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Evaluación

Guanajuato comprometido con la Coordinación Interinstitucional

El pasado 16 de febrero tuve el privilegio de acompañar al C. Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la Mesa de Seguridad Nacional. El propósito de la reunión, consistió en dar puntual seguimiento a la estrategia conjunta de seguridad implementada entre el Estado de Guanajuato y la Federación. Cabe señalar que en dicho encuentro, se contó con la destacada presencia de las titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

De conformidad con la Mesa de Seguridad Nacional, es necesario subrayar el permanente compromiso de nuestro Gobierno con la coordinación interinstitucional entre el Estado y la Federación en el marco del artículo 21 Constitucional, en el que refiere a la Seguridad Pública, como una función concurrente entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, el mandato constitucional señala la obligada coordinación entre los tres órdenes de gobierno para establecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Como resultado del encuentro, se acordó la celebración de mesas de trabajo semanales con el propósito de dar puntual seguimiento a la estrategia de seguridad conjunta implementada en el estado y con ello, atender de manera transversal y permanentemente la incidencia de conductas delictivas de alto impacto social vinculadas con la delincuencia organizada. Por lo que se refiere al fenómeno delictivo, sabemos de antemano que este obedece a una suma de factores multidimensionales con efectos multilaterales, cuya dinámica requieren de un tratamiento interinstitucional.

Por consiguiente, ante la diversificación operativa del crimen organizado consecuencia del actuar de la autoridad, la detención de líderes de alto perfil criminal, el equilibrio de poder entre grupos delictivos rivales y, principalmente, la transformación de los mercados ilícitos, es por lo que se requiere la permanente coordinación para el despliegue de esfuerzos estratégicos dentro del marco de acción de todas las instancias constitucionales de gobierno, coadyuvando así, con la culminación de estrategias y esquemas de prevención, combate al delito y fortalecimiento territorial en la región.

Aunado al trabajo de coordinación interinstitucional, por instrucciones del C. Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se ha implementado la “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana 2018 – 2024”, mecanismo neurálgico de las acciones de seguridad sustentado en un modelo de trabajo integral con el apoyo de los Municipios y los diversos sectores de nuestra sociedad organizada, a través de tres vertientes estratégicos: a) el de la prevención social de las violencias y la delincuencia;  b) vigilancia, coordinación operativa e inteligencia policial; y, c) fortalecimiento jurídico – institucional.

Lo precedente, conlleva la implementación de una serie de programas que ratifican nuestra responsabilidad de proximidad social, así como de protección a los grupos poblacionales de prioridad estratégica, mediante un esquema de acción pública que salvaguarda los Derechos Humanos, empodera a las familias, impulsa la legalidad, promueve la participación ciudadana y previene las diversas manifestaciones de violencias para con todo ello, hacer de Guanajuato, la Grandeza de México.

 

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

 


Percepción de seguridad

La percepción de inseguridad, es un problema que vulnera la calidad de vida de las personas y ésta depende de un contexto temporal, social y cultural determinado. Para Vilalta Perdomo, reconocido investigador en la materia, la percepción de inseguridad, es aquella perturbación del ánimo como consecuencia de la diferencia entre el riesgo percibido de ser víctima de un ilícito y la propia victimización del hecho, en otras palabras, percepción subjetiva y objetiva de inseguridad. De acuerdo con lo anterior, es de resaltar que dicha percepción no es una condición exclusiva de las personas quienes han sido víctimas, cabe también, aquellas cuya sensación rebasa el margen de objetividad traduciéndose únicamente en vulnerabilidad ante un posible riesgo.

Con independencia de su margen objetivo o subjetivo, la percepción de inseguridad, constituye un parámetro más (no concluyente) que coadyuva con la medición periódica e integral del tema de la seguridad como problema público. La sensación de temor, sin duda, tiene implicaciones en los ámbitos individual y comunitario, al respecto, estudios e investigaciones convergen en la disminución significativa de convivencia ciudadana y, por ende, de cohesión social. Al incrementarse la sensación de probable riesgo en el entorno público inmediato o mediato, la respuesta natural se traslada al imperativo del encierro defensivo en los diferentes círculos concéntricos de interacción.

El imperativo del encierro defensivo, maximiza el problema de inseguridad, trastocando con ello aspectos esenciales para mantener seguro un espacio, siendo en este caso la vigilancia natural (posibilidad de ver y ser visto), la posible identidad con espacios comunitarios, la confianza y colaboración entre vecinos y, el sentido de participación y corresponsabilidad ciudadana para el tratamiento de problemas públicos, en suma, el bienestar y calidad de vida. Cabe mencionar que, el distanciamiento social y espacial, facilita el debilitamiento de los lazos comunitarios, así como con el entorno territorial, por lo tanto, la ausencia de cohesión como secuela de la “lógica de securitización” también abona a la sensación de inseguridad.

Dentro del proceso de medición integral y periódica de la seguridad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dispone de algunos instrumentos muy útiles que coadyuvan con la caracterización del fenómeno de las violencias y la delincuencia a nivel regional, uno de ellos es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el cual, de acuerdo con el INEGI, tiene por objetivo obtener información que permita realizar estimaciones con representatividad a nivel nacional urbano sobre la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad. La periodicidad de este instrumento es trimestral. En su última edición, sus resultados corresponden al periodo julio – septiembre del 2020.

Es así que, con base en los últimos resultados de la encuesta citada líneas más arriba, León de los Aldama, municipio de mayor notabilidad demográfica y económica en el Estado de Guanajuato, registró una notable mejoría del orden del 7.3 puntos porcentuales con respecto al ENSU pasado (enero-marzo 2020) en cuanto a la percepción de inseguridad en personas mayores de 18 años. Lo anterior, es un reflejo del tratamiento integral del fenómeno de las violencias y la delincuencia en los ámbitos municipal y estatal, aunado también a las vicisitudes del fenómeno con respecto a la influencia del ambiente y contexto, son elementos indivisibles.

Para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los resultados de instrumentos como la ENSU, constituyen indicadores que reflejan no sólo el sentir de la población con respecto al tema que nos ocupa, sino también, un importante insumo de información para el fortalecimiento de políticas públicas en materia operativa y de prevención social de las violencias y la delincuencia, las cuales, de forma integral, empírica y aplicada, buscan salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

 

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato


 

Seguridad Pública y el Federalismo

La Seguridad Pública, en palabras del Dr. Sergio García Ramírez, se ha convertido en un asunto de primer plano. Tan relevante es que, de ser una función exclusiva del Estado, ha transmutado a un tema de interés crítico en donde la participación ciudadana, ha encontrado espacios de expresión a través de organismos no gubernamentales, universidades, centros de investigación, entre otros. No es para menos, hoy en día, las violencias y delincuencia han evolucionado a la par de la dinámica de fenómenos de índole estructural, interpersonal y de socialización, génesis factorial que exige un planteamiento de Política Pública que se desarrolle de manera “Integral, Empírica y Aplicada”.

Cabe señalar que, el máximo grado de expresión del fenómeno de las violencias y la delincuencia, son, predominantemente, los ámbitos personal, familiar y comunitario, elementos cuya permeabilidad territorial escapa del escrutinio gubernamental bajo un planteamiento centralista, se requiere entonces, pensar y materializar estrategias que reconozcan y empoderen el papel que desempeñan los gobiernos locales en coalición efectiva y proactiva con liderazgos de los diversos sectores sociales. En ese tenor, es necesario el fortalecimiento de la Seguridad Pública partiendo desde el nivel local, en otras palabras, posicionar a los Gobiernos Locales como protagonistas de la gestión del fenómeno en su total magnitud.

Para llegar a lo anterior, es transcendental, además de la voluntad como motor de cambio en todos los sectores, incluyendo el político, es inherente proporcionar recursos públicos debidamente fiscalizados, que permitan la implementación de estrategias efectivas. En este orden de ideas, no podemos abandonar a su suerte a los Estados y Municipios, a quienes se les exige resultados inverosímiles mientras no cuentan con el respaldo financiero adecuado y preciso, del cual, la Federación, es un actor corresponsable. De lo anterior, surge la necesidad de fortalecer la esencia compensatoria del Pacto Federal, en donde los tres ámbitos de gobierno, formen parte de un proceso “objetivo” de distribución de recursos y oportunidades para la solución de problemas públicos.

La Seguridad Pública, de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en su artículo 21, refiere que, es una función concurrente para los tres órdenes de gobierno (Federación, Estados y los Municipios), que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Evidentemente, esta función que concurre en los tres niveles de gobierno, difiere de cualquier implicación centralista en lo que a la materia respecta, exige, un federalismo que promueva sinergia, responsabilidad con los recursos públicos y, por supuesto, compromiso, considerando en ello como única prioridad, la persona y sus derechos como eje central del actuar gubernamental.

Estamos convencidos que la alternancia política en nuestro país, lejos de ser un factor de sujeción, constituye una interesante oportunidad de colaboración intergubernamental y de competencia creativa. En suma, la función de la Seguridad Pública, demanda capacitación, profesionalización, dignificación, infraestructura, equipamiento, evaluación permanente, sistematización y finalmente, la consolidación de una estrategia integral de Prevención Social, aspectos que, sin el fortalecimiento y apoyo de la Federación, concurrirán en escenarios de mayor complejidad para los Estados y Municipios en el tratamiento del fenómeno de las violencias y la delincuencia. Propugnamos entonces, un federalismo que pase de la recriminación, a un federalismo que busque de manera progresiva ser eficiente y eficaz.

 

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

 


La evaluación de la Política Pública de Seguridad

La Política Pública en materia de Prevención Social implementada por la Secretaría de Seguridad Pública en nuestra entidad federativa, surge de la “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana 2018 – 2024”, mecanismo neurálgico de las acciones de seguridad sustentado en un modelo de trabajo integral, sinérgico y secuencial entre las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, con el apoyo proactivo de los diversos sectores de nuestra sociedad organizada, a través de tres vértices estratégicos: a) el de la prevención social de las violencias y la delincuencia; y, b) vigilancia, coordinación operativa e inteligencia policial; y, c) fortalecimiento jurídico – institucional.

El vértice correspondiente al de la Prevención Social, encuentra fundamento a través de su mecanismo de planeación rector, el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019 – 2024, publicado el 05 de marzo del 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. Dicho instrumento, tiene como propósito general, impulsar la prevención y el autocuidado para la atención multidimensional de los factores de riesgo vinculados a las diversas manifestaciones de violencia y delincuencia, con la participación necesaria y solidaria de la sociedad en coordinación con las instituciones públicas en los ámbitos Estatal y Municipal

Cabe señalar que dicho propósito, de interés o beneficio público, se encuentra soportado por un planteamiento de planeación en espiral o cíclico que va desde el diagnóstico y caracterización del fenómeno, su correspondiente análisis estratégico y de factibilidad, formulación de la estrategia de intervención como solución a la problemática identificada, instrumentación y monitoreo, hasta llegar al momento cumbre de su evaluación, siendo esta última etapa de vital trascendencia al proporcionar una radiografía de la estrategia en curso sobre sus beneficiarios directos, su nivel de institucionalidad  y corrección técnica en caso requerir mejoras e iniciar un nuevo ciclo.

Resulta entonces, un programa estratégico consecuencia de una serie de etapas acumulativas, secuenciales y flexibles para su evaluación antes, durante y después de haber implementado la Política Pública, considerando en ello, métodos y técnicas para la recopilación, procesamiento y análisis de los resultados en una periodicidad determinada. En conclusión, el conocimiento provisto por una adecuada evaluación, constituye un significativo acervo de información sobre los posibles efectos que tuvieron las acciones sobe la problemática identificada, además de coadyuvar en la comprensión del fenómeno en su génesis factorial y orden de causalidad.

Es por la relevancia de lo anterior que con fundamento en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en su artículo 140, se crea el Sistema Estatal de Evaluación, Seguimiento y Estadística Criminológica (en adelante SEESEC) el cual es una herramienta metodológica que tiene como finalidad orientar los procesos de planeación, organización, implementación, monitoreo, rendición de cuentas, evaluación de los objetivos, metas, estrategias y acciones del Estado y los Municipios en materia político-criminal y de prevención social de las violencias y la delincuencia.

Mediante el SEESEC, como engrane neurálgico de la Política Pública de Seguridad, junto con los recursos técnicos, financieros y humanos que lo integran, se busca consolidar el círculo virtuoso en cada una de sus etapas, incrementando así la eficiencia y eficacia de la actuación gubernamental mediante un conjunto de procedimientos técnicos, los cuales bajo una configuración empírica y aplicada, proveen los elementos necesarios para el fortalecimiento o rectificación de aquellas acciones estratégicas que a la par de la realidad social y evolución del fenómeno que nos ocupa, coadyuven con la Seguridad Pública y el bienestar de las y los guanajuatenses.

 

 

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato