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Control de Confianza
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  1. Guanajuato comprometido con la Coordinación Interinstitucional

    22 febrero, 2021 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    El pasado 16 de febrero tuve el privilegio de acompañar al C. Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la Mesa de Seguridad Nacional. El propósito de la reunión, consistió en dar puntual seguimiento a la estrategia conjunta de seguridad implementada entre el Estado de Guanajuato y la Federación. Cabe señalar que en dicho encuentro, se contó con la destacada presencia de las titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

    De conformidad con la Mesa de Seguridad Nacional, es necesario subrayar el permanente compromiso de nuestro Gobierno con la coordinación interinstitucional entre el Estado y la Federación en el marco del artículo 21 Constitucional, en el que refiere a la Seguridad Pública, como una función concurrente entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, el mandato constitucional señala la obligada coordinación entre los tres órdenes de gobierno para establecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

    Como resultado del encuentro, se acordó la celebración de mesas de trabajo semanales con el propósito de dar puntual seguimiento a la estrategia de seguridad conjunta implementada en el estado y con ello, atender de manera transversal y permanentemente la incidencia de conductas delictivas de alto impacto social vinculadas con la delincuencia organizada. Por lo que se refiere al fenómeno delictivo, sabemos de antemano que este obedece a una suma de factores multidimensionales con efectos multilaterales, cuya dinámica requieren de un tratamiento interinstitucional.

    Por consiguiente, ante la diversificación operativa del crimen organizado consecuencia del actuar de la autoridad, la detención de líderes de alto perfil criminal, el equilibrio de poder entre grupos delictivos rivales y, principalmente, la transformación de los mercados ilícitos, es por lo que se requiere la permanente coordinación para el despliegue de esfuerzos estratégicos dentro del marco de acción de todas las instancias constitucionales de gobierno, coadyuvando así, con la culminación de estrategias y esquemas de prevención, combate al delito y fortalecimiento territorial en la región.

    Aunado al trabajo de coordinación interinstitucional, por instrucciones del C. Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se ha implementado la “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana 2018 – 2024”, mecanismo neurálgico de las acciones de seguridad sustentado en un modelo de trabajo integral con el apoyo de los Municipios y los diversos sectores de nuestra sociedad organizada, a través de tres vertientes estratégicos: a) el de la prevención social de las violencias y la delincuencia;  b) vigilancia, coordinación operativa e inteligencia policial; y, c) fortalecimiento jurídico – institucional.

    Lo precedente, conlleva la implementación de una serie de programas que ratifican nuestra responsabilidad de proximidad social, así como de protección a los grupos poblacionales de prioridad estratégica, mediante un esquema de acción pública que salvaguarda los Derechos Humanos, empodera a las familias, impulsa la legalidad, promueve la participación ciudadana y previene las diversas manifestaciones de violencias para con todo ello, hacer de Guanajuato, la Grandeza de México.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

    Ilustración de archivo1

  2. Precepción de seguridad

    16 noviembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    La percepción de inseguridad, es un problema que vulnera la calidad de vida de las personas y ésta depende de un contexto temporal, social y cultural determinado. Para Vilalta Perdomo, reconocido investigador en la materia, la percepción de inseguridad, es aquella perturbación del ánimo como consecuencia de la diferencia entre el riesgo percibido de ser víctima de un ilícito y la propia victimización del hecho, en otras palabras, percepción subjetiva y objetiva de inseguridad. De acuerdo con lo anterior, es de resaltar que dicha percepción no es una condición exclusiva de las personas quienes han sido víctimas, cabe también, aquellas cuya sensación rebasa el margen de objetividad traduciéndose únicamente en vulnerabilidad ante un posible riesgo.

    Con independencia de su margen objetivo o subjetivo, la percepción de inseguridad, constituye un parámetro más (no concluyente) que coadyuva con la medición periódica e integral del tema de la seguridad como problema público. La sensación de temor, sin duda, tiene implicaciones en los ámbitos individual y comunitario, al respecto, estudios e investigaciones convergen en la disminución significativa de convivencia ciudadana y, por ende, de cohesión social. Al incrementarse la sensación de probable riesgo en el entorno público inmediato o mediato, la respuesta natural se traslada al imperativo del encierro defensivo en los diferentes círculos concéntricos de interacción.

    El imperativo del encierro defensivo, maximiza el problema de inseguridad, trastocando con ello aspectos esenciales para mantener seguro un espacio, siendo en este caso la vigilancia natural (posibilidad de ver y ser visto), la posible identidad con espacios comunitarios, la confianza y colaboración entre vecinos y, el sentido de participación y corresponsabilidad ciudadana para el tratamiento de problemas públicos, en suma, el bienestar y calidad de vida. Cabe mencionar que, el distanciamiento social y espacial, facilita el debilitamiento de los lazos comunitarios, así como con el entorno territorial, por lo tanto, la ausencia de cohesión como secuela de la “lógica de securitización” también abona a la sensación de inseguridad.

    Dentro del proceso de medición integral y periódica de la seguridad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dispone de algunos instrumentos muy útiles que coadyuvan con la caracterización del fenómeno de las violencias y la delincuencia a nivel regional, uno de ellos es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el cual, de acuerdo con el INEGI, tiene por objetivo obtener información que permita realizar estimaciones con representatividad a nivel nacional urbano sobre la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad. La periodicidad de este instrumento es trimestral. En su última edición, sus resultados corresponden al periodo julio – septiembre del 2020.

    Es así que, con base en los últimos resultados de la encuesta citada líneas más arriba, León de los Aldama, municipio de mayor notabilidad demográfica y económica en el Estado de Guanajuato, registró una notable mejoría del orden del 7.3 puntos porcentuales con respecto al ENSU pasado (enero-marzo 2020) en cuanto a la percepción de inseguridad en personas mayores de 18 años. Lo anterior, es un reflejo del tratamiento integral del fenómeno de las violencias y la delincuencia en los ámbitos municipal y estatal, aunado también a las vicisitudes del fenómeno con respecto a la influencia del ambiente y contexto, son elementos indivisibles.

    Para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los resultados de instrumentos como la ENSU, constituyen indicadores que reflejan no sólo el sentir de la población con respecto al tema que nos ocupa, sino también, un importante insumo de información para el fortalecimiento de políticas públicas en materia operativa y de prevención social de las violencias y la delincuencia, las cuales, de forma integral, empírica y aplicada, buscan salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato


     

     

    FSPE

  3. Seguridad Pública y el Federalismo

    9 noviembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    La Seguridad Pública, en palabras del Dr. Sergio García Ramírez, se ha convertido en un asunto de primer plano. Tan relevante es que, de ser una función exclusiva del Estado, ha transmutado a un tema de interés crítico en donde la participación ciudadana, ha encontrado espacios de expresión a través de organismos no gubernamentales, universidades, centros de investigación, entre otros. No es para menos, hoy en día, las violencias y delincuencia han evolucionado a la par de la dinámica de fenómenos de índole estructural, interpersonal y de socialización, génesis factorial que exige un planteamiento de Política Pública que se desarrolle de manera “Integral, Empírica y Aplicada”.

    Cabe señalar que, el máximo grado de expresión del fenómeno de las violencias y la delincuencia, son, predominantemente, los ámbitos personal, familiar y comunitario, elementos cuya permeabilidad territorial escapa del escrutinio gubernamental bajo un planteamiento centralista, se requiere entonces, pensar y materializar estrategias que reconozcan y empoderen el papel que desempeñan los gobiernos locales en coalición efectiva y proactiva con liderazgos de los diversos sectores sociales. En ese tenor, es necesario el fortalecimiento de la Seguridad Pública partiendo desde el nivel local, en otras palabras, posicionar a los Gobiernos Locales como protagonistas de la gestión del fenómeno en su total magnitud.

    Para llegar a lo anterior, es transcendental, además de la voluntad como motor de cambio en todos los sectores, incluyendo el político, es inherente proporcionar recursos públicos debidamente fiscalizados, que permitan la implementación de estrategias efectivas. En este orden de ideas, no podemos abandonar a su suerte a los Estados y Municipios, a quienes se les exige resultados inverosímiles mientras no cuentan con el respaldo financiero adecuado y preciso, del cual, la Federación, es un actor corresponsable. De lo anterior, surge la necesidad de fortalecer la esencia compensatoria del Pacto Federal, en donde los tres ámbitos de gobierno, formen parte de un proceso “objetivo” de distribución de recursos y oportunidades para la solución de problemas públicos.

    La Seguridad Pública, de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en su artículo 21, refiere que, es una función concurrente para los tres órdenes de gobierno (Federación, Estados y los Municipios), que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Evidentemente, esta función que concurre en los tres niveles de gobierno, difiere de cualquier implicación centralista en lo que a la materia respecta, exige, un federalismo que promueva sinergia, responsabilidad con los recursos públicos y, por supuesto, compromiso, considerando en ello como única prioridad, la persona y sus derechos como eje central del actuar gubernamental.

    Estamos convencidos que la alternancia política en nuestro país, lejos de ser un factor de sujeción, constituye una interesante oportunidad de colaboración intergubernamental y de competencia creativa. En suma, la función de la Seguridad Pública, demanda capacitación, profesionalización, dignificación, infraestructura, equipamiento, evaluación permanente, sistematización y finalmente, la consolidación de una estrategia integral de Prevención Social, aspectos que, sin el fortalecimiento y apoyo de la Federación, concurrirán en escenarios de mayor complejidad para los Estados y Municipios en el tratamiento del fenómeno de las violencias y la delincuencia. Propugnamos entonces, un federalismo que pase de la recriminación, a un federalismo que busque de manera progresiva ser eficiente y eficaz.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

    FSPE

  4. La Policía: proximidad y confianza ciudadana

    17 agosto, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    tur

     

    Sin duda, la policía está presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, ello denota la paulatina consolidación de su proximidad comunitaria, así como su permanente profesionalización en las tareas de prevención y reacción, sin olvidar, por supuesto, la obligatoriedad en materia de coordinación con los tres órdenes de gobierno y el respeto irrestricto de los derechos humanos dentro de un marco legítimo de legalidad. Todos los días nuestras Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), asumen su compromiso con la población guanajuatense y con ello, la responsabilidad y orgullo que ello implica.

    En el Gobierno que encabeza el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el fortalecimiento institucional de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, se consolidó notablemente bajo rubros que inclusive hoy en la opinión pública son motivo de comparaciones en relación con las corporaciones de seguridad municipales, a cuyas autoridades locales se les ha pedido urgentemente fortalecer, signando para ello compromisos dentro del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

    Por ejemplo, actualmente nuestras Fuerzas de Seguridad Pública entraron a un proceso de dignificación que comienza por un salario que les permita llevar una vida mejor; la especialización dentro de la Institución para cumplir más eficientemente con su labor; la eficacia que no es otra cosa que brindar ante la sociedad resultados, resultados y más resultados; la proximidad y el acercamiento social que son finalmente el preámbulo a uno de los objetivos más importantes de toda policía: la confianza ciudadana que hoy por hoy coloca a las FSPE en su nivel, como la segunda de mayor confianza ciudadana, de acuerdo a mediciones de organismos nacionales.

    Las corporaciones policiales, como bien lo ha referido la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, son las instituciones, de cara a la sociedad, las más visibles en las tareas concernientes en materia de seguridad pública e injustamente reprochadas por el éxito o fracaso de las políticas públicas encaminadas al tratamiento de las violencias y la delincuencia. Recordemos que, dicho fenómeno, resulta el último eslabón de la cadena de causas en los ámbitos estructural, individual y ambiental, condiciones que obligan el diseño e implementación de políticas integrales bajo una responsabilidad compartida.

    No obstante, el actuar de las corporaciones policiales, como parte del andamiaje del aparato público, coadyuva positivamente en las condiciones de seguridad. Es por ello, la permanente obligación de su fortalecimiento institucional que garantice la salvaguarda de los derechos e integridad de las y los guanajuatenses, así como la preservación del orden y la paz públicos, aspectos que demandan cuerpos de seguridad pública capacitados, equipados, profesionales y certificados con los más altos estándares internacionales de calidad en prácticas con un alto sentido ético, profesional y vocación de servicio.

    Aunado a lo anterior y por supuesto de igual importancia, la dignificación de la figura y labor del policía, puesto que no sólo constituye la exigencia de una mejor función por parte de las y los elementos, sino también el garantizar sus derechos laborales, traducidos en mejores condiciones y prestaciones laborales, de tal forma que permita impulsar el espíritu de cuerpo al interior de la corporación, y junto con ello, la posibilidad de emprender un proyecto de vida a través de un empleo estable encaminado al bienestar personal y familiar, retribuyendo con ello, el sacrificio y riesgos que implican el ejercicio del deber.

    Por lo anterior y como parte del trabajo incesante en el fortalecimiento institucional de las FSPE, hasta el día de hoy, nuestra Policía Estatal, cuenta con el premio Triple Arco por parte de la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc. CALEA a través de sus programas de acreditación a los organismos de seguridad pública, de los cuales, sólo 16 instituciones internacionales cuentan con este distintivo. En junio del presente año, CALEA auditó a las FSPE para la obtención de la Acreditación Nivel Avanzado, Baja California es la única entidad en México con este nivel de acreditación.

    El Estado de Fuerza de las FSPE integra a un total de 3 mil 694 elementos debidamente aprobados por la evaluación de control de confianza como lo exige la ley, siendo éste un requisito indispensable para el ejercicio de la función policial al servicio de la sociedad. Por otro lado, las estrategias de Seguridad Pública demandan la especialización en diversos rubros operativos para consolidar una atención rápida y eficaz, es por ello que, la corporación, cuenta con: una Comisaria General, Comisarías Regionales, una Comisaría del Grupo Táctico Operativo, una Comisaría de Inteligencia, y una Comisaría de Fuerza de Tarea; cinco Divisiones: de la Policía de Operaciones, de la Policía Urbana Estatal, de la Policía Procesal, de la Policía Estatal de Caminos, y de la Policía Rural; y, dos Unidades: de la Policía Turística Estatal y la Unidad Canina K9, ésta última de más reciente creación. Todos ellos, apropiadamente equipados con equipo táctico, balístico y tecnológico de vanguardia.

    Además, como parte de los derechos y dignificación policial en materia laboral, a partir de enero del 2020, las FSPE se convirtieron en la policía estatal mejor pagada del país. Anteriormente el ingreso de un policía raso era de 15 mil 348 pesos brutos mensuales. Por disposición del Gobierno del Estado 2018-2024, el salario se incrementó a 20 mil pesos mensuales netos. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una policía bien pagada, equipada y profesionalizada, coadyuvan con la efectividad policial, la sostenibilidad a largo plazo y la confianza ciudadana.

    Los esfuerzos en materia de fortalecimiento y dignificación policial en Guanajuato son fehacientes, no obstante, de nada sirve si no se perciben resultados y, además, no se consolida la confianza de la ciudadanía. En Guanajuato, la Policía Estatal, tiene presencia en los 46 municipios del estado, robusteciendo con ello su cercanía con la sociedad y las autoridades locales y federales. Indiscutiblemente una policía comprometida con la protección de los derechos y libertades ciudadanas, con altos niveles de rendimiento, coordinación y efectividad, propicia legitimidad y reconocimiento social.

    Prueba de lo anterior, es que las FSPE, fue catalogada por el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019 del INEGI, como la 2da corporación, a nivel nacional, con mayor número de intervenciones policiales, como se puede apreciar en la tabla siguiente:

    Intervenciones de la policía estatal, por entidad federativa.

    Lugar Entidad Intervenciones Lugar Entidad Intervenciones
    1 Yucatán 370,854 17 Oaxaca 14,456
    2 Guanajuato 322,445 18 Durango 13,302
    3 Ciudad de México 291,003 19 Guerrero 12,841
    4 Aguascalientes 126,685 20 San Luis Potosí 10,112
    5 México 104,827 21 Tabasco 9,532
    6 Coahuila de Zaragoza 81,387 22 Tlaxcala 9,359
    7 Querétaro 66,762 23 Sonora 9,110
    8 Veracruz de Ignacio de la Llave 40,213 24 Hidalgo 8,604
    9 Morelos 33,076 25 Nayarit 7,687
    10 Chiapas 24,250 26 Colima 6,148
    11 Baja California Sur 22,754 27 Chihuahua 3,396
    12 Nuevo León 21,980 28 Jalisco 3,131
    13 Tamaulipas 20,619 29 Baja California 1,941
    14 Michoacán de Ocampo 19,068 30 Puebla 1,897
    15 Campeche 19,013 31 Zacatecas 1,475
    16 Quintana Roo 16,109 32 Sinaloa 491
    Estados Unidos Mexicanos    1’694,527

    * Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019. Tabulados básicos.

     

    Ahora bien, en lo que concierne a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 también del INEGI, posiciona a las FSPE, a nivel nacional, como la segunda policía con mayor nivel de confianza, sólo después de Yucatán, como se puede apreciar en la tabla siguiente:

    Lugar Entidad Porcentaje Lugar Entidad Porcentaje
    1 Yucatán 75.8 17 Veracruz de Ignacio de la Llave 58.8
    2 Guanajuato 71.7 18 Jalisco 58.8
    3 Campeche 70.1 19 Tabasco 58.5
    4 Zacatecas 69.7 20 Sonora 58.2
    5 Oaxaca 68.0 21 Baja California Sur 57.7
    6 Nuevo León 68.0 22 Durango 57.5
    7 Chiapas 67.5 23 Guerrero 57.5
    8 Aguascalientes 66.0 24 Michoacán de Ocampo 56.0
    9 Tlaxcala 65.0 25 Tamaulipas 54.8
    10 Sinaloa 64.0 26 San Luis Potosí 53.6
    11 Colima 62.8 27 Quintana Roo 53.6
    12 Querétaro 62.7 28 Chihuahua 53.5
    13 Nayarit 61.7 29 Morelos 53.5
    14 Hidalgo 61.5 30 Baja California 53.4
    15 Coahuila de Zaragoza 60.6 31 Estado de México 50.0
    16 Puebla 60.1 32 Ciudad de México 39.6
     Estados Unidos Mexicanos   57.9

    * Fuente:  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE). Tabulados básicos.

    **Porcentaje de la población de 18 años y más por entidad federativa que identifica a la policía estatal y le genera confianza.

     

    La existencia de una Policía Estatal eficaz, íntegra, comprometida con los derechos humanos y dotada de una alta legitimidad y reconocimiento social es, y seguirá siendo el principal objetivo de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual, forma parte substancial del tratamiento de las causas y efectos de las violencias y la delincuencia bajo un modelo de trabajo sinérgico enfocado a dos vertientes: el de la prevención social de las violencias y la delincuencia; y, el de la vigilancia, coordinación, operatividad e inteligencia policial.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato


     

    tur

  5. Exámenes de control y confianza en la policía, la garantía ciudadana

    10 agosto, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    La policía constituye la primera línea de contacto entre la ciudadanía y el Estado, destacando con ello, su rol preponderante en el debate público sobre la problemática de la inseguridad al ubicarse en la punta del iceberg en el escalafón transversal de prevención y contención. Indudablemente, el fortalecimiento institucional de las corporaciones policiales, es parte complementaria del tratamiento del fenómeno que nos ocupa, puesto que, en un Estado Social y Democrático de Derecho, la policía es una institución civil que garantiza derechos y preserva el orden y la paz públicos, de tal suerte que, de ella, se espera un actuar apegado a la legalidad con un alto sentido ético, profesional y vocación de servicio.

    En ese tenor y con el propósito de fortalecer la confianza y legitimidad social de nuestras corporaciones e impulsar su adecuada profesionalización de acuerdo a estándares nacionales e internacionales de certificación, es por lo que las y los elementos deben aprobar no sólo el proceso de reclutamiento y de formación inicial, sino también, las evaluaciones de control de confianza, seleccionando así, los perfiles cuyas aptitudes y actitudes, conformen una institución competente en técnicas y tácticas de intervención policial, respetuosa de la ley y los derechos humanos, con una dimensión axiológica fundamentada en principios éticos y morales con vocación y espíritu de cuerpo.

    Lamentablemente, los altos niveles de susceptibilidad hacia la policía, son consecuencia de actos de opacidad y corrupción de algunos elementos que la integran, por ello, y de conformidad con la legislación aplicable en la materia a nivel federal y estatal, es por lo que las y los aspirantes, así como el personal en activo, deben someterse y aprobar las evaluaciones de control de confianza. Dicho procedimiento, integra un conjunto de exámenes médicos-toxicológicos, psicológicos, poligráficos y de investigación socioeconómica, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de los perfiles establecidos en los procesos de ingreso, promoción y permanencia de acuerdo al género, nivel jerárquico y función ejercida o por desarrollar.

    Cabe señalar que, la corrupción en nuestro país, es un fenómeno con bastante arraigo, inclusive con cierta connivencia y permisibilidad social, de ahí la complejidad en su tratamiento, puesto que su génesis factorial se debe a causas de naturaleza política, económica, institucional, histórica y social, con manifestaciones en las esferas pública y privada. La corrupción, es definida como la desviación de intereses para la obtención de beneficios extraposicionales. Al respecto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 (ENCIG) del INEGI, señala que, a nivel nacional, el 52.8% de la población de 18 años y más considera a la corrupción como el segundo problema más importante que aqueja al país, sólo por debajo de la inseguridad con 78.6%.

    Con base en la ENCIG, en Guanajuato, de la población de 18 años y más que habita áreas urbanas a partir de los 100 mil habitantes, el 81.9% considera a la policía como la institución en la que se dan con mayor frecuencia (muy frecuente y frecuente) actos de corrupción. Es importante aclarar que, dicho fenómeno, se ha transformado en parte de nuestra vida cotidiana, como manifiesto de la crisis de incivilidad y quebrantamiento de la norma que persiste en el imaginario colectivo, tanto en la sociedad como en sus instituciones públicas, por tanto, constituye un problema no sólo de las corporaciones policiales en sus distintos niveles, sino también de la sociedad que lo permite y legitima.

    En nuestra entidad, la instancia encargada de llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza, es el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato (CECCEG), organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Gobierno. El objetivo del CECCEG, es realizar evaluaciones que permitan conocer las condiciones del personal de las áreas de seguridad pública del Estado y sus Municipios en términos de control de confianza de conformidad con la normatividad aplicable. Este centro, se mantiene a la vanguardia en infraestructura, equipamiento y profesionalización permanente.

    En Guanajuato, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la plantilla evaluada de elementos activos de la Policía Estatal de Guanajuato, el 99% aprobó sus respectivos exámenes, colocando a nuestra entidad con el segundo mejor porcentaje de aprobación a nivel federal (ver tabla 1). Ahora bien, en lo que concierne a los 46 municipios del estado, en promedio, estos tienen un porcentaje de aprobación al 99% (ver tabla 2). Cabe mencionar que, en los casos en que los resultados no sean favorables en aquellos elementos en activo que participen en procesos de permanencia, la SSP y los municipios, disponen de los protocolos necesarios para su separación de las corporaciones, todo ello con estricto respeto a sus derechos laborales, incluyendo también, orientación vocacional para su reincorporación a otro giro laboral diverso al de la seguridad pública.

    Centros de Evaluación y Control de Confianza de los Estados
    Estatus de Evaluación y Certificación
    Entidad Aprobados
    Campeche 99%
    Guanajuato 99%
    Baja California Sur 98%
    Coahuila 98%
    México 98%
    Morelos 98%
    Chihuahua 97%
    Oaxaca 97%
    Baja California 96%
    Nuevo León 96%
    Puebla 96%
    Ciudad de México 95%
    Sonora 95%
    Colima 94%
    Querétaro 94%
    Aguascalientes 93%
    Durango 93%
    San Luis Potosí 93%
    Tamaulipas 91%
    Veracruz 91%
    Tlaxcala 90%
    Chiapas 89%
    Quintana Roo 89%
    Sinaloa 89%
    Jalisco 87%
    Tabasco 86%
    Hidalgo 85%
    Michoacán 84%
    Yucatán 84%
    Guerrero 79%
    Nayarit 71%
    Zacatecas 69%

    Tabla 1: Registros del SESNSP al 31 de mayo del 2020.

     

    Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato
    Estatus de Evaluación y Certificación
    Municipio / Secretaría Aprobados
    Abasolo 100%
    Apaseo el Alto 100%
    Coroneo 100%
    Cortazar 100%
    Doctor Mora 100%
    Huanímaro 100%
    Jaral del Progreso 100%
    Jerécuaro 100%
    Manuel Doblado 100%
    Moroleón 100%
    Ocampo 100%
    Purísima del Rincón 100%
    Salvatierra 100%
    San Diego de la Unión 100%
    San Francisco del Rincón 100%
    Santa Catarina 100%
    Santiago Maravatío 100%
    Tarandacuao 100%
    Tarimoro 100%
    Tierra Blanca 100%
    Victoria 100%
    Villagrán 100%
    Guanajuato 100%
    Pénjamo 100%
    León 100%
    San Miguel de Allende 100%
    Valle de Santiago 99%
    Uriangato 99%
    Irapuato 99%
    Yuriria 99%
    Comonfort 99%
    Salamanca 99%
    Celaya 99%
    San Felipe 98%
    Dolores Hidalgo CIN 98%
    San Luis de la Paz 98%
    Apaseo el Grande 98%
    Romita 98%
    Acámbaro 98%
    San José Iturbide 97%
    Silao 96%
    Cuerámaro 95%
    Pueblo Nuevo 92%
    Santa Cruz de Juventino Rosas 91%
    Promedio total 99%

    Tabla 2: Registros del CECCEG al 30 de junio del 2020.

     

    La certificación en materia de control de confianza, se integra como un elemento más que se suma al importante proceso de fortalecimiento al servicio profesional de carrera policial, lo cual, en conjunto, constituyen, por un lado, una garantía a la sociedad guanajuatense de que las y los elementos que conforman las corporaciones, llevarán a cabo con excelencia, compromiso, vocación de servicio y rectitud, la función que por ley les fue encomendada; y por el otro, el impulso de la cultura cívica y de legalidad como una responsabilidad compartida entre la población y sus instituciones públicas, para juntos, construir un estado pacífico y próspero, y de manera coordinada, lograr la grandeza de México.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

    CONTROL DE CONFIANZA

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