabe destacar, la honrosa presencia de nuestro Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, el Mtro. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien, con el tema “Cohesión Social, Hacia un Modelo Participativo de Seguridad Ciudadana”, resaltó la importancia de la cohesión comunitaria, participación y reconstrucción del tejido social para alcanzar niveles óptimos de bienestar, desarrollo y paz social, aspectos en los que Guanajuato ha sido punta de lanza mediante la implementación del programa transversal Impulso 2.0.

    Por su parte, el Mtro. Mauricio Vila Dosal, Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con su ponencia “La Seguridad Ciudadana en Yucatán”, compartió el resultado de buenas prácticas que han tenido a bien posicionarlos en los primeros lugares en diversos indicadores de bienestar social y seguridad pública a nivel nacional. Por otro lado, el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino con el tema ¿Coincide el Modelo de Estado Democrático con la Política Criminal Mexicana? invitó a reflexionar sobre una Política Criminal conveniente a un Estado Social y Democrático de Derecho que permita garantizar la protección del pacto social y los Derechos Humanos de las personas.

    La Dra. Nieves Sanz Mulas, nos privilegió con su participación “Política Criminal, Globalización y Crisis del Covid-19”, con la cual, hizo hincapié en que una Política Criminal contemporánea atiende desafíos cada vez más globalizados, ejemplo de lo anterior, son el conjunto de problemáticas sociales y económicas como resultado de la pandemia Covid-19, campo fértil para la propagación o agravamiento de violencias y delincuencia. El Dr. César San Juan Guillén con su tema “Espacio, Comportamiento y Cohesión” destacó la trascendencia del diseño urbanístico inclusivo en los espacios públicos y privados para que estos contribuyan al desarrollo humano.

    En otro orden de ideas, la Dra. Lucía Dammert, con su plática “Estrategias Globales para la Reducción de la Violencia”, acentuó la gravedad del incremento de las violencias y con ello, la necesidad de políticas públicas con liderazgos trascendentes, sistemas de información efectivos y acciones de prevención en todos sus ámbitos. Ahora bien, el Dr. Leonardo Martín Dorony Saturno, en razón de su conferencia titulada “Educación Ciudadana, Pertenencia y Solidaridad”, resaltó la búsqueda de estrategias alternativas que confronten la violencia estructural imperante y empodere a la sociedad civil organizada como parte de la solución a la problemática de las violencias.

    Para la Dra. Angélica Durán Martínez con su tema “Criminalidad y Globalización en las Américas”, describió la existencia de dinámicas delictivas que por su naturaleza demandan una atención global más allá del uso excesivo del sistema penal, es decir, con soluciones preventivas de acuerdo con las características del fenómeno que propicia su incremento. En cuanto al Dr. Edgardo Buscaglia, con su ponencia Fragmentación Social y Violencia Transnacional”, hizo énfasis en el imperioso compromiso del Estado Mexicano por conferir de legalidad la participación ciudadana a modo de auditoría de las políticas y procesos de gobierno para crear una auténtica gobernanza.

    En lo tocante a la intervención del Mtro. Mauro Morales García con su exposición “La Seguridad Pública en México”, describió los modelos policiales más efectivos en el mundo, asimismo, destacó la importancia del trabajo realizado por las divisiones de proximidad social acorde a las necesidades y problemática del entorno. Por su parte, el Mg. Gastón Pezzuchi con su ponencia “Análisis y Prospectiva Criminal”, subrayó las bondades del análisis criminológico en las instituciones de Seguridad Pública a partir del uso de datos, ambos, como herramientas efectivas para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención de la criminalidad en los territorios afectados

    El Dr. Guillermo A. Pacheco, con su tema “Inestabilidad y Conflictos Sociales”, invitó a reflexionar sobre las dificultades en las distintas esferas de la vida humana, considerando en ello, un cambio de visión para su abordaje. La Dra. Cecilia Sánchez Romero, con el tema “Crisis Sanitaria, Seguridad Humana y Violencia”, señaló que la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, deja al descubierto una vez más, la tremenda inequidad social, los elevados índices de pobreza y desigualdad. Por lo tanto, estamos obligados hacia la salvaguarda de los derechos con una amplia participación ciudadana para propiciar un golpe de timón que nos permita el progreso humano.

    A partir de las valiosas aportaciones de nuestras personalidades participantes en el VII Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, refrendamos nuestro compromiso por establecer un marco de referencia teórico-práctico sobre los paradigmas emergentes de la seguridad ciudadana, política criminal y la prevención social, a través de un espacio de divulgación y reflexión interdisciplinaria que congregue a expertos de renombre nacional e internacional con la finalidad de enriquecer con sus con estudios, investigaciones y experiencias, alternativas de solución a la problemática que implica el agravamiento de las violencias y delincuencia.

    Con este tipo de eventos, Guanajuato no sólo se posiciona como un referente nacional en el tema que nos ocupa, sino también, impulsa la participación de servidores públicos, profesionistas, ONG´s, académicos, ciudadanos y medios de comunicación, por medio de una convocatoria plural e incluyente. Con ello, sociedad y gobierno contribuimos al fortalecimiento de la actual política pública en la materia a través de buenas prácticas y experiencias exitosas susceptibles de contextualizarse a nuestra realidad y hacer de Guanajuato y sus Municipios la Grandeza de México.

     

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


    Transmisión 18 de noviembre

    Transmisión 19 de noviembre

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  2. La evaluación de la Política Pública de Seguridad

    19 octubre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

     

    La Política Pública en materia de Prevención Social implementada por la Secretaría de Seguridad Pública en nuestra entidad federativa, surge de la “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana 2018 – 2024”, mecanismo neurálgico de las acciones de seguridad sustentado en un modelo de trabajo integral, sinérgico y secuencial entre las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, con el apoyo proactivo de los diversos sectores de nuestra sociedad organizada, a través de tres vértices estratégicos: a) el de la prevención social de las violencias y la delincuencia; y, b) vigilancia, coordinación operativa e inteligencia policial; y, c) fortalecimiento jurídico – institucional.

    El vértice correspondiente al de la Prevención Social, encuentra fundamento a través de su mecanismo de planeación rector, el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019 – 2024, publicado el 05 de marzo del 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. Dicho instrumento, tiene como propósito general, impulsar la prevención y el autocuidado para la atención multidimensional de los factores de riesgo vinculados a las diversas manifestaciones de violencia y delincuencia, con la participación necesaria y solidaria de la sociedad en coordinación con las instituciones públicas en los ámbitos Estatal y Municipal

    Cabe señalar que dicho propósito, de interés o beneficio público, se encuentra soportado por un planteamiento de planeación en espiral o cíclico que va desde el diagnóstico y caracterización del fenómeno, su correspondiente análisis estratégico y de factibilidad, formulación de la estrategia de intervención como solución a la problemática identificada, instrumentación y monitoreo, hasta llegar al momento cumbre de su evaluación, siendo esta última etapa de vital trascendencia al proporcionar una radiografía de la estrategia en curso sobre sus beneficiarios directos, su nivel de institucionalidad  y corrección técnica en caso requerir mejoras e iniciar un nuevo ciclo.

    Resulta entonces, un programa estratégico consecuencia de una serie de etapas acumulativas, secuenciales y flexibles para su evaluación antes, durante y después de haber implementado la Política Pública, considerando en ello, métodos y técnicas para la recopilación, procesamiento y análisis de los resultados en una periodicidad determinada. En conclusión, el conocimiento provisto por una adecuada evaluación, constituye un significativo acervo de información sobre los posibles efectos que tuvieron las acciones sobe la problemática identificada, además de coadyuvar en la comprensión del fenómeno en su génesis factorial y orden de causalidad.

    Es por la relevancia de lo anterior que con fundamento en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en su artículo 140, se crea el Sistema Estatal de Evaluación, Seguimiento y Estadística Criminológica (en adelante SEESEC) el cual es una herramienta metodológica que tiene como finalidad orientar los procesos de planeación, organización, implementación, monitoreo, rendición de cuentas, evaluación de los objetivos, metas, estrategias y acciones del Estado y los Municipios en materia político-criminal y de prevención social de las violencias y la delincuencia.

    Mediante el SEESEC, como engrane neurálgico de la Política Pública de Seguridad, junto con los recursos técnicos, financieros y humanos que lo integran, se busca consolidar el círculo virtuoso en cada una de sus etapas, incrementando así la eficiencia y eficacia de la actuación gubernamental mediante un conjunto de procedimientos técnicos, los cuales bajo una configuración empírica y aplicada, proveen los elementos necesarios para el fortalecimiento o rectificación de aquellas acciones estratégicas que a la par de la realidad social y evolución del fenómeno que nos ocupa, coadyuven con la Seguridad Pública y el bienestar de las y los guanajuatenses.

     

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

     

     

    Evaluación Politica Pública 32

  3. La seguridad vecinal es tarea de todos

    12 octubre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    La Seguridad Pública, constituye una de las principales preocupaciones para los mexicanos. Al respecto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, reporta que, a nivel nacional, el 78,6% de la población de 18 años y más refirió que, la inseguridad y la delincuencia es el problema más importante que aqueja hoy en día al país, seguido de la corrupción con el 52,8%. El impacto de la inseguridad percibida en los diferentes sectores sociales, sea objetiva o subjetiva, naturalmente despierta inquietud que repercute en la calidad de vida y el bienestar social. Por tanto, resulta un tema de sumo interés dentro de la opinión pública y por consecuencia, compromiso substancial de la agenda de gobierno en la conformación de políticas públicas eficientes y eficaces.

    El comportamiento del fenómeno y el interés proactivo de los diversos sectores de la sociedad organizada de requerir, y a la vez, coadyuvar con la mejora de las condiciones de seguridad, ha impulsado el establecimiento de diferentes enfoques y respuestas estratégicas, cuyo diseño, a partir de principios como: la integralidad, focalización, transversalidad, institucionalidad y territorialidad, promueven la prevención y el autocuidado para la atención multidimensional de las violencias y la delincuencia. Todo ello, encuentra factibilidad, mediante un esquema de trabajo que propicia, desde el ámbito comunitario, la participación ciudadana en la gestión de la convivencia pacífica y reconstrucción del tejido social en un marco de asociatividad local y buen gobierno.

    Desde hace tiempo, nos encontramos en la consolidaciónde un modelo de instrumentación integral que consideral ciudadano, eje central del actuar gubernamental bajo un planteamiento de organización y corresponsabilidad social. Se busca entonces, ampliar el margen de compromiso hacia otros sectores en el reconocimiento de la Seguridad Pública, no sólo como una función que le compete al aparato público, sino también como una responsabilidad cívica de imperiosa sistematización colectiva a través de la coordinación de las autoridades locales. Ello encuentra cabida, mediante la implementación estrategias de prevención social que, desde su ámbito comunitario, posicionen a las y los vecinos, como agentes proactivos de cambio social.

    El modelo de organización vecinal, se fundamenta en el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019 – 2024, máximo instrumento de planeación que conduce la política pública en la materia, el cual, mediante la identificación de las peculiaridades territoriales, sociodemográficas del entorno, así como de los diversos factores de riesgo que coadyuvan con el fenómeno, sistematiza el desempeño gubernamental para consolidar el desarrollo armónico de las personas, sus familias, la comunidad y sus instituciones, considerando en ello, la implementación de mecanismos de interlocución comunitaria entre sociedad y gobierno.

    Es bajo el citado planteamiento estratégico que, la organización vecinal en el ámbito comunitario, ha cobrado especial relevancia para la coordinación intersectorial, y responsabilidad territorial en estrategias concernientes a la seguridad y prevención social. El propósito de ello, consiste, por un lado, mejorar la percepción de seguridad y reducir los delitos de oportunidad en aquellas zonas o delimitaciones territoriales que así lo requieran por su alta densidad criminológica, y por el otro, atender, mediante un esquema transversal, aquellos factores de riesgo de naturaleza estructural e interpersonal que propicien situaciones de violencias y delincuencia.

    Recordemos que, la Política de Prevención Social en nuestro Estado, se concentra en el tratamiento de la génesis y expresiones del comportamiento antisocial y delictivo, fundamentado en un bosquejo de análisis permanente que permite entender la interrelación de factores de riesgo en sus diversos ámbitos. Esto nos lleva a identificar algunos componentes que contribuyen a la formulación de estrategias específicas y adecuadas. Como un ejemplo, tenemos los delitos de oportunidad, cuya manifestación depende de movimientos cotidianos, flujo de personas, atribuciones o valor del objetivo, vigilancia natural, así como cambios sociales o tecnológicos que proveen nuevas oportunidades.

    En este sentido, destacamos el comportamiento del Robo a Casa Habitación, considerado por su ocurrencia en el espacio urbano y la influencia del medio ambiente, un delito de oportunidad, tal y como se muestra en la gráfica siguiente. Es importante destacar que, la constitución de alianzas entre la comunidad organizada (vecinos) y las autoridades a nivel local permite, de acuerdo con el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, aumentar los niveles de conciencia entre los actores involucrados, compartir información, formar redes de trabajo, potenciar recursos e incrementar los niveles de participación comunitaria a través del tiempo.

    43E0BE30-80B4-4AB7-A509-466C783D4D2AGráfica1: Incidencia de robo a casa habitación / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

    Es por lo anterior que, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, impulsa la participación comunitaria a través de la instalación y seguimiento de Comités de Seguridad Vecinal que fortalezcan la cultura corresponsabilidad social mediante un modelo de participación encaminado hacia la implementación de actividades informativas, consultivas, gestionarias y de empoderamiento. La participación vecinal, es la actividad racional, organizada y consciente que tiene por objetivo, expresar iniciativas, necesidades, defender intereses y valores comunes e influir, de forma directa o indirecta, en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato


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  4. La política de seguridad integral a debate: VII Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

    5 octubre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    La crisis sanitaria del COVID-19 y sus diversas consecuencias en los ámbitos estructural e interpersonal, han implicado el incremento o adaptabilidad de algunas formas de violencias y delincuencia, escenario para el cual, ningún gobierno estaba preparado. La paulatina evolución de este fenómeno hacia realidades de mayor complejidad, precisa y determina el replanteamiento de un conjunto de estrategias que, de manera planificada y acorde a las limitaciones sanitarias, consideren escenarios alternativos, focalicen desafíos y atiendan prioridades en un contexto transnacional. Es por ello que, la presente edición del Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, representa una valiosa oportunidad de congregar a expertos en diversas áreas del conocimiento, cuya reconocida y sobresaliente trayectoria tanto a nivel nacional como internacional, proporcionan un importante factor de cambio en los ámbitos académico, social o gubernamental.

    Cabe mencionar que, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, desde el año 2005, le ha caracterizado una extensa tradición en la organización de Congresos Internacionales. El auge de estos eventos, tiene su origen con la amplia concurrencia de profesionistas, académicos, periodistas y organizaciones civiles interesados en temas de relevancia interdisciplinaria. A lo largo de estos años, hemos contado con la participación de ponentes nacionales e internacionales; al respecto, recordamos con especial afecto algunas personalidades como: el Dr. Sergio García Ramírez destacado jurista mexicano, al Dr. Irvin Waller fundador del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, Dr. Elías Carranza Lucero un icono de la investigación penitenciaria en Latinoamérica y ex director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, entre otras destacadas personalidades de América Latina, Norte América y Europa.

    En lo que concierne a la edición de este año, hemos de señalar que, su finalidad, consiste en establecer un marco de referencia teóricopráctico sobre el tratamiento de las violencias y la delincuencia, mediante un espacio de divulgación virtual donde se congregue a expertos de talla nacional e internacional. Por tal motivo, el desafío para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, consiste en posicionarse a nivel nacional, como uno de los principales divulgadores de conocimiento científico alrededor del paradigma de una Política Criminal de Aplicabilidad Integral, encaminada a generar, soluciones a partir del necesario ángulo de la seguridad humana como alternativa a la tradicional lógica del punitivismo penal.

    Finalmente, con el propósito de organizar un Congreso adecuado a la problemática actual y congruente con el planteamiento estratégico del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019 – 2024, dentro del proceso de análisis y deliberación conceptual del evento, se consideraron tanto el actual contexto sanitario como los efectos colaterales derivados de la pandemia COVID-19, nodo causal del conjunto de factores multidimensionales que probablemente coadyuven con el fenómeno de las violencias y la delincuencia en el corto, mediano y largo plazo; por tal motivo, se convino una estructura temática transdiciplinaria bajo el eslogan:“Escenarios Alternativos, Desafíos y Prioridades en un Contexto Globalizado”, lema que conllevará hacia el debate sobre la necesaria adaptabilidad estratégica ante una realidad dinámica y turbulenta que requiere, desde la óptica de la seguridad humana global, un modelo innovador e integral de política pública.

    En su desarrollo, este magno evento, contará con la participación de personajes destacados provenientes de países como Argentina, Colombia, Costa Rica, España, Perú y por supuesto México. Cabe destacar que, cada uno de nuestros ponentes, poseen una eminente y destacada trayectoria profesional en las distintas áreas del conocimiento encaminadas al tratamiento del fenómeno que nos ocupa, misma que, compartirán a través de sus respectivas ponencias a lo largo de dos días de intenso trabajo. Es importante señalar que, la dinámica del Congreso Internacional, por esta ocasión y con motivo del comportamiento de la pandemia COVID-19 monitoreada por nuestras autoridades sanitarias, se transmitirá por la señal de TVcuatro y las plataformas digitales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (YouTube, Facebook Twitter). Nuestro objetivo es que este tipo de eventos continúen paralelamente a la preocupación por el bienestar de nuestros conferencistas y asistentes.

    En espera de contar con la tradicional participación del público que cada año asiste, se les hace la atenta invitación a la transmisión oficial que comenzará en punto de las 12:00 horas los días 18 y 19 de noviembre al VII Congreso Internacional para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia “Escenarios Alternativos, Desafíos y Prioridades en un Contexto Globalizado”. La organización de este magno evento, responde al compromiso del Gobierno del Estado de Guanajuato en el desarrollo de espacios que impulsen la divulgación del conocimiento científico, la participación y corresponsabilidad interinstitucional en el tratamiento del fenómeno de las violencias y la delincuencia.

    No faltes. Te esperamos.

    Regístrate en: http://bit.ly/7CIPSVD_Reg

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

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  5. La estrategia de la disminución de los delitos de alto impacto

    29 septiembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    El fenómeno de las violencias y la delincuencia, como bien lo hemos referido en otras ocasiones, obedece a una génesis factorial de naturaleza probabilística y origen diverso. Recordemos que, su tratamiento, debe partir desde una Política Criminal aplicada e integral, previo estudio de sus causas, por lo tanto, los ejercicios de análisis estadísticos son la incidencia e índice de denuncias, sin que sean un indicador determinante del fenómeno, pero sí coadyuvante, es decir, un elemento más que se suma a la comprensión de su comportamiento en un espacio y tiempo determinado, situación de la cual, derivan medidas focalizadas al elemento “oportunidad” en aquellos territorios con mayor densidad criminal.

    La clasificación de los delitos de alto impacto, según el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), son aquellas conductas que, por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia e incidencia, contribuyen a la percepción de inseguridad y vulneración de la sociedad. Cabe mencionar que, dicha clasificación, para el estado de Guanajuato, corresponde a los siguientes delitos: homicidios dolosos, feminicidios, extorsión, lesiones dolosas, robo a bancos, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, robo a transportista, robo de vehículo, robo de ganado, secuestro y violación. Reiteramos que, la variabilidad de cada una de estas conductas ilícitas, no describen las condiciones generales de seguridad en las que se encuentra el estado, para dicho propósito, se requiere de un exhaustivo trabajo de investigación en materia criminológica.

    Ahora bien, la medición de los índices e incidencia en materia de delitos de alto impacto en nuestro estado refleja que, -de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- en el periodo enero–agosto del presente año, el estado de Guanajuato, ocupó el quinto lugar en incidencia con 20,361 carpetas de investigación iniciadas, el duodécimo en índice con 347.83 por cada 100,000 habitantes y el décimo en variación. La mayor cantidad de delitos de alto impacto en el presente año, se presentó en enero con 2,941 denuncias. El promedio mensual de delitos denunciados dentro del periodo de referencia es de 2,545.13 carpetas. En cuanto a la variación respecto al año 2019 en el mismo parámetro temporal, el año 2020, registró una disminución de la incidencia en un 13.07% con relación al año anterior.

    De forma particular y bajo el mismo parámetro temporal (enero a agosto de 2020), tenemos que los índices por cada 100 mil habitantes, de los delitos de feminicidio (0.19), extorsión (0.19), robo a bancos (0.00), robo a transeúnte (2.07), robo a transportista (0.09), robo de vehículo (49.46), robo de ganado (3.09), secuestro (0.14) y violación (6.05), se ubican por debajo del índice promedio nacional. La siguiente gráfica ilustra estas magnitudes y las correspondientes del promedio nacional.

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    En lo concerniente a la incidencia del 2020 con relación al 2019, en el estado de Guanajuato, se tienen importantes reducciones, presentándose en los siguientes delitos: lesiones dolosas (-25.85%), robo a bancos (-100%), robo a casa habitación (-7.65), robo a negocio (-8.55), robo a transportista (-73.68%), robo de vehículo (-4.23%), robo de ganado (-24.27%) y violación (-28.34%).  A continuación, se ilustran la variación de estos delitos.

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    De la referencia estadística anterior, se identifican dos ventanas de oportunidad: la primera, tiene que ver con la consolidación de una estrategia de prevención e inteligencia policial, focalizada en aquellas zonas de intervención que por sus altos niveles requieren atención. Cabe hacer la aclaración que, el acervo estadístico procedente de registros administrativos, resulta un elemento “complementario” de política pública y posible fundamento de ulteriores investigaciones en materia criminológica orientadas a la comprensión del fenómeno criminal en su génesis factorial. La segunda, constituye un parámetro de la confianza entre la sociedad y sus instituciones, como mecanismo esencial para el tratamiento del fenómeno delincuencial sobre la base de la participación ciudadana y cultura de la legalidad a través de adecuado ejercicio democrático de la denuncia.

    Lo anterior, conlleva la responsabilidad de implementar estrategias de proximidad territorial y comunitaria por conducto de las autoridades en los tres niveles de gobierno,  mediante un esquema de acción pública que involucre la salvaguarda de los derechos humanos, el empoderamiento de las familias, la recuperación de espacios públicos, el impulso al orden y la participación ciudadana, el rescate de los valores sociales, la prevención de las diversas manifestaciones de violencia y la reconstrucción del tejido social.

    Por lo tanto, nuestra visión como Secretaría de Seguridad Pública del Estado, implica la mejora de las condiciones de bienestar social y seguridad ciudadana, a través de un planteamiento sensible y cercano a las demandas sociales en materia de prevención social de las violencias y la delincuencia, y el fortalecimiento institucional que realiza la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, mediante el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019-2024; así como de control, coordinación operativa e inteligencia policial que involucre la implementación de acciones en donde el ciudadano y sus derechos estén siempre en el centro del actuar gubernamental.

     

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

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  6. El fenómeno del homicidio en México

    3 agosto, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    El fenómeno del homicidio, obedece a una génesis factorial de suma complejidad debido a su naturaleza probabilística y multidimensional, sostenida por un conjunto de elementos causales de diversa naturaleza, por ejemplo: causas remotas (elementos estructurales o contextuales), causas mediatas (aspectos individuales y de socialización en el autor y su posible vínculo o no con la víctima) y causas inmediatas (como aquellos elementos detonantes de los hechos, de proximidad en tiempo y espacio). La combinación de dichos factores, de forma terminante, paulatina, vertiginosa o meramente circunstancial, propician la estructuración del homicidio.

    Si bien, el fenómeno ha sido investigado como unidad de análisis desde una perspectiva cuantitativa de lo evidentemente perceptible a través de los medios de comunicación y la opinión pública, pocos han sido los estudios interdisciplinarios que se ocupen de su génesis y dinámica como un elemento coadyuvante para entender la magnitud y alcance de las diversas formas de violencia interpersonal como propiciadores del fenómeno, que van desde la constitución del sujeto y sus procesos de socialización, su vínculo con las normas sociales y jurídicas, accesibilidad a desarrollo y bienestar social, inclusive, la permeabilidad colectiva de ciertos ilícitos de naturaleza regional o transnacional cuya fuerte connotación económica y cultural, se constituyen como medios ilegítimos de movilidad social.

    Por lo anterior, es necesaria la participación y colaboración de operarios públicos de los tres niveles de gobierno, así como de los diversos sectores de la sociedad organizada, no sólo en la parte operativa, inteligencia policial y denuncia, por supuesto muy importante, sino también de aquellos involucrados en los diversos programas de desarrollo social, los cuales, de manera transversal, interdisciplinaria, focalizada y coordinada, promueven el bienestar de las personas y fomentan comportamientos favorables mediante la implementación de estrategias que inciden en los distintos factores de riesgo en los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial. Cabe mencionar, que, el fenómeno del homicidio, constituye el último hierro de la cadena de causalidad, cuyo tratamiento, exige su atención a partir de los eslabones que le preceden mediante la prevención, disuasión, detección, investigación y sanción (causas – efectos).

    Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que data del año 2018 ya consideraba el homicidio como una de las primeras causas de muerte en México en población en general, la violencia homicida ha seguido creciendo en todo el país como fenómeno asociado cada vez más a la presencia de grupos de la delincuencia organizada.

    Los homicidios dolosos en México, como consecuencia de esta violencia ejercida por los grupos delictivos durante los años 2007 al 2011 triplicaron su incidencia. La tasa se estabilizó hasta 2015, cuando los grupos del crimen organizado comenzaron a fragmentarse y diversificarse, pero después, la tasa se incrementó hasta su máximo histórico con más de 30,000 homicidios en el 2017.

    Parte de las causas inmediatas de dicho incremento, se debe, entre otras causas, a la muerte o el encarcelamiento de líderes de alto perfil de la delincuencia organizada; los operativos policiales que debilitan a un grupo con relación a otro; el equilibrio de poder entre grupos delictivos y los cambios en los mercados ilícitos regionales y transnacionales.

    En Guanajuato, el 90% de las víctimas de homicidio doloso por arma de fuego, integraban células o grupos de la delincuencia organizada, de acuerdo a la información determinada por carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado.

    Sin embargo, existen ciudades del país con una población de más un millón de habitantes, comparándola por ejemplo con la ciudad de León por su cantidad de población, donde la incidencia de homicidios violentos en este 2020, es por mucho superior.

    Los municipios que se muestran en la gráfica siguiente de más de un millón de habitantes, tienen una incidencia delictiva de homicidios dolosos desproporcionada al compararse con el municipio de León. La incidencia de homicidio doloso en León, corresponde al 38% de lo observado en Juárez, Chihuahua y al 32% de lo registrado en Tijuana, Baja California. imagen 1En el periodo enero-junio de 2020 se presentó incidencia de homicidio doloso en 1,287 municipios del país, que corresponde al 53% del total de los mismos.

    Por lo que hace a la incidencia por homicidio doloso en el mismo periodo enero-junio de 2020, la siguiente gráfica muestra que sólo una de las ciudades guanajuatenses aparece en la tabla media y no en los primeros lugares, tal como se ha dicho.

    A continuación, se muestran datos del fenómeno de homicidio doloso en los municipios del país en lo que va del 2020:

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    La Seguridad Pública y la Justicia, son funciones concurrentes y prioritarias a cargo de los tres órdenes de gobierno, por lo que no cabe su polarización por motivos políticos; en ese sentido, la ley es muy clara en sus objetivos, entre los cuales destaca, garantizar las condiciones necesarias que permitan el desarrollo de las personas, así como la convivencia social en un ambiente de paz, tranquilidad y respeto de los derechos humanos.

    Estos elementos, totalmente independientes de la presión o diligencias partidistas de las élites políticas, tal como ha venido sucediendo en el Estado de Guanajuato; deben abonar a la democracia como un valor que se fundamenta en los principios de la representación y la convivencia social, destacando en ello: la libertad, justicia, fraternidad, igualdad, tolerancia, solidaridad, respeto y diálogo. Los que integramos los poderes públicos, debemos ser los principales baluartes de dichos principios y valores, cuyo único marco de actuación formal no debe sobrepasar la ley.

    Por lo que debemos fortalecer, como hasta hoy, la coordinación interinstitucional para que todas las autoridades encargadas de brindar y coadyuvar a la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, junto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aportemos argumentos y acciones que ayuden a recobrar la confianza de los ciudadanos, y logremos devolverles la paz y tranquilidad a todas las familias guanajuatenses.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

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  7. Números de emergencia 911, 089 y 075, los mejores aliados en Seguridad Pública

    27 julio, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

     

    NÚMEROS DE EMERGENCIA 911, 089 y 075, LOS MEJORES ALIADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA

     

    El principio de legalidad es el elemento esencial que debe prevalecer en un Estado, gracias a él, se pueden establecer controles sobre la autoridad, así como límites al goce y ejercicio responsable de la libertad, ambos, con absoluto respeto a las garantías constitucionales. En el proceso de interacción entre el desempeño del poder público y el ejercicio de la libertad, el principio de legalidad puede verse vulnerado, ya sea con el actuar desproporcionado o discrecional del Estado, o bien, con el actuar del individuo cuando rebasa lo expresamente prohibido por las normas.

    Es así que, nos encontramos con dos elementos fundamentales: la existencia de criterios normativos y la conformidad con los mismos; lo anterior, nos lleva al concepto de legitimidad, la cual, ayudará a generar consenso en torno a la aceptación de la ley y su aplicación, es decir, cada persona tiene la responsabilidad de aportar al fortalecimiento del Estado de Derecho.

    La cultura de la legalidad, implica un proceso de discernimiento, aceptación y cumplimiento voluntario de la norma, no sólo por su carácter coercitivo, sino por el interés colectivo de bienestar, cuya consolidación requiere de la participación ciudadana para lograr con ello el respeto de las leyes. La denuncia ciudadana es un mecanismo más de coparticipación, cuyo fin último, es el coadyuvar con la preservación del orden y la paz pública, de conformidad con las estrategias de naturaleza preventiva y reactiva.

    Entre los mecanismos de denuncia ciudadana que activan el aparato de procuración de justicia, a través del Ministerio Público, se encuentran las líneas telefónicas de: la Denuncia Anónima 089 y el Sistema de Emergencias 911 que proporciona asistencia de servicios médicos, policiales y de protección civil, coadyuvando con la preservación del orden y la paz pública. Estas variables son dependientes de una adecuada cultura de la legalidad y participación ciudadana en su uso “racional, responsable y pertinente” de acuerdo a la naturaleza de la emergencia por la cual se requiere un servicio, el cual, es provisto por personal capacitado en el manejo de emergencias apoyado con la mejor tecnología de cómputo y radiocomunicaciones.

    Asimismo, el Gobierno del Estado, dispone del Sistema Integral de Atención para las Mujeres (SIAM 075), cuyo objetivo consiste en preservar la vida, integridad y derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia de género, mediante el uso de un mecanismo integral y transversal de servicios especializados en proveer atención inmediata en caso de emergencia (servicio médico, policial y de protección civil), contención psicológica, orientación jurídica y seguimiento especializado según el caso.

    Cabe mencionar que los tres sistemas (911, 089 y 075), integran un conjunto de estrategias clave para la denuncia de conductas violentas y delictivas con su respectivo protocolo de atención en un primer nivel de contacto, buscando en todo momento el impulso de una sociedad proactiva, responsable y comprometida con la cultura de la legalidad a través de su participación con la denuncia.

    Es importante aclarar, que con motivo de la pandemia COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, así como las respectivas dependencias homólogas a nivel federal y estatal, establecieron como estrategia de contención, el distanciamiento físico y la limitación de la movilidad con el propósito de mitigar la velocidad de propagación y evitar el colapso de los sistemas de salud, no obstante, dichas medidas, han implicado una serie de efectos físicos, psicológicos, sociales y situacionales que han intervenido con el agravamiento de diversas formas de violencias y delincuencia, condiciones que han significado el fortalecimiento de los sistemas antes mencionados junto con sus respectivos protocolos de atención con el propósito de proporcionar un servicio más eficiente a la problemática actual.

    Los sistemas 911, 089 y 075, proveen servicios, previenen y coadyuvan en la sanción de conductas, constituyendo un importante insumo de información sistematizada y georreferenciada en materia criminológica para la atención y prevención de las violencias y la delincuencia.

    La participación ciudadana a través de estos instrumentos de denuncia, contribuye en materia de seguridad ciudadana, política criminal y prevención social (…) a la génesis factorial del fenómeno en cuestión, traduciéndose en estrategias de disuasión, prevención, denuncia, reacción, investigación, sanción y tratamiento de víctimas, pero además se convierte en un mecanismo que auxilia al ciudadano en la defensa de su vida, integridad y patrimonio.

    Por nuestra parte, en el Gobierno de Guanajuato a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, estamos conscientes de la importancia del uso de estas plataformas tecnológicas para la seguridad. Por eso, el llamado siempre permanente a que las utilicemos en el momento en que se haga necesario, porque es un mecanismo de participación ciudadana contra la impunidad y el delito.

     

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato


     

    Numeros de Emergencia

  8. ¡Prevenir está en nuestras Manos!

    20 julio, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Prevenir

    PREVENIR ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

     

    Para el Estado de Guanajuato, el diseño e implementación de políticas de seguridad ciudadana constituyen una prioridad en la agenda de gobierno, las cuales, tienen como propósito general el establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, mediante la prevención y el tratamiento de las diversas formas de violencias y delincuencia en la sociedad, permitiendo con ello, la reconstrucción del tejido social que permita una convivencia pacífica en nuestra entidad.

    Es bajo esta dimensión de la seguridad, la forma más idónea para el abordaje de las violencias y la delincuencia, desde un enfoque de la participación proactiva de la sociedad y de los individuos, y, sostenida a partir de un adecuado ejercicio democrático del poder público, cimentado en principios como: la equidad, perspectiva de género, pluralismo, transparencia, estado de derecho, respeto de los derechos humanos, responsabilidad y por supuesto, la coordinación interinstitucional e intersectorial.

    El fenómeno de las violencias y la delincuencia es multidimensional en su origen. Cuando se tiene la oportunidad de estudiarlo, es tan complejo y está envuelto en una fuerte polémica conceptual; una de las estrategias más eficaces para comprenderlo y atenderlo, consiste en darle significado a partir de su génesis, más que, como causas, como factores de riesgo en sus diversos ámbitos de manifestación.

    Es así que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ha integrado en su actuar gubernamental, la política de prevención social como un modelo de trabajo transversal, focalizado, multidimensional, intersectorial, con efectos continuos, medibles y evaluables en favor de grupos sociales de prioridad estratégica, de entre los cuales podemos destacar a las mujeres, niñas, niños adolescentes y jóvenes de nuestro estado.

    Dicha política, se fundamenta a través del mecanismo rector de planeación, al que hemos denominado Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019 – 2024, publicado el 5 de marzo de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, mismo que, a través de un planteamiento interinstitucional, busca la participación ciudadana, el impulso de la prevención y el autocuidado en sus diversos ámbitos para la atención multidimensional de los factores de riesgo en la materia, a efecto de coadyuvar en la mejora de la calidad de vida, en donde el eje y razón de ser es posicionar a la persona y sus derechos como eje central de las políticas públicas del Gobierno encabezado por el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

    El Programa Estatal, busca la integración y coordinación de las entidades y dependencias de la administración pública estatal, con la participación de los municipios y la sociedad civil organizada en 101 zonas de intervención social. De esta manera, se instauró una estrategia a partir de cuatro líneas de trabajo transversal:
    1) Legalidad, convivencia pacífica y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;
    2) Salud, bienestar y calidad de vida;
    3) Desarrollo humano y justicia social; e,
    4) Infraestructura comunitaria y cohesión territorial.

    Para llevarlas a buen término, se integró la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, como el máximo órgano de diseño, ejecución y coordinación de políticas en la materia, que ha sido muy escrupulosa en identificar y priorizar las estrategias, constituyendo en ello, una agenda transversal de 103 programas sociales a cargo de 29 dependencias estatales, enfocadas a diversos ámbitos de contención psicosocial, como son: educación, desarrollo social y económico, salud, cultura, empleo, deporte, participación ciudadana, infraestructura, entre otros.

    La política de prevención social, demanda un gran compromiso y esfuerzo de todos los actores involucrados, tanto del gobierno como de la sociedad organizada.

    Estamos convencidos de que juntos, sociedad y gobierno, contribuiremos a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como también preservar las libertades, el orden y la paz social, para con ello, construir una entidad próspera y pacífica en donde la persona y su dignidad estén siempre en el centro del actuar gubernamental, y juntos sean, la grandeza de México.

    ¡Prevenir está en nuestras Manos!

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     

     

    PrevenirEstáEnTusManos

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