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Guanajuato
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  1. Protección Civil

    21 septiembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    PC 001

     

     

    Para nuestra sociedad, es indiscutible la importancia del trabajo que desarrollan las y los elementos que conforman la Coordinación Estatal y Unidades Municipales de Protección Civil, quienes, en coordinación sinérgica con instituciones de gobierno y los diferentes sectores, organismos y asociaciones civiles, constituyen el Sistema Estatal de Protección Civil de Guanajuato.

    De acuerdo con la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato, en su artículo 2, fracción XIX la define como el como el conjunto de principios, normas, procedimientos, acciones y conductas solidarias, participativas y corresponsables entre sociedad y autoridades para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y entorno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre”.

    Cabe mencionar que, la Protección Civil, no es una actividad de reciente creación; sus antecedentes históricos, se remontan al concluir la Segunda Guerra Mundial ante la necesidad de atender a las víctimas de los conflictos bélicos internacionales, habiéndose formalizado su función en el “Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949”. Su concepto, en aquel entonces, evidentemente se circunscribía a la protección de la población civil y evitar ataques, destrucción o inutilización de medios de supervivencia por actos de guerra o violencia. No fue hasta la resolución 2034, aprobada el 7 de diciembre de 1965 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se consideró adicionar la asistencia en casos de desastres naturales, instando a los países participantes, la creación de los servicios apropiados de planificación y acción por intermedio de la Cruz Roja.

    La Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, sitúa en año de 1966, el primer antecedente de atención a la población civil con motivo del desbordamiento del Río Pánuco en el Estado de Veracruz, habiendo implementado por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional el Plan de Auxilio, precursor inmediato del Plan DN-III-E. A pesar de no ser el único precedente en la materia, no fue sino hasta después del sismo ocurrido el 19 y 20 de septiembre de 1985, en donde la devastación, indolencia institucional y la falta de coordinación, obligó a replantear el esquema de atención a la población civil en caso de desastres naturales. Las secuelas dejadas por el terremoto, marcaron un hito en la agenda de gobierno que incluía la consolidación de una política transversal, inclusiva, organizada y participativa de Protección Civil.

    El 9 de octubre de 1985, se creó el Comité de Prevención de Seguridad Civil en apoyo a la Comisión Nacional de Reconstrucción, posteriormente, el 06 de mayo de 1986, se publicó el decreto gubernativo por el cual se crea el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Programa Nacional de Protección Civil, siendo ambos, mecanismos máximos de planeación, coordinación y articulación entre la federación, las entidades federativas y los municipios en la prevención de desastres y la atención de emergencias; surge entonces la Protección Civil Mexicana.

    Como consecuencia de la creación del SINAPROC, devino también su correspondiente institucionalización en las entidades federativas, siendo su principal propósito, la consolidación de espacios interdisciplinarios en los cuales se desarrollen políticas públicas enfocadas al diseño e implementación de estrategias transversales para la prevención, atención y reacción ante la presencia de fenómenos de origen natural o antropogénico.

    En el estado Guanajuato, atendiendo a lo señalado por las Bases del SINAPROC, se crea durante la administración del periodo 1985 – 1991, el “Comité Estatal de Prevención de Seguridad Civil”, posteriormente, en marzo de 1991, se instituyó la Dirección Estatal de Protección Civil”, adscrita a la Secretaría de Gobierno. Para diciembre del 2001, la Dirección Estatal de Protección Civil, pasa a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con la denominación “Coordinación Ejecutiva de Protección Civil”, consecuentemente, en el año 2015, cambia su nombre por Coordinación Estatal de Protección Civil”, en cumplimiento con lo estipulado en la Ley General de Protección Civil vigente en ese año.

    Para agilizar las tareas de despacho, coordinación y gestión de accidentes, emergencias y desastres, en el año 2014 el “Centro Estatal de Gestión de Emergencias”, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se integró a las instalaciones de la Dirección General del Sistema Estatal C5i de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Posterior a ello, se integró el “Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano” (USAR Guanajuato), grupo multidisciplinario de élite conformado por especialistas de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato “SUEG”, la Asociación de Bomberos del Estado de Guanajuato, A.C., la Delegación Estatal de Cruz Roja Mexicana, la Dirección General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y la Dirección General del Sistema Estatal C5i. Cabe señalar, la destacada participación del grupo USAR-GTO en el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

    Tras 29 años de la creación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Estado de Guanajuato, ha impulsado un proceso permanente de consolidación y fortalecimiento de los Sistemas Municipales y Estatal de Protección Civil. Al respecto, podemos mencionar que, la Coordinación Estatal, dispone de instalaciones propias y modernas ubicadas en el Parque Industrial Puerto Interior. Por otro lado, en materia de parque vehicular, este se encuentra conformado por unidades especializadas de la más alta tecnología para la atención de situaciones de riesgo y emergencias. En lo referente al capital humano, la Coordinación Estatal, integra una plantilla de 126 personas altamente profesionalizadas, capacitadas y certificadas para identificar, prevenir, gestionar, coordinar y atender los efectos que puedan llegar a ocasionar los peligros y riesgos existentes en el territorio estatal, proporcionando con esto, seguridad a las y los guanajuatenses y sus visitantes.

    En adición a lo señalado, es importante indicar que, en lo que va de la presente administración, esta Coordinación Estatal, ha realizado importantes trabajos y acciones tendientes a la prevención, reducción de riesgos y atención de desastres, subrayando con ello, la consideración de protocolos y medidas de actuación ante la pandemia COVID-19 suscitada en los últimos meses. No cabe duda que, nuestra entidad, es reconocida por contar con una Protección Civil profesionalizada y coordinada en la que participan los gobiernos y la sociedad organizada. Esto nos lleva, en el marco conmemorativo del Día Nacional de Protección Civil, a refrendar nuestro compromiso con la sociedad guanajuatense y sus visitantes, en la importante tarea de proteger la integridad física de las personas, sus bienes y su entorno, mediante una política pública integral y transversal que haga de la prevención, un hábito permanente, y la reacción, una actividad efectiva y oportuna.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato


     

     

     

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  2. Violencia familiar y el confinamiento

    14 septiembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    El factor sanitario con motivo de la pandemia COVID-19, es el nodo causal de los próximos escenarios político, económico y social que coadyuvarán en mayor o menor medida con el fenómeno de las violencias y la delincuencia. La Organización Mundial de la Salud, así como las respectivas dependencias homólogas a nivel federal y estatal, establecieron como estrategia el distanciamiento físico y la limitación de la movilidad en la población y los sectores productivos, dicha condición, ha implicado un cambio radical en la convivencia y la manera de socializar. Si bien, la pandemia nos distanció de familiares y amigos, el uso de las tecnologías de la información regeneró la manera en que nos comunicamos y relacionamos.

    Sin embargo, no todo lo acontecido últimamente ha sido referencia de fortalezas y oportunidades. Derivado del acatamiento de la estrategia de obligado confinamiento, el escenario de convivencia entre hijos, familiares o compañeros de piso se incrementó, aunado también a la proximidad de factores estresantes que abarcan desde la situación económica hasta las dificultades laborales, entre otros factores detonantes, todo ello, ha contribuido con el detrimento del bienestar físico y mental del individuo y en consecuencia sus relaciones familiares y personales, sin dejar de mencionar los brotes de violencia interpersonal.

    La violencia interpersonal, de acuerdo con la OMS, se subdivide en violencia intrafamiliar y comunitaria. Es importante señalar que, de acuerdo con especialistas en violencia intrafamiliar de la Universidad de Birmingham – Reino Unido, ésta constituye uno de los principales riesgos para niñas, niños, mujeres y adultos mayores que ya viven con alguien que es abusivo o controlador, adicional al impacto de factores psicológicos causados por las estrategias de distanciamiento entre otros elementos estresantes derivados de la pandemia. De acuerdo con el artículo “The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence”, publicado el pasado 20 de febrero por la Revista Lance, algunos efectos psicológicos son: trastornos emocionales, depresión, ansiedad, estrés, bajo estado de ánimo, insomnio, irritabilidad, ira y agotamiento emocional.

    Ante escenarios de este tipo, las estrategias de necesario confinamiento cierran las vías de escape, búsqueda de ayuda y otras formas de atender a las víctimas de violencia interpersonal, ello reviste de un significativo desafío en cuanto a la aplicación de medidas de atención, canalización, prevención y denuncia. Al respecto, en el Estado de Guanajuato, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el índice del delito de violencia intrafamiliar por cada 100,000 habitantes refiere que, tuvo un incremento del 1% en el mes de mayo con respecto abril (mínimo histórico), destacando posteriormente los aumentos graduales el resto de los meses, aspecto coincidente con el agravamiento del fenómeno con motivo de la pandemia y la estrategia de confinamiento misma que inició de manera oficial el 17 de marzo.

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    A pesar de que el fenómeno ha ido a la baja con respecto al máximo histórico registrado durante el mes de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del modelo transversal de prevención social de las violencias y la delincuencia, ha dispuesto una serie de acciones de naturaleza informativa con el propósito de impulsar la prevención, el autocuidado y los mecanismos de denuncia a través de los sistemas 9-1-1 emergencias y 0-8-9, privilegiando en todo momento, ante esta nueva normalidad, estrategias de comunicación social mediante medios y mecanismos virtuales en atención a las restricciones establecidas por nuestras autoridades sanitarias.

    El propósito de lo anterior, consiste en informar a la población de prioridad estratégica (niñas, niños, mujeres y adultos mayores) acerca de aquellas pautas de comportamiento y dimensiones de riesgo en sus diversos ámbitos de manifestación, que impliquen vulnerabilidad y atenten contra la integridad de sus derechos fundamentales. De forma adicional y con el propósito de preservar la vida, integridad y derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia, se ha establecido una intensa campaña de comunicación social con la finalidad de impulsar el uso responsable del Sistema Integral de Atención para las Mujeres (SIAM 0-7-5), mecanismo de prevención, atención, contención seguimiento y canalización transversal de casos de violencia de género.

    En cuanto a los eventos reportados al sistema de emergencias 9-1-1 sobre casos de violencia familiar en el estado, destacamos su comportamiento poco atípico, identificando su máximo histórico en el mes de abril, para después disminuir de forma gradual el resto de los meses. Ahora bien, desde otra perspectiva, el 80% de las llamadas recibidas con motivo de “violencia familiar” se recibieron entre las 12:00 y la 1:00 del siguiente día y siendo de las 19:00 a las 23:00 el parámetro temporal con mayor actividad.

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    Por otro lado, con la finalidad de incorporar prácticas policiales que garanticen la atención adecuada de mujeres y niñas en situación de violencia, se han conformaron diez Unidades Especializadas de Prevención y Atención de Violencia de Género en los municipios de Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, Purísima del Rincón, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, así como las Fuerzas de Seguridad Pública en el ámbito estatal. La Unidad Especializada está integrada por elementos de seguridad pública municipal y su principal objetivo consiste en atender a mujeres en situación de violencia, desde un orden de prevención, protección, asesoría y denuncia.

    A pesar de las adversidades con motivo de la pandemia COVID-19, hemos sido muy escrupulosos en desarrollar e implementar las mejores estrategias para procurar el derecho de niñas, niños, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia, condición que demanda un gran compromiso y esfuerzo de todos los actores involucrados, tanto del gobierno como de la sociedad civil organizada. Estamos convencidos de que juntos, contribuiremos a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como también preservar las libertades, el orden y la paz social, para con ello, construir una entidad federativa próspera y pacífica en donde la persona y su dignidad estén siempre en el centro del actuar gubernamental.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

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  3. La profesionalización policial, nuestra apuesta

    7 septiembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    En el marco del compromiso democrático del Estado constitucional en materia de Seguridad Pública, la sociedad y sus instituciones, requieren de organismos públicos encaminados a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden y la paz públicos. El fenómeno de las violencias y la delincuencia, tiene una naturaleza multicausal con efectos multilaterales, requiere de un proceso de atención holístico, focalizado y transversal, desde sus causas estructurales, hasta la atenuación de factores que favorecen el impulso inmediato a la transgresión de derechos, siendo los cuerpos de seguridad pública, de cara a la sociedad, eslabón necesario en la cadena de tratamiento integral a la problemática.

    Por esta razón, son requeridos mujeres y hombres debidamente capacitados y profesionalizados con un alto sentido ético, profesional y vocación de servicio; para tal propósito, resulta prioritario proporcionarles las herramientas consistentes en valores, competencias, habilidades, actitudes y aptitudes necesarias para el adecuado desarrollo de su función. En consecuencia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPEG), con el propósito de fortalecer el esquema estratégico de seguridad pública, mediante el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE), forma, capacita y profesionaliza permanentemente a los cuerpos de Seguridad Pública Estatal y Municipal mediante un modelo de profesionalización que garantiza el crecimiento tanto personal como académico de las y los elementos.

    El Instituto de Formación Seguridad Pública del Estado, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, tiene por objeto “… la formación, profesionalización y certificación de los servidores públicos en el área de seguridad pública del estado y de otras entidades federativas, a través de la docencia, investigación y extensión; así como la impartición de programas académicos de nivel medio superior, superior y postgrado, en las diversas áreas de seguridad pública; la validación y supervisión de los planes y programas de capacitación del personal de los prestadores de servicios de seguridad privada, acreditando a los instructores y las empresas de capacitación en la materia, conforme a los términos y condiciones que establezca la reglamentación respectiva.”

    Cabe mencionar que, el INFOSPE, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Seguridad Pública, siendo para esta, un gran aliado en el proceso de fortalecimiento institucional, factor elemental para el desarrollo e implementación de políticas públicas encaminadas a la mejora de las condiciones de bienestar social y seguridad pública, por intermedio de un planteamiento estratégico, sensible y cercano a las demandas sociales en materia de prevención social, así como de vigilancia, coordinación operatividad e inteligencia policial.

    El modelo de profesionalización, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, integra cursos de formación inicial y continua, con sus respectivos esquemas de actualización, especialización y alta dirección; estos programas, se encuentran validados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, existen las opciones de especializarse a nivel superior con la Licenciatura en Seguridad Pública, o bien, la Maestría en Criminalística o Política Criminal, cuyos programas cuentan con validez oficial por las autoridades educativas del Estado y de la Federación.

    Es importante destacar que, el INFOSPE, cuenta con certificaciones a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), otorgó la Cédula de Registro de Instancia Capacitadora “A”, lo cual, faculta al Instituto para impartir programas de formación inicial y continua en el estado y el resto del país. Dicho reconocimiento, se le otorgó por apegar sus procesos al Programa Rector de Profesionalización del SESNSP, así como a los estándares de equipamiento e infraestructura del Modelo Óptimo de la Función Policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. El INFOSPE, fue de las primeras Instituciones de capacitación del país y la primera del Estado en obtener este registro.

    De igual forma, los instructores egresados del Instituto, suman por parte del SESNSP, la certificación de competencias básicas de la función policial, siendo las siguientes: 1) acondicionamiento físico, uso de la fuerza y legítima defensa; 2) armamento y tiro policial; 3) conducción de vehículos policiales; 4) detención y conducción de personas; 5) manejo de bastón pr-24; 6) operación de equipos de radiocomunicación; y, 7) primer respondiente.

    Por otro lado, cinco instructores del Instituto obtuvieron la certificación de competencia laboral en el estándar ECO308 (capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de Igualdad entre mujeres y hombres, nivel básico), el cual fue emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), bajo el aval de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas.

    En el ámbito internacional, la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (CALEA), otorgó al Instituto la certificación denominada Trainning Academy; con ello, se fortalece la profesionalización del personal policial con énfasis en técnicas instructivas y procesos de trabajo comprometidos con la excelencia en el liderazgo, gestión de recursos y prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía.

    Además, con el auspicio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), dos instructores del Instituto, fueron partícipes de un intercambio de profesionalización policial en las Academias de Policía de San Antonio Texas y Fort Worth Texas.

    De igual manera, por conducto de la INL, se capacitaron a dos instructores en el proceso de Acreditación para Instructores-Evaluadores de Analistas en Seguridad Pública; tres en el “Curso de Actualización para la Formación del Primer Respondiente con Perspectiva de Género y Enfoque Diferencial”; y uno en el “Diplomado en Prevención, Investigación del Feminicidio y Actuación Policial”.

    En suma, el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, además de diseñar, desarrollar, dar seguimiento y evaluar el programa permanente de capacitación, actualización y especialización de los servidores públicos que conforman el Sistema Estatal de Seguridad Pública, el INFOSPE fortalece la formación de investigadores, profesores, especialistas y técnicos en las diversas áreas de las ciencias penales.

     

    Datos Relevantes INFOSPE (septiembre 2018 a julio 2020)

    Elementos Capacitados Estatales y Municipales
    Elementos capacitados en Formación Continua: 10 mil 093
    Elementos en cursos de Formación Inicial: 2 mil 385
    Elementos capacitados de manera especializada: 480
    Total 12 mil 958
    Fuente: Base de datos del INFOSPE, 2020

     

    Alumnos Egresados de formación Académica
    Licenciatura en Seguridad Pública: 54 alumnos.
    Maestría en Criminalística: 24 alumnos
    Maestría en Política Criminal: 18 alumnos
    Total 96 alumnos
    Fuente: Base de datos del INFOSPE, 2020

     

    Alumnos Egresados de formación Académica
    Guardias de Seguridad privada capacitados Número de empresas
    1 mil 756 178
    Fuente: Base de datos del INFOSPE, 2020

     

    Para el INFOSPE la labor de acompañamiento en el fortalecimiento de las capacidades de los órganos públicos encargados de salvaguardar los derechos humanos y la seguridad ciudadana, es primordial, todo ello, a partir de modelos innovadores de profesionalización encaminados al desarrollo de actitudes y aptitudes que coadyuven, al legítimo ejercicio del poder público, cimentado en principios como: equidad, perspectiva de género, pluralismo, transparencia, Estado de Derecho, responsabilidad institucional, y por supuesto, respeto irrestricto a los derechos humanos y garantías constitucionales, pilares que son y seguirán siendo los rectores de la profesionalización de las policías estatales y municipales.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

     

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  4. El COVID-19 y la violencia

    31 agosto, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    La epidemia del COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Con motivo de lo anterior, nuestras respectivas autoridades sanitarias a nivel federal y estatal, establecieron como estrategia de contención el distanciamiento físico y la limitación de movilidad con el propósito de mitigar la velocidad de propagación y evitar el colapso de los sistemas de salud. Cabe resaltar, que, a pesar de las medidas preventivas asumidas por los distintos órdenes de gobierno, los efectos colaterales no se hicieron esperar, resultando en escenarios adversos en los ámbitos político, económico y social, coadyuvando con ello en la génesis factorial que propicia o contiene algunas formas de violencia y delincuencia.

    Bajo dichas circunstancias, inéditas y quizá comparables con los impactos de la Gran Depresión en 1929 y la II Guerra Mundial, observamos un menoscabo no sólo de factores ambientales y contextuales, se demuestra, además, un efecto contraproducente en el entorno individual y de socialización con los diversos grupos sociales en los que está inmerso el sujeto, tales como la familia, escuela, trabajo y la comunidad. En lo que concierne al grupo familiar, ante el forzoso escenario de estrecha interacción entre hijos, familiares o compañeros de piso, derivado del confinamiento y la proximidad con factores estresantes que abarcan desde el económico hasta el laboral, han contribuido con el detrimento del bienestar físico y mental del individuo y en consecuencia sus relaciones sociales, sin dejar de mencionar los brotes de violencia interpersonal.

    Por otro lado, el escenario en materia delictiva no dista de tener también sus implicaciones con motivo de la pandemia “COVID-19”. Al respecto, a inicios de la implementación de las estrategias sanitarias en donde prevaleció el confinamiento y la restricción de actividades productivas, surgieron así, una serie de análisis y posicionamientos teóricos con respecto al comportamiento del fenómeno delictivo, destacando en ello el incremento o atenuación de ciertas conductas. Es importante señalar que, el punto de referencia de las hipótesis formuladas, partieron de teorías como las de oportunidad delictiva, las cuales, se enfocan a elementos tales como el tiempo y espacio, los movimientos cotidianos de víctimas potenciales, atribuciones o valor de objetivos, vigilancia natural, así como los cambios sociales o tecnológicos que proveen alternativas o nuevas oportunidades delictivas, entre otros.

    La génesis factorial del comportamiento antisocial y delictivo, tiene una explicación a partir de la identificación de causas estructurales, interpersonales y ambientales, las cuales, por separado y vinculadas, dan cuenta que, dichos comportamientos, surgen no sólo aspectos relacionados con el sujeto, sino también de la interacción de éste con el entorno físico y social; por lo tanto, es factible concluir que, el fenómeno delictivo, en especial algunas conductas, parcialmente ha encontrado un punto de adaptación o regresión como secuela de las circunstancias inmediatas o de proximidad afectadas con motivo de la pandemia.

    La referencia a teorías ambientales o ecológicas que hacen alusión al factor oportunidad -como las referidas en supra líneas- no son un componente determinante para explicar o predecir la causalidad de ciertos ilícitos. El fenómeno criminal, goza de tal complejidad que merece procesos de análisis y estudio con mayor cientificidad, en especial, sobre aquellos factores de naturaleza estructural que probablemente se verán perjudicados por la pandemia y que, a largo plazo, se sumarán a la cadena de causas generadoras de espacios, grupos o personas que socializan con los diversos tipos de violencias y delincuencia.

    Si bien, el objetivo del presente artículo no es la referencia de los posicionamientos por parte de analistas y periodistas en la materia al iniciar el proceso de confinamiento, vale la pena realizar una breve semblanza de la incidencia de algunas conductas delictivas a partir de la implementación de las estrategias sanitarias con motivo de la pandemia COVID-19. A continuación, se muestra un ejemplo de conductas delictivas cuyo patrón de comportamiento se vio modificado a partir del mes de marzo con motivo del inicio de la estrategia de distanciamiento físico y restricción de movilidad, evidenciando con ello el factor oportunidad.

    Las lesiones dolosas y el robo a transeúnte, tuvieron una tendencia a la baja en razón de la siguiente fórmula: ausencia de personas en la calle representa una mínima probabilidad de conflictos o robos. De la misma forma, el delito de robo a casa habitación redujo su incidencia, toda vez que el escenario de confinamiento domiciliar obstaculizó la probabilidad de robo. Caso contrario, el delito de robo de vehículo registro una tendencia al alza ante el creciente factor de vulnerabilidad.

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     Gráfica 1: Histórico lesiones dolosas 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

     

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     Gráfica 2: Histórico robo a transeúnte 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

     

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     Gráfica 3: Histórico robo a casa habitación 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

     

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     Gráfica 4: Histórico robo de vehículo 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

     

    En ese sentido, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPEG), ha mantenido un proceso permanente de monitoreo y análisis del comportamiento de conductas antisociales y delictivas, con el propósito de identificar factores críticos y con base en ellos, disponer de las acciones que sean necesarias bajo un modelo de trabajo sinérgico con dos vertientes: a) la prevención social de las violencias y la delincuencia; y b) la vigilancia, coordinación, operatividad e inteligencia policial; ambas, con estricto cumplimiento y comunicación de las medidas sanitarias recomendadas por nuestras autoridades.

    Relativo al modelo preventivo, la SSPEG, impulsa el autocuidado y la prevención en sus diversos ámbitos para la atención multidimensional de factores de riesgo a través de un planteamiento alternativo que privilegia el uso de medios y mecanismos virtuales como estrategias de comunicación e interacción social. Por otra parte, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), continúan con la salvaguarda de la integridad y derechos de las y los guanajuatenses mediante la estrategia Guanajuato Seguro. En el periodo del 17 al 24 de agosto, las distintas divisiones de la Comisaría General de las FSPE realizaron 2,426 patrullajes; se desplegó vigilancia en 816 colonias, 697 comunidades rurales, 539 empresas, 49 plazas comerciales, 113 locales comerciales y se instalaron 176 puestos de control.

    Con ambos modelos de trabajo sinérgico en permanente funcionamiento, se impulsa la recomposición del tejido social mediante la atención de grupos sociales y delimitaciones territoriales de alta prioridad estratégica, privilegiando en todo momento, los principios de equidad, perspectiva de género, transparencia, estado de derecho, respeto por los derechos humanos, responsabilidad institucional, y por supuesto, la coordinación interinstitucional e intersectorial, para juntos, sociedad y gobierno, hacer de Guanajuato la Grandeza de México.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     

     

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  5. El Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato

    24 agosto, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Sistema Penitenciario

     

    El Sistema Penitenciario en nuestro país, encuentra fundamento en el Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo consiste en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, sobre la base racional de aquellos presupuestos técnico – jurídicos que delimitan al Derecho Penal en su aplicación, todo ello, acorde a los principios de legalidad y culpabilidad, en cuya praxis destacan la justicia penal y el precepto de humanidad, siendo este último, de especial relevancia en la responsabilidad institucional de reinsertar a la persona en internamiento mediante su adecuación a estrategias de prevención terciaria.

    Para el Estado mexicano, el modelo transversal de reinserción social, consiste en un proceso progresivo, técnico e individualizado que compone un conjunto de actividades encaminadas a la integración psicosocial de la persona sentenciada por vulnerar la ley penal, fortaleciendo con ello, el acatamiento de las normas jurídicas y sociales. Cabe mencionar que, dicho modelo, se organiza sobre la base del respeto a los derechos humanos, la educación como factor de desarrollo humano, el trabajo y la capacitación para el mismo, el deporte, y, por supuesto la salud, elementos esenciales en la satisfacción de necesidades personales y familiares.

    De igual forma, el proceso transversal de reinserción social, incluye la integración del expediente jurídico – técnico de cada interno, la clasificación de la persona con base en criterios mínimos como son: situación jurídica, género, edad y régimen de vigilancia, al mismo tiempo de aspectos clínico – criminológicos; también, el funcionamiento del Comité Técnico Interdisciplinario, como aquel órgano colegiado cuya función consiste en orientar, evaluar y dar seguimiento al tratamiento de la persona en internamiento, entre otras funciones que impliquen el adecuado manejo de los Centros de Prevención y Reinserción Social.

    El Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato, está integrado por diez Centros de Prevención y Reinserción Social distribuidos en los municipios de Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, San Felipe, San Miguel de Allende y Valle de Santiago. En total, los CEPERESOS, al 31 de julio del 2020, albergan una población total de 6,463 personas privadas de su libertad. Es preciso mencionar que, de conformidad con las disposiciones legales en los ámbitos federal y estatal, así como de los tratados internacionales en la materia, se ha garantizado un trato digno y respetuoso de los derechos humanos en todo momento.

    La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (DNSP), evaluó las condiciones del Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato en los siguientes rubros: 1) integridad física, psicológica y moral del interno; 2) estancia digna; 3) condiciones de gobernabilidad; 4) reinserción social del interno; y, 5) atención de internos con requerimientos específicos; como resultado de dicha valoración, nuestro Estado se posicionó dentro de los cuatro mejores Sistemas Penitenciarios a nivel nacional, junto con Querétaro, Tlaxcala y Coahuila.

    Cabe aclarar que, el Estado de Guanajuato, ha obtenido calificaciones satisfactorias en los rubros mencionados, colocando a nuestro Sistema Penitenciario como uno de los mejores del país. En lo que concierne a la evaluación del proceso de reinserción social de la persona privada de su libertad, de acuerdo con el DNSP 2019, Guanajuato ocupa el 2° lugar en el ranking estatal, motivando con ello, la mejora permanente de dicho proceso al tenor de los criterios mínimos de clasificación penitenciaria y el tratamiento interdisciplinario, todo ello con estricto apego al pleno respeto y observancia de los derechos humanos.

    Por otro lado, es de subrayar que, los diez Centros Penitenciarios del Estado, cuentan con la acreditación y certificación por parte de la Asociación Americana de Correccionales (ACA), organización encargada de acreditar Centros Penitenciarios de acuerdo a 137 estándares, siendo éstos, parte de las estrategias del Programa de Correccionales de la Iniciativa Mérida para el mejoramiento del Sistema Penitenciario Mexicano. Al respecto, según el DNSP 2019, del 100% de los Centros Penitenciarios del país, el Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato, forma parte del reducido grupo de Centros debidamente acreditados.

    En ese tenor, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Sistema Estatal Penitenciario, en agosto del 2018 recibió el Premio Águila Dorada por parte de la Asociación de Correccionales Americanas (ACA) por certificar todos sus Centros; dicho distintivo, simboliza el compromiso hacia la excelencia en las operaciones correccionales, como parte de la dedicación por mejorar la seguridad pública y el bienestar de las personas que están privadas de la libertad.

    Ahora bien, en lo referente a los efectos de la pandemia COVID-19, de acuerdo con el Informe Especial en Centros Penitenciarios llevado a cabo por la CNDH, el Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato, ha reportado ocho casos confirmados, de los cuales, siete están recuperados, restando uno en tratamiento. Los Centros Penitenciarios de Guanajuato, cuentan con protocolos de atención, información y medidas de prevención al exterior y en aduana de ingreso, así como también medidas de sanidad, monitoreo y supervisión de las unidades médicas en cada uno de los Centros Penitenciarios.

    En Guanajuato, estamos plenamente convencidos en que un Estado Social y Democrático de Derecho, no se conforma únicamente con la proclamación de preceptos magnos, si no que exige garantizar y promover las condiciones necesarias para que los derechos humanos sean respetados en todas sus latitudes, incluyendo las personas en situación de internamiento, puesto que las penas privativas de libertad y medidas de seguridad, deben ir orientadas hacia la reinserción social sobre la base del respeto a la dignidad de la persona, lo cual, coadyuva con la responsabilidad compartida en la reconstrucción del tejido social.
    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

    Sistema Penitenciario

  6. La Policía: proximidad y confianza ciudadana

    17 agosto, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    tur

     

    Sin duda, la policía está presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, ello denota la paulatina consolidación de su proximidad comunitaria, así como su permanente profesionalización en las tareas de prevención y reacción, sin olvidar, por supuesto, la obligatoriedad en materia de coordinación con los tres órdenes de gobierno y el respeto irrestricto de los derechos humanos dentro de un marco legítimo de legalidad. Todos los días nuestras Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), asumen su compromiso con la población guanajuatense y con ello, la responsabilidad y orgullo que ello implica.

    En el Gobierno que encabeza el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el fortalecimiento institucional de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, se consolidó notablemente bajo rubros que inclusive hoy en la opinión pública son motivo de comparaciones en relación con las corporaciones de seguridad municipales, a cuyas autoridades locales se les ha pedido urgentemente fortalecer, signando para ello compromisos dentro del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

    Por ejemplo, actualmente nuestras Fuerzas de Seguridad Pública entraron a un proceso de dignificación que comienza por un salario que les permita llevar una vida mejor; la especialización dentro de la Institución para cumplir más eficientemente con su labor; la eficacia que no es otra cosa que brindar ante la sociedad resultados, resultados y más resultados; la proximidad y el acercamiento social que son finalmente el preámbulo a uno de los objetivos más importantes de toda policía: la confianza ciudadana que hoy por hoy coloca a las FSPE en su nivel, como la segunda de mayor confianza ciudadana, de acuerdo a mediciones de organismos nacionales.

    Las corporaciones policiales, como bien lo ha referido la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, son las instituciones, de cara a la sociedad, las más visibles en las tareas concernientes en materia de seguridad pública e injustamente reprochadas por el éxito o fracaso de las políticas públicas encaminadas al tratamiento de las violencias y la delincuencia. Recordemos que, dicho fenómeno, resulta el último eslabón de la cadena de causas en los ámbitos estructural, individual y ambiental, condiciones que obligan el diseño e implementación de políticas integrales bajo una responsabilidad compartida.

    No obstante, el actuar de las corporaciones policiales, como parte del andamiaje del aparato público, coadyuva positivamente en las condiciones de seguridad. Es por ello, la permanente obligación de su fortalecimiento institucional que garantice la salvaguarda de los derechos e integridad de las y los guanajuatenses, así como la preservación del orden y la paz públicos, aspectos que demandan cuerpos de seguridad pública capacitados, equipados, profesionales y certificados con los más altos estándares internacionales de calidad en prácticas con un alto sentido ético, profesional y vocación de servicio.

    Aunado a lo anterior y por supuesto de igual importancia, la dignificación de la figura y labor del policía, puesto que no sólo constituye la exigencia de una mejor función por parte de las y los elementos, sino también el garantizar sus derechos laborales, traducidos en mejores condiciones y prestaciones laborales, de tal forma que permita impulsar el espíritu de cuerpo al interior de la corporación, y junto con ello, la posibilidad de emprender un proyecto de vida a través de un empleo estable encaminado al bienestar personal y familiar, retribuyendo con ello, el sacrificio y riesgos que implican el ejercicio del deber.

    Por lo anterior y como parte del trabajo incesante en el fortalecimiento institucional de las FSPE, hasta el día de hoy, nuestra Policía Estatal, cuenta con el premio Triple Arco por parte de la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc. CALEA a través de sus programas de acreditación a los organismos de seguridad pública, de los cuales, sólo 16 instituciones internacionales cuentan con este distintivo. En junio del presente año, CALEA auditó a las FSPE para la obtención de la Acreditación Nivel Avanzado, Baja California es la única entidad en México con este nivel de acreditación.

    El Estado de Fuerza de las FSPE integra a un total de 3 mil 694 elementos debidamente aprobados por la evaluación de control de confianza como lo exige la ley, siendo éste un requisito indispensable para el ejercicio de la función policial al servicio de la sociedad. Por otro lado, las estrategias de Seguridad Pública demandan la especialización en diversos rubros operativos para consolidar una atención rápida y eficaz, es por ello que, la corporación, cuenta con: una Comisaria General, Comisarías Regionales, una Comisaría del Grupo Táctico Operativo, una Comisaría de Inteligencia, y una Comisaría de Fuerza de Tarea; cinco Divisiones: de la Policía de Operaciones, de la Policía Urbana Estatal, de la Policía Procesal, de la Policía Estatal de Caminos, y de la Policía Rural; y, dos Unidades: de la Policía Turística Estatal y la Unidad Canina K9, ésta última de más reciente creación. Todos ellos, apropiadamente equipados con equipo táctico, balístico y tecnológico de vanguardia.

    Además, como parte de los derechos y dignificación policial en materia laboral, a partir de enero del 2020, las FSPE se convirtieron en la policía estatal mejor pagada del país. Anteriormente el ingreso de un policía raso era de 15 mil 348 pesos brutos mensuales. Por disposición del Gobierno del Estado 2018-2024, el salario se incrementó a 20 mil pesos mensuales netos. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una policía bien pagada, equipada y profesionalizada, coadyuvan con la efectividad policial, la sostenibilidad a largo plazo y la confianza ciudadana.

    Los esfuerzos en materia de fortalecimiento y dignificación policial en Guanajuato son fehacientes, no obstante, de nada sirve si no se perciben resultados y, además, no se consolida la confianza de la ciudadanía. En Guanajuato, la Policía Estatal, tiene presencia en los 46 municipios del estado, robusteciendo con ello su cercanía con la sociedad y las autoridades locales y federales. Indiscutiblemente una policía comprometida con la protección de los derechos y libertades ciudadanas, con altos niveles de rendimiento, coordinación y efectividad, propicia legitimidad y reconocimiento social.

    Prueba de lo anterior, es que las FSPE, fue catalogada por el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019 del INEGI, como la 2da corporación, a nivel nacional, con mayor número de intervenciones policiales, como se puede apreciar en la tabla siguiente:

    Intervenciones de la policía estatal, por entidad federativa.

    Lugar Entidad Intervenciones Lugar Entidad Intervenciones
    1 Yucatán 370,854 17 Oaxaca 14,456
    2 Guanajuato 322,445 18 Durango 13,302
    3 Ciudad de México 291,003 19 Guerrero 12,841
    4 Aguascalientes 126,685 20 San Luis Potosí 10,112
    5 México 104,827 21 Tabasco 9,532
    6 Coahuila de Zaragoza 81,387 22 Tlaxcala 9,359
    7 Querétaro 66,762 23 Sonora 9,110
    8 Veracruz de Ignacio de la Llave 40,213 24 Hidalgo 8,604
    9 Morelos 33,076 25 Nayarit 7,687
    10 Chiapas 24,250 26 Colima 6,148
    11 Baja California Sur 22,754 27 Chihuahua 3,396
    12 Nuevo León 21,980 28 Jalisco 3,131
    13 Tamaulipas 20,619 29 Baja California 1,941
    14 Michoacán de Ocampo 19,068 30 Puebla 1,897
    15 Campeche 19,013 31 Zacatecas 1,475
    16 Quintana Roo 16,109 32 Sinaloa 491
    Estados Unidos Mexicanos    1’694,527

    * Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019. Tabulados básicos.

     

    Ahora bien, en lo que concierne a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 también del INEGI, posiciona a las FSPE, a nivel nacional, como la segunda policía con mayor nivel de confianza, sólo después de Yucatán, como se puede apreciar en la tabla siguiente:

    Lugar Entidad Porcentaje Lugar Entidad Porcentaje
    1 Yucatán 75.8 17 Veracruz de Ignacio de la Llave 58.8
    2 Guanajuato 71.7 18 Jalisco 58.8
    3 Campeche 70.1 19 Tabasco 58.5
    4 Zacatecas 69.7 20 Sonora 58.2
    5 Oaxaca 68.0 21 Baja California Sur 57.7
    6 Nuevo León 68.0 22 Durango 57.5
    7 Chiapas 67.5 23 Guerrero 57.5
    8 Aguascalientes 66.0 24 Michoacán de Ocampo 56.0
    9 Tlaxcala 65.0 25 Tamaulipas 54.8
    10 Sinaloa 64.0 26 San Luis Potosí 53.6
    11 Colima 62.8 27 Quintana Roo 53.6
    12 Querétaro 62.7 28 Chihuahua 53.5
    13 Nayarit 61.7 29 Morelos 53.5
    14 Hidalgo 61.5 30 Baja California 53.4
    15 Coahuila de Zaragoza 60.6 31 Estado de México 50.0
    16 Puebla 60.1 32 Ciudad de México 39.6
     Estados Unidos Mexicanos   57.9

    * Fuente:  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE). Tabulados básicos.

    **Porcentaje de la población de 18 años y más por entidad federativa que identifica a la policía estatal y le genera confianza.

     

    La existencia de una Policía Estatal eficaz, íntegra, comprometida con los derechos humanos y dotada de una alta legitimidad y reconocimiento social es, y seguirá siendo el principal objetivo de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual, forma parte substancial del tratamiento de las causas y efectos de las violencias y la delincuencia bajo un modelo de trabajo sinérgico enfocado a dos vertientes: el de la prevención social de las violencias y la delincuencia; y, el de la vigilancia, coordinación, operatividad e inteligencia policial.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato


     

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  7. Exámenes de control y confianza en la policía, la garantía ciudadana

    10 agosto, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    La policía constituye la primera línea de contacto entre la ciudadanía y el Estado, destacando con ello, su rol preponderante en el debate público sobre la problemática de la inseguridad al ubicarse en la punta del iceberg en el escalafón transversal de prevención y contención. Indudablemente, el fortalecimiento institucional de las corporaciones policiales, es parte complementaria del tratamiento del fenómeno que nos ocupa, puesto que, en un Estado Social y Democrático de Derecho, la policía es una institución civil que garantiza derechos y preserva el orden y la paz públicos, de tal suerte que, de ella, se espera un actuar apegado a la legalidad con un alto sentido ético, profesional y vocación de servicio.

    En ese tenor y con el propósito de fortalecer la confianza y legitimidad social de nuestras corporaciones e impulsar su adecuada profesionalización de acuerdo a estándares nacionales e internacionales de certificación, es por lo que las y los elementos deben aprobar no sólo el proceso de reclutamiento y de formación inicial, sino también, las evaluaciones de control de confianza, seleccionando así, los perfiles cuyas aptitudes y actitudes, conformen una institución competente en técnicas y tácticas de intervención policial, respetuosa de la ley y los derechos humanos, con una dimensión axiológica fundamentada en principios éticos y morales con vocación y espíritu de cuerpo.

    Lamentablemente, los altos niveles de susceptibilidad hacia la policía, son consecuencia de actos de opacidad y corrupción de algunos elementos que la integran, por ello, y de conformidad con la legislación aplicable en la materia a nivel federal y estatal, es por lo que las y los aspirantes, así como el personal en activo, deben someterse y aprobar las evaluaciones de control de confianza. Dicho procedimiento, integra un conjunto de exámenes médicos-toxicológicos, psicológicos, poligráficos y de investigación socioeconómica, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de los perfiles establecidos en los procesos de ingreso, promoción y permanencia de acuerdo al género, nivel jerárquico y función ejercida o por desarrollar.

    Cabe señalar que, la corrupción en nuestro país, es un fenómeno con bastante arraigo, inclusive con cierta connivencia y permisibilidad social, de ahí la complejidad en su tratamiento, puesto que su génesis factorial se debe a causas de naturaleza política, económica, institucional, histórica y social, con manifestaciones en las esferas pública y privada. La corrupción, es definida como la desviación de intereses para la obtención de beneficios extraposicionales. Al respecto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 (ENCIG) del INEGI, señala que, a nivel nacional, el 52.8% de la población de 18 años y más considera a la corrupción como el segundo problema más importante que aqueja al país, sólo por debajo de la inseguridad con 78.6%.

    Con base en la ENCIG, en Guanajuato, de la población de 18 años y más que habita áreas urbanas a partir de los 100 mil habitantes, el 81.9% considera a la policía como la institución en la que se dan con mayor frecuencia (muy frecuente y frecuente) actos de corrupción. Es importante aclarar que, dicho fenómeno, se ha transformado en parte de nuestra vida cotidiana, como manifiesto de la crisis de incivilidad y quebrantamiento de la norma que persiste en el imaginario colectivo, tanto en la sociedad como en sus instituciones públicas, por tanto, constituye un problema no sólo de las corporaciones policiales en sus distintos niveles, sino también de la sociedad que lo permite y legitima.

    En nuestra entidad, la instancia encargada de llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza, es el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato (CECCEG), organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Gobierno. El objetivo del CECCEG, es realizar evaluaciones que permitan conocer las condiciones del personal de las áreas de seguridad pública del Estado y sus Municipios en términos de control de confianza de conformidad con la normatividad aplicable. Este centro, se mantiene a la vanguardia en infraestructura, equipamiento y profesionalización permanente.

    En Guanajuato, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la plantilla evaluada de elementos activos de la Policía Estatal de Guanajuato, el 99% aprobó sus respectivos exámenes, colocando a nuestra entidad con el segundo mejor porcentaje de aprobación a nivel federal (ver tabla 1). Ahora bien, en lo que concierne a los 46 municipios del estado, en promedio, estos tienen un porcentaje de aprobación al 99% (ver tabla 2). Cabe mencionar que, en los casos en que los resultados no sean favorables en aquellos elementos en activo que participen en procesos de permanencia, la SSP y los municipios, disponen de los protocolos necesarios para su separación de las corporaciones, todo ello con estricto respeto a sus derechos laborales, incluyendo también, orientación vocacional para su reincorporación a otro giro laboral diverso al de la seguridad pública.

    Centros de Evaluación y Control de Confianza de los Estados
    Estatus de Evaluación y Certificación
    Entidad Aprobados
    Campeche 99%
    Guanajuato 99%
    Baja California Sur 98%
    Coahuila 98%
    México 98%
    Morelos 98%
    Chihuahua 97%
    Oaxaca 97%
    Baja California 96%
    Nuevo León 96%
    Puebla 96%
    Ciudad de México 95%
    Sonora 95%
    Colima 94%
    Querétaro 94%
    Aguascalientes 93%
    Durango 93%
    San Luis Potosí 93%
    Tamaulipas 91%
    Veracruz 91%
    Tlaxcala 90%
    Chiapas 89%
    Quintana Roo 89%
    Sinaloa 89%
    Jalisco 87%
    Tabasco 86%
    Hidalgo 85%
    Michoacán 84%
    Yucatán 84%
    Guerrero 79%
    Nayarit 71%
    Zacatecas 69%

    Tabla 1: Registros del SESNSP al 31 de mayo del 2020.

     

    Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato
    Estatus de Evaluación y Certificación
    Municipio / Secretaría Aprobados
    Abasolo 100%
    Apaseo el Alto 100%
    Coroneo 100%
    Cortazar 100%
    Doctor Mora 100%
    Huanímaro 100%
    Jaral del Progreso 100%
    Jerécuaro 100%
    Manuel Doblado 100%
    Moroleón 100%
    Ocampo 100%
    Purísima del Rincón 100%
    Salvatierra 100%
    San Diego de la Unión 100%
    San Francisco del Rincón 100%
    Santa Catarina 100%
    Santiago Maravatío 100%
    Tarandacuao 100%
    Tarimoro 100%
    Tierra Blanca 100%
    Victoria 100%
    Villagrán 100%
    Guanajuato 100%
    Pénjamo 100%
    León 100%
    San Miguel de Allende 100%
    Valle de Santiago 99%
    Uriangato 99%
    Irapuato 99%
    Yuriria 99%
    Comonfort 99%
    Salamanca 99%
    Celaya 99%
    San Felipe 98%
    Dolores Hidalgo CIN 98%
    San Luis de la Paz 98%
    Apaseo el Grande 98%
    Romita 98%
    Acámbaro 98%
    San José Iturbide 97%
    Silao 96%
    Cuerámaro 95%
    Pueblo Nuevo 92%
    Santa Cruz de Juventino Rosas 91%
    Promedio total 99%

    Tabla 2: Registros del CECCEG al 30 de junio del 2020.

     

    La certificación en materia de control de confianza, se integra como un elemento más que se suma al importante proceso de fortalecimiento al servicio profesional de carrera policial, lo cual, en conjunto, constituyen, por un lado, una garantía a la sociedad guanajuatense de que las y los elementos que conforman las corporaciones, llevarán a cabo con excelencia, compromiso, vocación de servicio y rectitud, la función que por ley les fue encomendada; y por el otro, el impulso de la cultura cívica y de legalidad como una responsabilidad compartida entre la población y sus instituciones públicas, para juntos, construir un estado pacífico y próspero, y de manera coordinada, lograr la grandeza de México.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

    CONTROL DE CONFIANZA

  8. El fenómeno del homicidio en México

    3 agosto, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    El fenómeno del homicidio, obedece a una génesis factorial de suma complejidad debido a su naturaleza probabilística y multidimensional, sostenida por un conjunto de elementos causales de diversa naturaleza, por ejemplo: causas remotas (elementos estructurales o contextuales), causas mediatas (aspectos individuales y de socialización en el autor y su posible vínculo o no con la víctima) y causas inmediatas (como aquellos elementos detonantes de los hechos, de proximidad en tiempo y espacio). La combinación de dichos factores, de forma terminante, paulatina, vertiginosa o meramente circunstancial, propician la estructuración del homicidio.

    Si bien, el fenómeno ha sido investigado como unidad de análisis desde una perspectiva cuantitativa de lo evidentemente perceptible a través de los medios de comunicación y la opinión pública, pocos han sido los estudios interdisciplinarios que se ocupen de su génesis y dinámica como un elemento coadyuvante para entender la magnitud y alcance de las diversas formas de violencia interpersonal como propiciadores del fenómeno, que van desde la constitución del sujeto y sus procesos de socialización, su vínculo con las normas sociales y jurídicas, accesibilidad a desarrollo y bienestar social, inclusive, la permeabilidad colectiva de ciertos ilícitos de naturaleza regional o transnacional cuya fuerte connotación económica y cultural, se constituyen como medios ilegítimos de movilidad social.

    Por lo anterior, es necesaria la participación y colaboración de operarios públicos de los tres niveles de gobierno, así como de los diversos sectores de la sociedad organizada, no sólo en la parte operativa, inteligencia policial y denuncia, por supuesto muy importante, sino también de aquellos involucrados en los diversos programas de desarrollo social, los cuales, de manera transversal, interdisciplinaria, focalizada y coordinada, promueven el bienestar de las personas y fomentan comportamientos favorables mediante la implementación de estrategias que inciden en los distintos factores de riesgo en los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial. Cabe mencionar, que, el fenómeno del homicidio, constituye el último hierro de la cadena de causalidad, cuyo tratamiento, exige su atención a partir de los eslabones que le preceden mediante la prevención, disuasión, detección, investigación y sanción (causas – efectos).

    Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que data del año 2018 ya consideraba el homicidio como una de las primeras causas de muerte en México en población en general, la violencia homicida ha seguido creciendo en todo el país como fenómeno asociado cada vez más a la presencia de grupos de la delincuencia organizada.

    Los homicidios dolosos en México, como consecuencia de esta violencia ejercida por los grupos delictivos durante los años 2007 al 2011 triplicaron su incidencia. La tasa se estabilizó hasta 2015, cuando los grupos del crimen organizado comenzaron a fragmentarse y diversificarse, pero después, la tasa se incrementó hasta su máximo histórico con más de 30,000 homicidios en el 2017.

    Parte de las causas inmediatas de dicho incremento, se debe, entre otras causas, a la muerte o el encarcelamiento de líderes de alto perfil de la delincuencia organizada; los operativos policiales que debilitan a un grupo con relación a otro; el equilibrio de poder entre grupos delictivos y los cambios en los mercados ilícitos regionales y transnacionales.

    En Guanajuato, el 90% de las víctimas de homicidio doloso por arma de fuego, integraban células o grupos de la delincuencia organizada, de acuerdo a la información determinada por carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado.

    Sin embargo, existen ciudades del país con una población de más un millón de habitantes, comparándola por ejemplo con la ciudad de León por su cantidad de población, donde la incidencia de homicidios violentos en este 2020, es por mucho superior.

    Los municipios que se muestran en la gráfica siguiente de más de un millón de habitantes, tienen una incidencia delictiva de homicidios dolosos desproporcionada al compararse con el municipio de León. La incidencia de homicidio doloso en León, corresponde al 38% de lo observado en Juárez, Chihuahua y al 32% de lo registrado en Tijuana, Baja California. imagen 1En el periodo enero-junio de 2020 se presentó incidencia de homicidio doloso en 1,287 municipios del país, que corresponde al 53% del total de los mismos.

    Por lo que hace a la incidencia por homicidio doloso en el mismo periodo enero-junio de 2020, la siguiente gráfica muestra que sólo una de las ciudades guanajuatenses aparece en la tabla media y no en los primeros lugares, tal como se ha dicho.

    A continuación, se muestran datos del fenómeno de homicidio doloso en los municipios del país en lo que va del 2020:

    imagen 2
    La Seguridad Pública y la Justicia, son funciones concurrentes y prioritarias a cargo de los tres órdenes de gobierno, por lo que no cabe su polarización por motivos políticos; en ese sentido, la ley es muy clara en sus objetivos, entre los cuales destaca, garantizar las condiciones necesarias que permitan el desarrollo de las personas, así como la convivencia social en un ambiente de paz, tranquilidad y respeto de los derechos humanos.

    Estos elementos, totalmente independientes de la presión o diligencias partidistas de las élites políticas, tal como ha venido sucediendo en el Estado de Guanajuato; deben abonar a la democracia como un valor que se fundamenta en los principios de la representación y la convivencia social, destacando en ello: la libertad, justicia, fraternidad, igualdad, tolerancia, solidaridad, respeto y diálogo. Los que integramos los poderes públicos, debemos ser los principales baluartes de dichos principios y valores, cuyo único marco de actuación formal no debe sobrepasar la ley.

    Por lo que debemos fortalecer, como hasta hoy, la coordinación interinstitucional para que todas las autoridades encargadas de brindar y coadyuvar a la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, junto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aportemos argumentos y acciones que ayuden a recobrar la confianza de los ciudadanos, y logremos devolverles la paz y tranquilidad a todas las familias guanajuatenses.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

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  9. Números de emergencia 911, 089 y 075, los mejores aliados en Seguridad Pública

    27 julio, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

     

    NÚMEROS DE EMERGENCIA 911, 089 y 075, LOS MEJORES ALIADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA

     

    El principio de legalidad es el elemento esencial que debe prevalecer en un Estado, gracias a él, se pueden establecer controles sobre la autoridad, así como límites al goce y ejercicio responsable de la libertad, ambos, con absoluto respeto a las garantías constitucionales. En el proceso de interacción entre el desempeño del poder público y el ejercicio de la libertad, el principio de legalidad puede verse vulnerado, ya sea con el actuar desproporcionado o discrecional del Estado, o bien, con el actuar del individuo cuando rebasa lo expresamente prohibido por las normas.

    Es así que, nos encontramos con dos elementos fundamentales: la existencia de criterios normativos y la conformidad con los mismos; lo anterior, nos lleva al concepto de legitimidad, la cual, ayudará a generar consenso en torno a la aceptación de la ley y su aplicación, es decir, cada persona tiene la responsabilidad de aportar al fortalecimiento del Estado de Derecho.

    La cultura de la legalidad, implica un proceso de discernimiento, aceptación y cumplimiento voluntario de la norma, no sólo por su carácter coercitivo, sino por el interés colectivo de bienestar, cuya consolidación requiere de la participación ciudadana para lograr con ello el respeto de las leyes. La denuncia ciudadana es un mecanismo más de coparticipación, cuyo fin último, es el coadyuvar con la preservación del orden y la paz pública, de conformidad con las estrategias de naturaleza preventiva y reactiva.

    Entre los mecanismos de denuncia ciudadana que activan el aparato de procuración de justicia, a través del Ministerio Público, se encuentran las líneas telefónicas de: la Denuncia Anónima 089 y el Sistema de Emergencias 911 que proporciona asistencia de servicios médicos, policiales y de protección civil, coadyuvando con la preservación del orden y la paz pública. Estas variables son dependientes de una adecuada cultura de la legalidad y participación ciudadana en su uso “racional, responsable y pertinente” de acuerdo a la naturaleza de la emergencia por la cual se requiere un servicio, el cual, es provisto por personal capacitado en el manejo de emergencias apoyado con la mejor tecnología de cómputo y radiocomunicaciones.

    Asimismo, el Gobierno del Estado, dispone del Sistema Integral de Atención para las Mujeres (SIAM 075), cuyo objetivo consiste en preservar la vida, integridad y derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia de género, mediante el uso de un mecanismo integral y transversal de servicios especializados en proveer atención inmediata en caso de emergencia (servicio médico, policial y de protección civil), contención psicológica, orientación jurídica y seguimiento especializado según el caso.

    Cabe mencionar que los tres sistemas (911, 089 y 075), integran un conjunto de estrategias clave para la denuncia de conductas violentas y delictivas con su respectivo protocolo de atención en un primer nivel de contacto, buscando en todo momento el impulso de una sociedad proactiva, responsable y comprometida con la cultura de la legalidad a través de su participación con la denuncia.

    Es importante aclarar, que con motivo de la pandemia COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, así como las respectivas dependencias homólogas a nivel federal y estatal, establecieron como estrategia de contención, el distanciamiento físico y la limitación de la movilidad con el propósito de mitigar la velocidad de propagación y evitar el colapso de los sistemas de salud, no obstante, dichas medidas, han implicado una serie de efectos físicos, psicológicos, sociales y situacionales que han intervenido con el agravamiento de diversas formas de violencias y delincuencia, condiciones que han significado el fortalecimiento de los sistemas antes mencionados junto con sus respectivos protocolos de atención con el propósito de proporcionar un servicio más eficiente a la problemática actual.

    Los sistemas 911, 089 y 075, proveen servicios, previenen y coadyuvan en la sanción de conductas, constituyendo un importante insumo de información sistematizada y georreferenciada en materia criminológica para la atención y prevención de las violencias y la delincuencia.

    La participación ciudadana a través de estos instrumentos de denuncia, contribuye en materia de seguridad ciudadana, política criminal y prevención social (…) a la génesis factorial del fenómeno en cuestión, traduciéndose en estrategias de disuasión, prevención, denuncia, reacción, investigación, sanción y tratamiento de víctimas, pero además se convierte en un mecanismo que auxilia al ciudadano en la defensa de su vida, integridad y patrimonio.

    Por nuestra parte, en el Gobierno de Guanajuato a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, estamos conscientes de la importancia del uso de estas plataformas tecnológicas para la seguridad. Por eso, el llamado siempre permanente a que las utilicemos en el momento en que se haga necesario, porque es un mecanismo de participación ciudadana contra la impunidad y el delito.

     

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato


     

    Numeros de Emergencia

  10. ¡Prevenir está en nuestras Manos!

    20 julio, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Prevenir

    PREVENIR ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

     

    Para el Estado de Guanajuato, el diseño e implementación de políticas de seguridad ciudadana constituyen una prioridad en la agenda de gobierno, las cuales, tienen como propósito general el establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, mediante la prevención y el tratamiento de las diversas formas de violencias y delincuencia en la sociedad, permitiendo con ello, la reconstrucción del tejido social que permita una convivencia pacífica en nuestra entidad.

    Es bajo esta dimensión de la seguridad, la forma más idónea para el abordaje de las violencias y la delincuencia, desde un enfoque de la participación proactiva de la sociedad y de los individuos, y, sostenida a partir de un adecuado ejercicio democrático del poder público, cimentado en principios como: la equidad, perspectiva de género, pluralismo, transparencia, estado de derecho, respeto de los derechos humanos, responsabilidad y por supuesto, la coordinación interinstitucional e intersectorial.

    El fenómeno de las violencias y la delincuencia es multidimensional en su origen. Cuando se tiene la oportunidad de estudiarlo, es tan complejo y está envuelto en una fuerte polémica conceptual; una de las estrategias más eficaces para comprenderlo y atenderlo, consiste en darle significado a partir de su génesis, más que, como causas, como factores de riesgo en sus diversos ámbitos de manifestación.

    Es así que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ha integrado en su actuar gubernamental, la política de prevención social como un modelo de trabajo transversal, focalizado, multidimensional, intersectorial, con efectos continuos, medibles y evaluables en favor de grupos sociales de prioridad estratégica, de entre los cuales podemos destacar a las mujeres, niñas, niños adolescentes y jóvenes de nuestro estado.

    Dicha política, se fundamenta a través del mecanismo rector de planeación, al que hemos denominado Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019 – 2024, publicado el 5 de marzo de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, mismo que, a través de un planteamiento interinstitucional, busca la participación ciudadana, el impulso de la prevención y el autocuidado en sus diversos ámbitos para la atención multidimensional de los factores de riesgo en la materia, a efecto de coadyuvar en la mejora de la calidad de vida, en donde el eje y razón de ser es posicionar a la persona y sus derechos como eje central de las políticas públicas del Gobierno encabezado por el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

    El Programa Estatal, busca la integración y coordinación de las entidades y dependencias de la administración pública estatal, con la participación de los municipios y la sociedad civil organizada en 101 zonas de intervención social. De esta manera, se instauró una estrategia a partir de cuatro líneas de trabajo transversal:
    1) Legalidad, convivencia pacífica y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;
    2) Salud, bienestar y calidad de vida;
    3) Desarrollo humano y justicia social; e,
    4) Infraestructura comunitaria y cohesión territorial.

    Para llevarlas a buen término, se integró la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, como el máximo órgano de diseño, ejecución y coordinación de políticas en la materia, que ha sido muy escrupulosa en identificar y priorizar las estrategias, constituyendo en ello, una agenda transversal de 103 programas sociales a cargo de 29 dependencias estatales, enfocadas a diversos ámbitos de contención psicosocial, como son: educación, desarrollo social y económico, salud, cultura, empleo, deporte, participación ciudadana, infraestructura, entre otros.

    La política de prevención social, demanda un gran compromiso y esfuerzo de todos los actores involucrados, tanto del gobierno como de la sociedad organizada.

    Estamos convencidos de que juntos, sociedad y gobierno, contribuiremos a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como también preservar las libertades, el orden y la paz social, para con ello, construir una entidad próspera y pacífica en donde la persona y su dignidad estén siempre en el centro del actuar gubernamental, y juntos sean, la grandeza de México.

    ¡Prevenir está en nuestras Manos!

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     

     

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