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  1. Guanajuato comprometido con la Coordinación Interinstitucional

    22 febrero, 2021 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    El pasado 16 de febrero tuve el privilegio de acompañar al C. Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la Mesa de Seguridad Nacional. El propósito de la reunión, consistió en dar puntual seguimiento a la estrategia conjunta de seguridad implementada entre el Estado de Guanajuato y la Federación. Cabe señalar que en dicho encuentro, se contó con la destacada presencia de las titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

    De conformidad con la Mesa de Seguridad Nacional, es necesario subrayar el permanente compromiso de nuestro Gobierno con la coordinación interinstitucional entre el Estado y la Federación en el marco del artículo 21 Constitucional, en el que refiere a la Seguridad Pública, como una función concurrente entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, el mandato constitucional señala la obligada coordinación entre los tres órdenes de gobierno para establecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

    Como resultado del encuentro, se acordó la celebración de mesas de trabajo semanales con el propósito de dar puntual seguimiento a la estrategia de seguridad conjunta implementada en el estado y con ello, atender de manera transversal y permanentemente la incidencia de conductas delictivas de alto impacto social vinculadas con la delincuencia organizada. Por lo que se refiere al fenómeno delictivo, sabemos de antemano que este obedece a una suma de factores multidimensionales con efectos multilaterales, cuya dinámica requieren de un tratamiento interinstitucional.

    Por consiguiente, ante la diversificación operativa del crimen organizado consecuencia del actuar de la autoridad, la detención de líderes de alto perfil criminal, el equilibrio de poder entre grupos delictivos rivales y, principalmente, la transformación de los mercados ilícitos, es por lo que se requiere la permanente coordinación para el despliegue de esfuerzos estratégicos dentro del marco de acción de todas las instancias constitucionales de gobierno, coadyuvando así, con la culminación de estrategias y esquemas de prevención, combate al delito y fortalecimiento territorial en la región.

    Aunado al trabajo de coordinación interinstitucional, por instrucciones del C. Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se ha implementado la “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana 2018 – 2024”, mecanismo neurálgico de las acciones de seguridad sustentado en un modelo de trabajo integral con el apoyo de los Municipios y los diversos sectores de nuestra sociedad organizada, a través de tres vertientes estratégicos: a) el de la prevención social de las violencias y la delincuencia;  b) vigilancia, coordinación operativa e inteligencia policial; y, c) fortalecimiento jurídico – institucional.

    Lo precedente, conlleva la implementación de una serie de programas que ratifican nuestra responsabilidad de proximidad social, así como de protección a los grupos poblacionales de prioridad estratégica, mediante un esquema de acción pública que salvaguarda los Derechos Humanos, empodera a las familias, impulsa la legalidad, promueve la participación ciudadana y previene las diversas manifestaciones de violencias para con todo ello, hacer de Guanajuato, la Grandeza de México.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

    Ilustración de archivo1

  2. El reto continúa

    25 enero, 2021 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

     

    El comienzo del 2021, invita al análisis sobre todo lo acontecido el año precedente, sin duda, complejo e inédito en sus vicisitudes y oportunidades. La pandemia COVID-19, conllevó a un escenario de vulnerabilidades individuales, sociales y estructurales, propiciando, un trascendental desafío en todos los sectores de la sociedad organizada e instituciones gubernamentales, el reto aún continúa.

    Al respecto, la Seguridad Pública, como aquella función impostergable a cargo del Estado y mandatada por el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante los escenarios adversos como secuela de la contingencia sanitaria a nivel local y global, sin duda, continúa representando importantes retos en lo que a la preservación de los derechos de las y los guanajuatenses involucra. El bienestar social, afectado por una crisis sin precedente como lo es esta pandemia, coadyuva en la intrincada red de factores multidimensionales propiciadores de violencias y delincuencia.

    Ahora bien, ante el conjunto de factores de riesgo en la materia, se ubican también áreas de oportunidad que favorecen escenarios de cambio y adaptación ante los acaecimientos del contexto. En ese tenor, prevalece la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana 2018 – 2024, no sin antes fortalecer, su respectivo planteamiento estratégico acorde a la realidad vigente y evolución de los fenómenos tanto de las violencias y la delincuencia, como de toda aquella eventualidad, emergencia, siniestro o desastre, mediante un esquema de trabajo sinérgico, transversal, prioritario y secuencial.

    Con relación a los escenarios de cambio y adaptación, cabe hacer mención que, en el Estado de Guanajuato, desde la estrategias de seguridad y confinamiento, hasta el progresivo retorno a la nueva normalidad, ciertas conductas delictivas de alto impacto en el 2020, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han experimentado una significativa tendencia a la baja con respecto al año 2019, por ejemplo: lesiones dolosas, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, robo a transportista, robo de vehículo y robo de ganado.    

    Si bien, el comportamiento de las citadas conductas, en parte, se debe a las implicaciones del contexto social, junto con el factor oportunidad provisto por elementos como el tiempo, espacio, rutinas y estrategias de prevención y seguridad, constituyen una muestra irrefutable que, el fenómeno que nos ocupa, es atribuible a factores que obligan hacia un análisis y tratamiento interdisciplinario más allá del paradigma tradicional del control y la reacción, haciendo necesaria su atención a partir de aquellos aspectos individuales, estructurales y ambientales que la propician.

    En suma, el compromiso asumido por el Gobierno del Estado de Guanajuato y nuestro C. Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tiene que ver con la permanente actualización de los mecanismos  de planeación que hacen posible la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana 2018 – 2024 acorde a la evolución del fenómeno bajo un planteamiento integral, científico y aplicado, para hacer de Guanajuato, la Grandeza de México a partir de tres escenarios trascendentales y de coordinación intersectorial: 1) prevención social de las violencias y la delincuencia; 2) vigilancia, coordinación operativa e inteligencia policial; y, 3) fortalecimiento jurídico e institucional.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

    Various Business Career Character Choice Challenge

  3. Precepción de seguridad

    16 noviembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    La percepción de inseguridad, es un problema que vulnera la calidad de vida de las personas y ésta depende de un contexto temporal, social y cultural determinado. Para Vilalta Perdomo, reconocido investigador en la materia, la percepción de inseguridad, es aquella perturbación del ánimo como consecuencia de la diferencia entre el riesgo percibido de ser víctima de un ilícito y la propia victimización del hecho, en otras palabras, percepción subjetiva y objetiva de inseguridad. De acuerdo con lo anterior, es de resaltar que dicha percepción no es una condición exclusiva de las personas quienes han sido víctimas, cabe también, aquellas cuya sensación rebasa el margen de objetividad traduciéndose únicamente en vulnerabilidad ante un posible riesgo.

    Con independencia de su margen objetivo o subjetivo, la percepción de inseguridad, constituye un parámetro más (no concluyente) que coadyuva con la medición periódica e integral del tema de la seguridad como problema público. La sensación de temor, sin duda, tiene implicaciones en los ámbitos individual y comunitario, al respecto, estudios e investigaciones convergen en la disminución significativa de convivencia ciudadana y, por ende, de cohesión social. Al incrementarse la sensación de probable riesgo en el entorno público inmediato o mediato, la respuesta natural se traslada al imperativo del encierro defensivo en los diferentes círculos concéntricos de interacción.

    El imperativo del encierro defensivo, maximiza el problema de inseguridad, trastocando con ello aspectos esenciales para mantener seguro un espacio, siendo en este caso la vigilancia natural (posibilidad de ver y ser visto), la posible identidad con espacios comunitarios, la confianza y colaboración entre vecinos y, el sentido de participación y corresponsabilidad ciudadana para el tratamiento de problemas públicos, en suma, el bienestar y calidad de vida. Cabe mencionar que, el distanciamiento social y espacial, facilita el debilitamiento de los lazos comunitarios, así como con el entorno territorial, por lo tanto, la ausencia de cohesión como secuela de la “lógica de securitización” también abona a la sensación de inseguridad.

    Dentro del proceso de medición integral y periódica de la seguridad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dispone de algunos instrumentos muy útiles que coadyuvan con la caracterización del fenómeno de las violencias y la delincuencia a nivel regional, uno de ellos es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el cual, de acuerdo con el INEGI, tiene por objetivo obtener información que permita realizar estimaciones con representatividad a nivel nacional urbano sobre la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad. La periodicidad de este instrumento es trimestral. En su última edición, sus resultados corresponden al periodo julio – septiembre del 2020.

    Es así que, con base en los últimos resultados de la encuesta citada líneas más arriba, León de los Aldama, municipio de mayor notabilidad demográfica y económica en el Estado de Guanajuato, registró una notable mejoría del orden del 7.3 puntos porcentuales con respecto al ENSU pasado (enero-marzo 2020) en cuanto a la percepción de inseguridad en personas mayores de 18 años. Lo anterior, es un reflejo del tratamiento integral del fenómeno de las violencias y la delincuencia en los ámbitos municipal y estatal, aunado también a las vicisitudes del fenómeno con respecto a la influencia del ambiente y contexto, son elementos indivisibles.

    Para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los resultados de instrumentos como la ENSU, constituyen indicadores que reflejan no sólo el sentir de la población con respecto al tema que nos ocupa, sino también, un importante insumo de información para el fortalecimiento de políticas públicas en materia operativa y de prevención social de las violencias y la delincuencia, las cuales, de forma integral, empírica y aplicada, buscan salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato


     

     

    FSPE

  4. Seguridad Pública y el Federalismo

    9 noviembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    La Seguridad Pública, en palabras del Dr. Sergio García Ramírez, se ha convertido en un asunto de primer plano. Tan relevante es que, de ser una función exclusiva del Estado, ha transmutado a un tema de interés crítico en donde la participación ciudadana, ha encontrado espacios de expresión a través de organismos no gubernamentales, universidades, centros de investigación, entre otros. No es para menos, hoy en día, las violencias y delincuencia han evolucionado a la par de la dinámica de fenómenos de índole estructural, interpersonal y de socialización, génesis factorial que exige un planteamiento de Política Pública que se desarrolle de manera “Integral, Empírica y Aplicada”.

    Cabe señalar que, el máximo grado de expresión del fenómeno de las violencias y la delincuencia, son, predominantemente, los ámbitos personal, familiar y comunitario, elementos cuya permeabilidad territorial escapa del escrutinio gubernamental bajo un planteamiento centralista, se requiere entonces, pensar y materializar estrategias que reconozcan y empoderen el papel que desempeñan los gobiernos locales en coalición efectiva y proactiva con liderazgos de los diversos sectores sociales. En ese tenor, es necesario el fortalecimiento de la Seguridad Pública partiendo desde el nivel local, en otras palabras, posicionar a los Gobiernos Locales como protagonistas de la gestión del fenómeno en su total magnitud.

    Para llegar a lo anterior, es transcendental, además de la voluntad como motor de cambio en todos los sectores, incluyendo el político, es inherente proporcionar recursos públicos debidamente fiscalizados, que permitan la implementación de estrategias efectivas. En este orden de ideas, no podemos abandonar a su suerte a los Estados y Municipios, a quienes se les exige resultados inverosímiles mientras no cuentan con el respaldo financiero adecuado y preciso, del cual, la Federación, es un actor corresponsable. De lo anterior, surge la necesidad de fortalecer la esencia compensatoria del Pacto Federal, en donde los tres ámbitos de gobierno, formen parte de un proceso “objetivo” de distribución de recursos y oportunidades para la solución de problemas públicos.

    La Seguridad Pública, de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en su artículo 21, refiere que, es una función concurrente para los tres órdenes de gobierno (Federación, Estados y los Municipios), que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Evidentemente, esta función que concurre en los tres niveles de gobierno, difiere de cualquier implicación centralista en lo que a la materia respecta, exige, un federalismo que promueva sinergia, responsabilidad con los recursos públicos y, por supuesto, compromiso, considerando en ello como única prioridad, la persona y sus derechos como eje central del actuar gubernamental.

    Estamos convencidos que la alternancia política en nuestro país, lejos de ser un factor de sujeción, constituye una interesante oportunidad de colaboración intergubernamental y de competencia creativa. En suma, la función de la Seguridad Pública, demanda capacitación, profesionalización, dignificación, infraestructura, equipamiento, evaluación permanente, sistematización y finalmente, la consolidación de una estrategia integral de Prevención Social, aspectos que, sin el fortalecimiento y apoyo de la Federación, concurrirán en escenarios de mayor complejidad para los Estados y Municipios en el tratamiento del fenómeno de las violencias y la delincuencia. Propugnamos entonces, un federalismo que pase de la recriminación, a un federalismo que busque de manera progresiva ser eficiente y eficaz.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

    FSPE

  5. Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato en 2do. lugar en intervenciones Policiales

    26 octubre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Para Guanajuato, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (en adelante FSPE), son una institución motivo de orgullo, no sólo por su pasado glorioso forjado por mujeres y hombres baluartes de patriotismo, lealtad y sacrificio, sino también por ser un cuerpo de seguridad que a lo largo de los años, ha construido una identidad basada en la confianza y certidumbre institucional, fundamento de su legitimidad social y efectividad.

    En la actualidad, las FSPE, además de conservar los principios éticos que históricamente la vieron nacer, se fortalece día a día con equipamiento de vanguardia y recursos humanos profesionales y certificados con los más altos estándares internacionales de calidad.

    Prueba de lo anterior, es el permanente trabajo realizado en la compleja tarea de garantizar a las y los guanajuatenses paz social, tranquilidad y convivencia social, cuyos resultados son de dominio público. Al respecto, cabe destacar lo señalado por el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 del INEGI, en el cual refiere que, en el año 2019, la Policía Estatal tuvo un total de 341 mil 728 intervenciones policiales, colocando a la corporación, dentro de los dos primeros lugares del ranking nacional, sólo superado por el Estado de Yucatán con 409 mil 839 intervenciones, ambas entidades, conservan sus lugares por segundo año consecutivo.

    Las intervenciones policiales, de acuerdo con el censo citado, son el conjunto de acciones efectivas, con enfoque preventivo o reactivo, llevadas a cabo por las y los elementos que integran los cuerpos de seguridad pública en las entidades federativas, sea de manera unitaria o en colaboración interinstitucional (operativos conjuntos). Dichas acciones, tiene como propósito general la prevención, contención y disuasión de conductas antisociales y delictivas. En esta categoría, no se incluyen acciones en materia de tránsito y vialidad. Lo precedente, para las FSPE, resulta evidencia irrefutable de una corporación proactiva y en constante actividad.

    El incesante trabajo llevado a cabo por las FSPE, es consecuencia de la dedicación y perseverante profesionalización de las y los elementos que lo integran, cuyas acciones, refrendan su compromiso con la sociedad, en donde ambas coexisten en planos de colaboración y confianza institucional.

    Al respecto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (INEGI), señala que de la población de 18 años y más que identifican a las FSPE, el 71,6% de los guanajuatenses refieren que les genera mucha y algo de confianza, posicionándose nuestra entidad, dentro de los dos primeros lugares del ranking nacional en el cómputo de dichas categorías, solo por debajo de Yucatán con el 75,8%.

    A 187 años de su creación, las mujeres y hombres que integran las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, son herederos de una institución con gran tradición, espíritu como cuerpo de seguridad y profunda vocación de servicio. La transformación paulatina de nuestra corporación, bajo la supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, responde al reto que implica atender con eficacia las violencias y la delincuencia, fenómeno dinámico y de considerable adaptabilidad ante circunstancias diversas, factores que exigen esquemas de trabajo encaminados a la constante innovación en la aplicación de sistemas de operatividad, inteligencia policial mediante el uso de la tecnología y estrategias de coordinación interinstitucional, para con ello, ofrecer resultados fehacientes que coadyuven con la salvaguarda de la integridad y derechos de la sociedad guanajuatense y sus visitantes.

     

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

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  6. Protección Civil

    21 septiembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    PC 001

     

     

    Para nuestra sociedad, es indiscutible la importancia del trabajo que desarrollan las y los elementos que conforman la Coordinación Estatal y Unidades Municipales de Protección Civil, quienes, en coordinación sinérgica con instituciones de gobierno y los diferentes sectores, organismos y asociaciones civiles, constituyen el Sistema Estatal de Protección Civil de Guanajuato.

    De acuerdo con la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato, en su artículo 2, fracción XIX la define como el como el conjunto de principios, normas, procedimientos, acciones y conductas solidarias, participativas y corresponsables entre sociedad y autoridades para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y entorno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre”.

    Cabe mencionar que, la Protección Civil, no es una actividad de reciente creación; sus antecedentes históricos, se remontan al concluir la Segunda Guerra Mundial ante la necesidad de atender a las víctimas de los conflictos bélicos internacionales, habiéndose formalizado su función en el “Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949”. Su concepto, en aquel entonces, evidentemente se circunscribía a la protección de la población civil y evitar ataques, destrucción o inutilización de medios de supervivencia por actos de guerra o violencia. No fue hasta la resolución 2034, aprobada el 7 de diciembre de 1965 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se consideró adicionar la asistencia en casos de desastres naturales, instando a los países participantes, la creación de los servicios apropiados de planificación y acción por intermedio de la Cruz Roja.

    La Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, sitúa en año de 1966, el primer antecedente de atención a la población civil con motivo del desbordamiento del Río Pánuco en el Estado de Veracruz, habiendo implementado por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional el Plan de Auxilio, precursor inmediato del Plan DN-III-E. A pesar de no ser el único precedente en la materia, no fue sino hasta después del sismo ocurrido el 19 y 20 de septiembre de 1985, en donde la devastación, indolencia institucional y la falta de coordinación, obligó a replantear el esquema de atención a la población civil en caso de desastres naturales. Las secuelas dejadas por el terremoto, marcaron un hito en la agenda de gobierno que incluía la consolidación de una política transversal, inclusiva, organizada y participativa de Protección Civil.

    El 9 de octubre de 1985, se creó el Comité de Prevención de Seguridad Civil en apoyo a la Comisión Nacional de Reconstrucción, posteriormente, el 06 de mayo de 1986, se publicó el decreto gubernativo por el cual se crea el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Programa Nacional de Protección Civil, siendo ambos, mecanismos máximos de planeación, coordinación y articulación entre la federación, las entidades federativas y los municipios en la prevención de desastres y la atención de emergencias; surge entonces la Protección Civil Mexicana.

    Como consecuencia de la creación del SINAPROC, devino también su correspondiente institucionalización en las entidades federativas, siendo su principal propósito, la consolidación de espacios interdisciplinarios en los cuales se desarrollen políticas públicas enfocadas al diseño e implementación de estrategias transversales para la prevención, atención y reacción ante la presencia de fenómenos de origen natural o antropogénico.

    En el estado Guanajuato, atendiendo a lo señalado por las Bases del SINAPROC, se crea durante la administración del periodo 1985 – 1991, el “Comité Estatal de Prevención de Seguridad Civil”, posteriormente, en marzo de 1991, se instituyó la Dirección Estatal de Protección Civil”, adscrita a la Secretaría de Gobierno. Para diciembre del 2001, la Dirección Estatal de Protección Civil, pasa a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con la denominación “Coordinación Ejecutiva de Protección Civil”, consecuentemente, en el año 2015, cambia su nombre por Coordinación Estatal de Protección Civil”, en cumplimiento con lo estipulado en la Ley General de Protección Civil vigente en ese año.

    Para agilizar las tareas de despacho, coordinación y gestión de accidentes, emergencias y desastres, en el año 2014 el “Centro Estatal de Gestión de Emergencias”, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se integró a las instalaciones de la Dirección General del Sistema Estatal C5i de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Posterior a ello, se integró el “Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano” (USAR Guanajuato), grupo multidisciplinario de élite conformado por especialistas de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato “SUEG”, la Asociación de Bomberos del Estado de Guanajuato, A.C., la Delegación Estatal de Cruz Roja Mexicana, la Dirección General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y la Dirección General del Sistema Estatal C5i. Cabe señalar, la destacada participación del grupo USAR-GTO en el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

    Tras 29 años de la creación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Estado de Guanajuato, ha impulsado un proceso permanente de consolidación y fortalecimiento de los Sistemas Municipales y Estatal de Protección Civil. Al respecto, podemos mencionar que, la Coordinación Estatal, dispone de instalaciones propias y modernas ubicadas en el Parque Industrial Puerto Interior. Por otro lado, en materia de parque vehicular, este se encuentra conformado por unidades especializadas de la más alta tecnología para la atención de situaciones de riesgo y emergencias. En lo referente al capital humano, la Coordinación Estatal, integra una plantilla de 126 personas altamente profesionalizadas, capacitadas y certificadas para identificar, prevenir, gestionar, coordinar y atender los efectos que puedan llegar a ocasionar los peligros y riesgos existentes en el territorio estatal, proporcionando con esto, seguridad a las y los guanajuatenses y sus visitantes.

    En adición a lo señalado, es importante indicar que, en lo que va de la presente administración, esta Coordinación Estatal, ha realizado importantes trabajos y acciones tendientes a la prevención, reducción de riesgos y atención de desastres, subrayando con ello, la consideración de protocolos y medidas de actuación ante la pandemia COVID-19 suscitada en los últimos meses. No cabe duda que, nuestra entidad, es reconocida por contar con una Protección Civil profesionalizada y coordinada en la que participan los gobiernos y la sociedad organizada. Esto nos lleva, en el marco conmemorativo del Día Nacional de Protección Civil, a refrendar nuestro compromiso con la sociedad guanajuatense y sus visitantes, en la importante tarea de proteger la integridad física de las personas, sus bienes y su entorno, mediante una política pública integral y transversal que haga de la prevención, un hábito permanente, y la reacción, una actividad efectiva y oportuna.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato


     

     

     

    ProtecciónCivilGTO

  7. Violencia familiar y el confinamiento

    14 septiembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    El factor sanitario con motivo de la pandemia COVID-19, es el nodo causal de los próximos escenarios político, económico y social que coadyuvarán en mayor o menor medida con el fenómeno de las violencias y la delincuencia. La Organización Mundial de la Salud, así como las respectivas dependencias homólogas a nivel federal y estatal, establecieron como estrategia el distanciamiento físico y la limitación de la movilidad en la población y los sectores productivos, dicha condición, ha implicado un cambio radical en la convivencia y la manera de socializar. Si bien, la pandemia nos distanció de familiares y amigos, el uso de las tecnologías de la información regeneró la manera en que nos comunicamos y relacionamos.

    Sin embargo, no todo lo acontecido últimamente ha sido referencia de fortalezas y oportunidades. Derivado del acatamiento de la estrategia de obligado confinamiento, el escenario de convivencia entre hijos, familiares o compañeros de piso se incrementó, aunado también a la proximidad de factores estresantes que abarcan desde la situación económica hasta las dificultades laborales, entre otros factores detonantes, todo ello, ha contribuido con el detrimento del bienestar físico y mental del individuo y en consecuencia sus relaciones familiares y personales, sin dejar de mencionar los brotes de violencia interpersonal.

    La violencia interpersonal, de acuerdo con la OMS, se subdivide en violencia intrafamiliar y comunitaria. Es importante señalar que, de acuerdo con especialistas en violencia intrafamiliar de la Universidad de Birmingham – Reino Unido, ésta constituye uno de los principales riesgos para niñas, niños, mujeres y adultos mayores que ya viven con alguien que es abusivo o controlador, adicional al impacto de factores psicológicos causados por las estrategias de distanciamiento entre otros elementos estresantes derivados de la pandemia. De acuerdo con el artículo “The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence”, publicado el pasado 20 de febrero por la Revista Lance, algunos efectos psicológicos son: trastornos emocionales, depresión, ansiedad, estrés, bajo estado de ánimo, insomnio, irritabilidad, ira y agotamiento emocional.

    Ante escenarios de este tipo, las estrategias de necesario confinamiento cierran las vías de escape, búsqueda de ayuda y otras formas de atender a las víctimas de violencia interpersonal, ello reviste de un significativo desafío en cuanto a la aplicación de medidas de atención, canalización, prevención y denuncia. Al respecto, en el Estado de Guanajuato, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el índice del delito de violencia intrafamiliar por cada 100,000 habitantes refiere que, tuvo un incremento del 1% en el mes de mayo con respecto abril (mínimo histórico), destacando posteriormente los aumentos graduales el resto de los meses, aspecto coincidente con el agravamiento del fenómeno con motivo de la pandemia y la estrategia de confinamiento misma que inició de manera oficial el 17 de marzo.

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    A pesar de que el fenómeno ha ido a la baja con respecto al máximo histórico registrado durante el mes de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del modelo transversal de prevención social de las violencias y la delincuencia, ha dispuesto una serie de acciones de naturaleza informativa con el propósito de impulsar la prevención, el autocuidado y los mecanismos de denuncia a través de los sistemas 9-1-1 emergencias y 0-8-9, privilegiando en todo momento, ante esta nueva normalidad, estrategias de comunicación social mediante medios y mecanismos virtuales en atención a las restricciones establecidas por nuestras autoridades sanitarias.

    El propósito de lo anterior, consiste en informar a la población de prioridad estratégica (niñas, niños, mujeres y adultos mayores) acerca de aquellas pautas de comportamiento y dimensiones de riesgo en sus diversos ámbitos de manifestación, que impliquen vulnerabilidad y atenten contra la integridad de sus derechos fundamentales. De forma adicional y con el propósito de preservar la vida, integridad y derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia, se ha establecido una intensa campaña de comunicación social con la finalidad de impulsar el uso responsable del Sistema Integral de Atención para las Mujeres (SIAM 0-7-5), mecanismo de prevención, atención, contención seguimiento y canalización transversal de casos de violencia de género.

    En cuanto a los eventos reportados al sistema de emergencias 9-1-1 sobre casos de violencia familiar en el estado, destacamos su comportamiento poco atípico, identificando su máximo histórico en el mes de abril, para después disminuir de forma gradual el resto de los meses. Ahora bien, desde otra perspectiva, el 80% de las llamadas recibidas con motivo de “violencia familiar” se recibieron entre las 12:00 y la 1:00 del siguiente día y siendo de las 19:00 a las 23:00 el parámetro temporal con mayor actividad.

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    Por otro lado, con la finalidad de incorporar prácticas policiales que garanticen la atención adecuada de mujeres y niñas en situación de violencia, se han conformaron diez Unidades Especializadas de Prevención y Atención de Violencia de Género en los municipios de Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, Purísima del Rincón, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, así como las Fuerzas de Seguridad Pública en el ámbito estatal. La Unidad Especializada está integrada por elementos de seguridad pública municipal y su principal objetivo consiste en atender a mujeres en situación de violencia, desde un orden de prevención, protección, asesoría y denuncia.

    A pesar de las adversidades con motivo de la pandemia COVID-19, hemos sido muy escrupulosos en desarrollar e implementar las mejores estrategias para procurar el derecho de niñas, niños, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia, condición que demanda un gran compromiso y esfuerzo de todos los actores involucrados, tanto del gobierno como de la sociedad civil organizada. Estamos convencidos de que juntos, contribuiremos a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como también preservar las libertades, el orden y la paz social, para con ello, construir una entidad federativa próspera y pacífica en donde la persona y su dignidad estén siempre en el centro del actuar gubernamental.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

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  8. La profesionalización policial, nuestra apuesta

    7 septiembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    En el marco del compromiso democrático del Estado constitucional en materia de Seguridad Pública, la sociedad y sus instituciones, requieren de organismos públicos encaminados a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden y la paz públicos. El fenómeno de las violencias y la delincuencia, tiene una naturaleza multicausal con efectos multilaterales, requiere de un proceso de atención holístico, focalizado y transversal, desde sus causas estructurales, hasta la atenuación de factores que favorecen el impulso inmediato a la transgresión de derechos, siendo los cuerpos de seguridad pública, de cara a la sociedad, eslabón necesario en la cadena de tratamiento integral a la problemática.

    Por esta razón, son requeridos mujeres y hombres debidamente capacitados y profesionalizados con un alto sentido ético, profesional y vocación de servicio; para tal propósito, resulta prioritario proporcionarles las herramientas consistentes en valores, competencias, habilidades, actitudes y aptitudes necesarias para el adecuado desarrollo de su función. En consecuencia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPEG), con el propósito de fortalecer el esquema estratégico de seguridad pública, mediante el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE), forma, capacita y profesionaliza permanentemente a los cuerpos de Seguridad Pública Estatal y Municipal mediante un modelo de profesionalización que garantiza el crecimiento tanto personal como académico de las y los elementos.

    El Instituto de Formación Seguridad Pública del Estado, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, tiene por objeto “… la formación, profesionalización y certificación de los servidores públicos en el área de seguridad pública del estado y de otras entidades federativas, a través de la docencia, investigación y extensión; así como la impartición de programas académicos de nivel medio superior, superior y postgrado, en las diversas áreas de seguridad pública; la validación y supervisión de los planes y programas de capacitación del personal de los prestadores de servicios de seguridad privada, acreditando a los instructores y las empresas de capacitación en la materia, conforme a los términos y condiciones que establezca la reglamentación respectiva.”

    Cabe mencionar que, el INFOSPE, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Seguridad Pública, siendo para esta, un gran aliado en el proceso de fortalecimiento institucional, factor elemental para el desarrollo e implementación de políticas públicas encaminadas a la mejora de las condiciones de bienestar social y seguridad pública, por intermedio de un planteamiento estratégico, sensible y cercano a las demandas sociales en materia de prevención social, así como de vigilancia, coordinación operatividad e inteligencia policial.

    El modelo de profesionalización, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, integra cursos de formación inicial y continua, con sus respectivos esquemas de actualización, especialización y alta dirección; estos programas, se encuentran validados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, existen las opciones de especializarse a nivel superior con la Licenciatura en Seguridad Pública, o bien, la Maestría en Criminalística o Política Criminal, cuyos programas cuentan con validez oficial por las autoridades educativas del Estado y de la Federación.

    Es importante destacar que, el INFOSPE, cuenta con certificaciones a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), otorgó la Cédula de Registro de Instancia Capacitadora “A”, lo cual, faculta al Instituto para impartir programas de formación inicial y continua en el estado y el resto del país. Dicho reconocimiento, se le otorgó por apegar sus procesos al Programa Rector de Profesionalización del SESNSP, así como a los estándares de equipamiento e infraestructura del Modelo Óptimo de la Función Policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. El INFOSPE, fue de las primeras Instituciones de capacitación del país y la primera del Estado en obtener este registro.

    De igual forma, los instructores egresados del Instituto, suman por parte del SESNSP, la certificación de competencias básicas de la función policial, siendo las siguientes: 1) acondicionamiento físico, uso de la fuerza y legítima defensa; 2) armamento y tiro policial; 3) conducción de vehículos policiales; 4) detención y conducción de personas; 5) manejo de bastón pr-24; 6) operación de equipos de radiocomunicación; y, 7) primer respondiente.

    Por otro lado, cinco instructores del Instituto obtuvieron la certificación de competencia laboral en el estándar ECO308 (capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de Igualdad entre mujeres y hombres, nivel básico), el cual fue emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), bajo el aval de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas.

    En el ámbito internacional, la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (CALEA), otorgó al Instituto la certificación denominada Trainning Academy; con ello, se fortalece la profesionalización del personal policial con énfasis en técnicas instructivas y procesos de trabajo comprometidos con la excelencia en el liderazgo, gestión de recursos y prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía.

    Además, con el auspicio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), dos instructores del Instituto, fueron partícipes de un intercambio de profesionalización policial en las Academias de Policía de San Antonio Texas y Fort Worth Texas.

    De igual manera, por conducto de la INL, se capacitaron a dos instructores en el proceso de Acreditación para Instructores-Evaluadores de Analistas en Seguridad Pública; tres en el “Curso de Actualización para la Formación del Primer Respondiente con Perspectiva de Género y Enfoque Diferencial”; y uno en el “Diplomado en Prevención, Investigación del Feminicidio y Actuación Policial”.

    En suma, el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, además de diseñar, desarrollar, dar seguimiento y evaluar el programa permanente de capacitación, actualización y especialización de los servidores públicos que conforman el Sistema Estatal de Seguridad Pública, el INFOSPE fortalece la formación de investigadores, profesores, especialistas y técnicos en las diversas áreas de las ciencias penales.

     

    Datos Relevantes INFOSPE (septiembre 2018 a julio 2020)

    Elementos Capacitados Estatales y Municipales
    Elementos capacitados en Formación Continua: 10 mil 093
    Elementos en cursos de Formación Inicial: 2 mil 385
    Elementos capacitados de manera especializada: 480
    Total 12 mil 958
    Fuente: Base de datos del INFOSPE, 2020

     

    Alumnos Egresados de formación Académica
    Licenciatura en Seguridad Pública: 54 alumnos.
    Maestría en Criminalística: 24 alumnos
    Maestría en Política Criminal: 18 alumnos
    Total 96 alumnos
    Fuente: Base de datos del INFOSPE, 2020

     

    Alumnos Egresados de formación Académica
    Guardias de Seguridad privada capacitados Número de empresas
    1 mil 756 178
    Fuente: Base de datos del INFOSPE, 2020

     

    Para el INFOSPE la labor de acompañamiento en el fortalecimiento de las capacidades de los órganos públicos encargados de salvaguardar los derechos humanos y la seguridad ciudadana, es primordial, todo ello, a partir de modelos innovadores de profesionalización encaminados al desarrollo de actitudes y aptitudes que coadyuven, al legítimo ejercicio del poder público, cimentado en principios como: equidad, perspectiva de género, pluralismo, transparencia, Estado de Derecho, responsabilidad institucional, y por supuesto, respeto irrestricto a los derechos humanos y garantías constitucionales, pilares que son y seguirán siendo los rectores de la profesionalización de las policías estatales y municipales.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

     

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  9. El COVID-19 y la violencia

    31 agosto, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    La epidemia del COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Con motivo de lo anterior, nuestras respectivas autoridades sanitarias a nivel federal y estatal, establecieron como estrategia de contención el distanciamiento físico y la limitación de movilidad con el propósito de mitigar la velocidad de propagación y evitar el colapso de los sistemas de salud. Cabe resaltar, que, a pesar de las medidas preventivas asumidas por los distintos órdenes de gobierno, los efectos colaterales no se hicieron esperar, resultando en escenarios adversos en los ámbitos político, económico y social, coadyuvando con ello en la génesis factorial que propicia o contiene algunas formas de violencia y delincuencia.

    Bajo dichas circunstancias, inéditas y quizá comparables con los impactos de la Gran Depresión en 1929 y la II Guerra Mundial, observamos un menoscabo no sólo de factores ambientales y contextuales, se demuestra, además, un efecto contraproducente en el entorno individual y de socialización con los diversos grupos sociales en los que está inmerso el sujeto, tales como la familia, escuela, trabajo y la comunidad. En lo que concierne al grupo familiar, ante el forzoso escenario de estrecha interacción entre hijos, familiares o compañeros de piso, derivado del confinamiento y la proximidad con factores estresantes que abarcan desde el económico hasta el laboral, han contribuido con el detrimento del bienestar físico y mental del individuo y en consecuencia sus relaciones sociales, sin dejar de mencionar los brotes de violencia interpersonal.

    Por otro lado, el escenario en materia delictiva no dista de tener también sus implicaciones con motivo de la pandemia “COVID-19”. Al respecto, a inicios de la implementación de las estrategias sanitarias en donde prevaleció el confinamiento y la restricción de actividades productivas, surgieron así, una serie de análisis y posicionamientos teóricos con respecto al comportamiento del fenómeno delictivo, destacando en ello el incremento o atenuación de ciertas conductas. Es importante señalar que, el punto de referencia de las hipótesis formuladas, partieron de teorías como las de oportunidad delictiva, las cuales, se enfocan a elementos tales como el tiempo y espacio, los movimientos cotidianos de víctimas potenciales, atribuciones o valor de objetivos, vigilancia natural, así como los cambios sociales o tecnológicos que proveen alternativas o nuevas oportunidades delictivas, entre otros.

    La génesis factorial del comportamiento antisocial y delictivo, tiene una explicación a partir de la identificación de causas estructurales, interpersonales y ambientales, las cuales, por separado y vinculadas, dan cuenta que, dichos comportamientos, surgen no sólo aspectos relacionados con el sujeto, sino también de la interacción de éste con el entorno físico y social; por lo tanto, es factible concluir que, el fenómeno delictivo, en especial algunas conductas, parcialmente ha encontrado un punto de adaptación o regresión como secuela de las circunstancias inmediatas o de proximidad afectadas con motivo de la pandemia.

    La referencia a teorías ambientales o ecológicas que hacen alusión al factor oportunidad -como las referidas en supra líneas- no son un componente determinante para explicar o predecir la causalidad de ciertos ilícitos. El fenómeno criminal, goza de tal complejidad que merece procesos de análisis y estudio con mayor cientificidad, en especial, sobre aquellos factores de naturaleza estructural que probablemente se verán perjudicados por la pandemia y que, a largo plazo, se sumarán a la cadena de causas generadoras de espacios, grupos o personas que socializan con los diversos tipos de violencias y delincuencia.

    Si bien, el objetivo del presente artículo no es la referencia de los posicionamientos por parte de analistas y periodistas en la materia al iniciar el proceso de confinamiento, vale la pena realizar una breve semblanza de la incidencia de algunas conductas delictivas a partir de la implementación de las estrategias sanitarias con motivo de la pandemia COVID-19. A continuación, se muestra un ejemplo de conductas delictivas cuyo patrón de comportamiento se vio modificado a partir del mes de marzo con motivo del inicio de la estrategia de distanciamiento físico y restricción de movilidad, evidenciando con ello el factor oportunidad.

    Las lesiones dolosas y el robo a transeúnte, tuvieron una tendencia a la baja en razón de la siguiente fórmula: ausencia de personas en la calle representa una mínima probabilidad de conflictos o robos. De la misma forma, el delito de robo a casa habitación redujo su incidencia, toda vez que el escenario de confinamiento domiciliar obstaculizó la probabilidad de robo. Caso contrario, el delito de robo de vehículo registro una tendencia al alza ante el creciente factor de vulnerabilidad.

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     Gráfica 1: Histórico lesiones dolosas 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

     

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     Gráfica 2: Histórico robo a transeúnte 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

     

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     Gráfica 3: Histórico robo a casa habitación 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

     

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     Gráfica 4: Histórico robo de vehículo 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

     

    En ese sentido, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPEG), ha mantenido un proceso permanente de monitoreo y análisis del comportamiento de conductas antisociales y delictivas, con el propósito de identificar factores críticos y con base en ellos, disponer de las acciones que sean necesarias bajo un modelo de trabajo sinérgico con dos vertientes: a) la prevención social de las violencias y la delincuencia; y b) la vigilancia, coordinación, operatividad e inteligencia policial; ambas, con estricto cumplimiento y comunicación de las medidas sanitarias recomendadas por nuestras autoridades.

    Relativo al modelo preventivo, la SSPEG, impulsa el autocuidado y la prevención en sus diversos ámbitos para la atención multidimensional de factores de riesgo a través de un planteamiento alternativo que privilegia el uso de medios y mecanismos virtuales como estrategias de comunicación e interacción social. Por otra parte, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), continúan con la salvaguarda de la integridad y derechos de las y los guanajuatenses mediante la estrategia Guanajuato Seguro. En el periodo del 17 al 24 de agosto, las distintas divisiones de la Comisaría General de las FSPE realizaron 2,426 patrullajes; se desplegó vigilancia en 816 colonias, 697 comunidades rurales, 539 empresas, 49 plazas comerciales, 113 locales comerciales y se instalaron 176 puestos de control.

    Con ambos modelos de trabajo sinérgico en permanente funcionamiento, se impulsa la recomposición del tejido social mediante la atención de grupos sociales y delimitaciones territoriales de alta prioridad estratégica, privilegiando en todo momento, los principios de equidad, perspectiva de género, transparencia, estado de derecho, respeto por los derechos humanos, responsabilidad institucional, y por supuesto, la coordinación interinstitucional e intersectorial, para juntos, sociedad y gobierno, hacer de Guanajuato la Grandeza de México.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     

     

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  10. El Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato

    24 agosto, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Sistema Penitenciario

     

    El Sistema Penitenciario en nuestro país, encuentra fundamento en el Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo consiste en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, sobre la base racional de aquellos presupuestos técnico – jurídicos que delimitan al Derecho Penal en su aplicación, todo ello, acorde a los principios de legalidad y culpabilidad, en cuya praxis destacan la justicia penal y el precepto de humanidad, siendo este último, de especial relevancia en la responsabilidad institucional de reinsertar a la persona en internamiento mediante su adecuación a estrategias de prevención terciaria.

    Para el Estado mexicano, el modelo transversal de reinserción social, consiste en un proceso progresivo, técnico e individualizado que compone un conjunto de actividades encaminadas a la integración psicosocial de la persona sentenciada por vulnerar la ley penal, fortaleciendo con ello, el acatamiento de las normas jurídicas y sociales. Cabe mencionar que, dicho modelo, se organiza sobre la base del respeto a los derechos humanos, la educación como factor de desarrollo humano, el trabajo y la capacitación para el mismo, el deporte, y, por supuesto la salud, elementos esenciales en la satisfacción de necesidades personales y familiares.

    De igual forma, el proceso transversal de reinserción social, incluye la integración del expediente jurídico – técnico de cada interno, la clasificación de la persona con base en criterios mínimos como son: situación jurídica, género, edad y régimen de vigilancia, al mismo tiempo de aspectos clínico – criminológicos; también, el funcionamiento del Comité Técnico Interdisciplinario, como aquel órgano colegiado cuya función consiste en orientar, evaluar y dar seguimiento al tratamiento de la persona en internamiento, entre otras funciones que impliquen el adecuado manejo de los Centros de Prevención y Reinserción Social.

    El Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato, está integrado por diez Centros de Prevención y Reinserción Social distribuidos en los municipios de Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, San Felipe, San Miguel de Allende y Valle de Santiago. En total, los CEPERESOS, al 31 de julio del 2020, albergan una población total de 6,463 personas privadas de su libertad. Es preciso mencionar que, de conformidad con las disposiciones legales en los ámbitos federal y estatal, así como de los tratados internacionales en la materia, se ha garantizado un trato digno y respetuoso de los derechos humanos en todo momento.

    La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (DNSP), evaluó las condiciones del Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato en los siguientes rubros: 1) integridad física, psicológica y moral del interno; 2) estancia digna; 3) condiciones de gobernabilidad; 4) reinserción social del interno; y, 5) atención de internos con requerimientos específicos; como resultado de dicha valoración, nuestro Estado se posicionó dentro de los cuatro mejores Sistemas Penitenciarios a nivel nacional, junto con Querétaro, Tlaxcala y Coahuila.

    Cabe aclarar que, el Estado de Guanajuato, ha obtenido calificaciones satisfactorias en los rubros mencionados, colocando a nuestro Sistema Penitenciario como uno de los mejores del país. En lo que concierne a la evaluación del proceso de reinserción social de la persona privada de su libertad, de acuerdo con el DNSP 2019, Guanajuato ocupa el 2° lugar en el ranking estatal, motivando con ello, la mejora permanente de dicho proceso al tenor de los criterios mínimos de clasificación penitenciaria y el tratamiento interdisciplinario, todo ello con estricto apego al pleno respeto y observancia de los derechos humanos.

    Por otro lado, es de subrayar que, los diez Centros Penitenciarios del Estado, cuentan con la acreditación y certificación por parte de la Asociación Americana de Correccionales (ACA), organización encargada de acreditar Centros Penitenciarios de acuerdo a 137 estándares, siendo éstos, parte de las estrategias del Programa de Correccionales de la Iniciativa Mérida para el mejoramiento del Sistema Penitenciario Mexicano. Al respecto, según el DNSP 2019, del 100% de los Centros Penitenciarios del país, el Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato, forma parte del reducido grupo de Centros debidamente acreditados.

    En ese tenor, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Sistema Estatal Penitenciario, en agosto del 2018 recibió el Premio Águila Dorada por parte de la Asociación de Correccionales Americanas (ACA) por certificar todos sus Centros; dicho distintivo, simboliza el compromiso hacia la excelencia en las operaciones correccionales, como parte de la dedicación por mejorar la seguridad pública y el bienestar de las personas que están privadas de la libertad.

    Ahora bien, en lo referente a los efectos de la pandemia COVID-19, de acuerdo con el Informe Especial en Centros Penitenciarios llevado a cabo por la CNDH, el Sistema Estatal Penitenciario de Guanajuato, ha reportado ocho casos confirmados, de los cuales, siete están recuperados, restando uno en tratamiento. Los Centros Penitenciarios de Guanajuato, cuentan con protocolos de atención, información y medidas de prevención al exterior y en aduana de ingreso, así como también medidas de sanidad, monitoreo y supervisión de las unidades médicas en cada uno de los Centros Penitenciarios.

    En Guanajuato, estamos plenamente convencidos en que un Estado Social y Democrático de Derecho, no se conforma únicamente con la proclamación de preceptos magnos, si no que exige garantizar y promover las condiciones necesarias para que los derechos humanos sean respetados en todas sus latitudes, incluyendo las personas en situación de internamiento, puesto que las penas privativas de libertad y medidas de seguridad, deben ir orientadas hacia la reinserción social sobre la base del respeto a la dignidad de la persona, lo cual, coadyuva con la responsabilidad compartida en la reconstrucción del tejido social.
    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

    Sistema Penitenciario

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