Opnión

Prevención social de las violencias y la delincuencia en niñas, niños y adolescentes

La política de prevención social, es un tema crucial dentro de la agenda pública del Gobierno que encabeza el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en conjunto con las dependencias públicas y sectores de la sociedad organizada, con fundamento en el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019 – 2024 (en adelante Programa Estatal), conforman de manera sinérgica un modelo de trabajo integral y pertinente a los factores de riesgo psicosociales que constituyan una posible amenaza a grupos estratégicos, entre ellos, la población de niñas, niños, adolescentes y juventud.

En Guanajuato, dicha población, se conforma por el rango de los 0 a 29 años de edad, los cuales ocupan -de acuerdo con el INEGI- el 50% de la población total de nuestra entidad.

En este sentido, la política pública citada, constituye un elemento coadyuvante para una sociedad fortalecida mediante valores que confluyan, entre otros, en aras del orden público y la paz social. Lo anterior, representa una extraordinaria oportunidad para hacer partícipes a la población de niñas, niños, adolescentes y juventud guanajuatense en una amplia gama de acciones transversales que propicien en ellos actitudes positivas para la prevención de las diversas manifestaciones de violencias y delincuencia a través de temas diversos.

Por ejemplo, el desarrollo de habilidades para enfrentar situaciones de riesgo y su diferenciación de experiencias de confianza y seguridad personal, familiar, escolar y comunitaria, en temas como la salud o la cultura de legalidad, entre otros.

De igual forma, bajo el planteamiento transversal del Programa Estatal, se priorizan programas y acciones en las que la población de referencia, desarrolle habilidades para la vida y el autocuidado, incorporando en ello, como bien lo refiere la UNICEF, el importante papel que desempeña la familia, la comunidad, la escuela y por supuesto el entorno, procurando en ese proceso, el impulso de su participación y responsabilidad conjunta como actores claves en el ejercicio de su propio desarrollo y la de los grupos sociales con los cuales interactúan.

El resultado, es un emprendedurismo social que contribuya al fortalecimiento de los lazos de confianza y reciprocidad ciudadana, propicios para la cohesión y reconstrucción del tejido social.

Nuestra población de niñas, niños, adolescentes y juventud guanajuatense, merecen un presente en la que sus Derechos sean garantizados y, por supuesto, un futuro pujante y prometedor. Por consiguiente, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en el cumplimiento del compromiso transversal que por Ley le compete, se coordina con otras entidades públicas para la permanente tarea de atender aquél entramado de factores que favorecen procesos, situaciones y condiciones psicosociales, culturales y ambientales de violencias y delincuencia.

Cabe resaltar que, la génesis factorial del fenómeno que nos ocupa, reviste de una especial complejidad por la interrelación de sus componentes a diversas escalas y de forma no lineal, lo cual, implica un importante desafío.

Las políticas de prevención social, en consonancia con la seguridad ciudadana, el desarrollo humano y la cohesión social, son aspectos con estrecha correlación. Una comunidad cohesionada, es aquella en donde persisten, de acuerdo con la Dra. Lucía Dammert (experta peruana en la materia), el sentido de pertenencia e inclusión, participan sus actores en los asuntos públicos, se reconocen y toleran diferencias, se accede de manera equitativa a bienes y servicios públicos, y se comparte un sentido comunitario de seguridad.

Para dicha finalidad, resulta relevante incluir como actores clave a las niñas, niños, adolescentes y juventud en general, especialmente como población susceptible de riesgos, pero también acreedora de Derechos Humanos y Justicia Social, para juntos hacer de Guanajuato y su población, la Grandeza de México.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

Conclusiones del VII Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Aprovecho el espacio para agradecer a las personas que tuvieron la oportunidad de acompañarnos el 18 y 19 de noviembre en la transmisión virtual del VII Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia “Escenarios Alternativos, Desafíos y Prioridades en un Contexto Globalizado”, lema con el que las y los conferencistas provenientes de países como Argentina, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Perú, Uruguay y por supuesto México, compartieron con el público experiencias y casos de éxito en tópicos relevantes en materia de seguridad ciudadana, política criminal y prevención social de las violencias y la delincuencia.

Fueron diversos los temas desarrollados a lo largo de una provechosa jornada de dos días. Constatamos valiosas aportaciones y buenas prácticas en las esferas nacional e internacional concernientes a la implementación de estrategias efectivas ante los desafíos impuestos por la pandemia Covid-19 y su impacto en los ámbitos individual, comunitario y estructural. La dinámica de este magno evento, en aras de preservar la salud e integridad de nuestras personalidades y público asistente, fue transmitido a través de la señal de TVCuatro y las distintas plataformas digitales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (YouTube, Facebook y Twitter).

A continuación, me permito hacer una breve reseña de las conferencias presentadas por las y los expertos invitados a este Congreso Internacional. Cabe destacar, la honrosa presencia de nuestro Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, el Mtro. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien, con el tema “Cohesión Social, Hacia un Modelo Participativo de Seguridad Ciudadana”, resaltó la importancia de la cohesión comunitaria, participación y reconstrucción del tejido social para alcanzar niveles óptimos de bienestar, desarrollo y paz social, aspectos en los que Guanajuato ha sido punta de lanza mediante la implementación del programa transversal Impulso 2.0.

Por su parte, el Mtro. Mauricio Vila Dosal, Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con su ponencia “La Seguridad Ciudadana en Yucatán”, compartió el resultado de buenas prácticas que han tenido a bien posicionarlos en los primeros lugares en diversos indicadores de bienestar social y seguridad pública a nivel nacional. Por otro lado, el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino con el tema ¿Coincide el Modelo de Estado Democrático con la Política Criminal Mexicana? invitó a reflexionar sobre una Política Criminal conveniente a un Estado Social y Democrático de Derecho que permita garantizar la protección del pacto social y los Derechos Humanos de las personas.

La Dra. Nieves Sanz Mulas, nos privilegió con su participación “Política Criminal, Globalización y Crisis del Covid-19”, con la cual, hizo hincapié en que una Política Criminal contemporánea atiende desafíos cada vez más globalizados, ejemplo de lo anterior, son el conjunto de problemáticas sociales y económicas como resultado de la pandemia Covid-19, campo fértil para la propagación o agravamiento de violencias y delincuencia. El Dr. César San Juan Guillén con su tema “Espacio, Comportamiento y Cohesión” destacó la trascendencia del diseño urbanístico inclusivo en los espacios públicos y privados para que estos contribuyan al desarrollo humano.

En otro orden de ideas, la Dra. Lucía Dammert, con su plática “Estrategias Globales para la Reducción de la Violencia”, acentuó la gravedad del incremento de las violencias y con ello, la necesidad de políticas públicas con liderazgos trascendentes, sistemas de información efectivos y acciones de prevención en todos sus ámbitos. Ahora bien, el Dr. Leonardo Martín Dorony Saturno, en razón de su conferencia titulada “Educación Ciudadana, Pertenencia y Solidaridad”, resaltó la búsqueda de estrategias alternativas que confronten la violencia estructural imperante y empodere a la sociedad civil organizada como parte de la solución a la problemática de las violencias.

Para la Dra. Angélica Durán Martínez con su tema “Criminalidad y Globalización en las Américas”, describió la existencia de dinámicas delictivas que por su naturaleza demandan una atención global más allá del uso excesivo del sistema penal, es decir, con soluciones preventivas de acuerdo con las características del fenómeno que propicia su incremento. En cuanto al Dr. Edgardo Buscaglia, con su ponencia “Fragmentación Social y Violencia Transnacional”, hizo énfasis en el imperioso compromiso del Estado Mexicano por conferir de legalidad la participación ciudadana a modo de auditoría de las políticas y procesos de gobierno para crear una auténtica gobernanza.

En lo tocante a la intervención del Mtro. Mauro Morales García con su exposición “La Seguridad Pública en México”, describió los modelos policiales más efectivos en el mundo, asimismo, destacó la importancia del trabajo realizado por las divisiones de proximidad social acorde a las necesidades y problemática del entorno. Por su parte, el Mg. Gastón Pezzuchi con su ponencia “Análisis y Prospectiva Criminal”, subrayó las bondades del análisis criminológico en las instituciones de Seguridad Pública a partir del uso de datos, ambos, como herramientas efectivas para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención de la criminalidad en los territorios afectados

El Dr. Guillermo A. Pacheco, con su tema “Inestabilidad y Conflictos Sociales”, invitó a reflexionar sobre las dificultades en las distintas esferas de la vida humana, considerando en ello, un cambio de visión para su abordaje. La Dra. Cecilia Sánchez Romero, con el tema “Crisis Sanitaria, Seguridad Humana y Violencia”, señaló que la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, deja al descubierto una vez más, la tremenda inequidad social, los elevados índices de pobreza y desigualdad. Por lo tanto, estamos obligados hacia la salvaguarda de los derechos con una amplia participación ciudadana para propiciar un golpe de timón que nos permita el progreso humano.

A partir de las valiosas aportaciones de nuestras personalidades participantes en el VII Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, refrendamos nuestro compromiso por establecer un marco de referencia teórico-práctico sobre los paradigmas emergentes de la seguridad ciudadana, política criminal y la prevención social, a través de un espacio de divulgación y reflexión interdisciplinaria que congregue a expertos de renombre nacional e internacional con la finalidad de enriquecer con sus con estudios, investigaciones y experiencias, alternativas de solución a la problemática que implica el agravamiento de las violencias y delincuencia.

Con este tipo de eventos, Guanajuato no sólo se posiciona como un referente nacional en el tema que nos ocupa, sino también, impulsa la participación de servidores públicos, profesionistas, ONG´s, académicos, ciudadanos y medios de comunicación, por medio de una convocatoria plural e incluyente. Con ello, sociedad y gobierno contribuimos al fortalecimiento de la actual política pública en la materia a través de buenas prácticas y experiencias exitosas susceptibles de contextualizarse a nuestra realidad y hacer de Guanajuato y sus Municipios la Grandeza de México.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

Transmisión 18 de noviembre

Transmisión 19 de noviembre

Percepción de seguridad

La percepción de inseguridad, es un problema que vulnera la calidad de vida de las personas y ésta depende de un contexto temporal, social y cultural determinado. Para Vilalta Perdomo, reconocido investigador en la materia, la percepción de inseguridad, es aquella perturbación del ánimo como consecuencia de la diferencia entre el riesgo percibido de ser víctima de un ilícito y la propia victimización del hecho, en otras palabras, percepción subjetiva y objetiva de inseguridad. De acuerdo con lo anterior, es de resaltar que dicha percepción no es una condición exclusiva de las personas quienes han sido víctimas, cabe también, aquellas cuya sensación rebasa el margen de objetividad traduciéndose únicamente en vulnerabilidad ante un posible riesgo.

Con independencia de su margen objetivo o subjetivo, la percepción de inseguridad, constituye un parámetro más (no concluyente) que coadyuva con la medición periódica e integral del tema de la seguridad como problema público. La sensación de temor, sin duda, tiene implicaciones en los ámbitos individual y comunitario, al respecto, estudios e investigaciones convergen en la disminución significativa de convivencia ciudadana y, por ende, de cohesión social. Al incrementarse la sensación de probable riesgo en el entorno público inmediato o mediato, la respuesta natural se traslada al imperativo del encierro defensivo en los diferentes círculos concéntricos de interacción.

El imperativo del encierro defensivo, maximiza el problema de inseguridad, trastocando con ello aspectos esenciales para mantener seguro un espacio, siendo en este caso la vigilancia natural (posibilidad de ver y ser visto), la posible identidad con espacios comunitarios, la confianza y colaboración entre vecinos y, el sentido de participación y corresponsabilidad ciudadana para el tratamiento de problemas públicos, en suma, el bienestar y calidad de vida. Cabe mencionar que, el distanciamiento social y espacial, facilita el debilitamiento de los lazos comunitarios, así como con el entorno territorial, por lo tanto, la ausencia de cohesión como secuela de la “lógica de securitización” también abona a la sensación de inseguridad.

Dentro del proceso de medición integral y periódica de la seguridad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dispone de algunos instrumentos muy útiles que coadyuvan con la caracterización del fenómeno de las violencias y la delincuencia a nivel regional, uno de ellos es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el cual, de acuerdo con el INEGI, tiene por objetivo obtener información que permita realizar estimaciones con representatividad a nivel nacional urbano sobre la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad. La periodicidad de este instrumento es trimestral. En su última edición, sus resultados corresponden al periodo julio – septiembre del 2020.

Es así que, con base en los últimos resultados de la encuesta citada líneas más arriba, León de los Aldama, municipio de mayor notabilidad demográfica y económica en el Estado de Guanajuato, registró una notable mejoría del orden del 7.3 puntos porcentuales con respecto al ENSU pasado (enero-marzo 2020) en cuanto a la percepción de inseguridad en personas mayores de 18 años. Lo anterior, es un reflejo del tratamiento integral del fenómeno de las violencias y la delincuencia en los ámbitos municipal y estatal, aunado también a las vicisitudes del fenómeno con respecto a la influencia del ambiente y contexto, son elementos indivisibles.

Para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los resultados de instrumentos como la ENSU, constituyen indicadores que reflejan no sólo el sentir de la población con respecto al tema que nos ocupa, sino también, un importante insumo de información para el fortalecimiento de políticas públicas en materia operativa y de prevención social de las violencias y la delincuencia, las cuales, de forma integral, empírica y aplicada, buscan salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

Seguridad Pública y el Federalismo

La Seguridad Pública, en palabras del Dr. Sergio García Ramírez, se ha convertido en un asunto de primer plano. Tan relevante es que, de ser una función exclusiva del Estado, ha transmutado a un tema de interés crítico en donde la participación ciudadana, ha encontrado espacios de expresión a través de organismos no gubernamentales, universidades, centros de investigación, entre otros. No es para menos, hoy en día, las violencias y delincuencia han evolucionado a la par de la dinámica de fenómenos de índole estructural, interpersonal y de socialización, génesis factorial que exige un planteamiento de Política Pública que se desarrolle de manera “Integral, Empírica y Aplicada”.

Cabe señalar que, el máximo grado de expresión del fenómeno de las violencias y la delincuencia, son, predominantemente, los ámbitos personal, familiar y comunitario, elementos cuya permeabilidad territorial escapa del escrutinio gubernamental bajo un planteamiento centralista, se requiere entonces, pensar y materializar estrategias que reconozcan y empoderen el papel que desempeñan los gobiernos locales en coalición efectiva y proactiva con liderazgos de los diversos sectores sociales. En ese tenor, es necesario el fortalecimiento de la Seguridad Pública partiendo desde el nivel local, en otras palabras, posicionar a los Gobiernos Locales como protagonistas de la gestión del fenómeno en su total magnitud.

Para llegar a lo anterior, es transcendental, además de la voluntad como motor de cambio en todos los sectores, incluyendo el político, es inherente proporcionar recursos públicos debidamente fiscalizados, que permitan la implementación de estrategias efectivas. En este orden de ideas, no podemos abandonar a su suerte a los Estados y Municipios, a quienes se les exige resultados inverosímiles mientras no cuentan con el respaldo financiero adecuado y preciso, del cual, la Federación, es un actor corresponsable. De lo anterior, surge la necesidad de fortalecer la esencia compensatoria del Pacto Federal, en donde los tres ámbitos de gobierno, formen parte de un proceso “objetivo” de distribución de recursos y oportunidades para la solución de problemas públicos.

La Seguridad Pública, de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en su artículo 21, refiere que, es una función concurrente para los tres órdenes de gobierno (Federación, Estados y los Municipios), que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Evidentemente, esta función que concurre en los tres niveles de gobierno, difiere de cualquier implicación centralista en lo que a la materia respecta, exige, un federalismo que promueva sinergia, responsabilidad con los recursos públicos y, por supuesto, compromiso, considerando en ello como única prioridad, la persona y sus derechos como eje central del actuar gubernamental.

Estamos convencidos que la alternancia política en nuestro país, lejos de ser un factor de sujeción, constituye una interesante oportunidad de colaboración intergubernamental y de competencia creativa. En suma, la función de la Seguridad Pública, demanda capacitación, profesionalización, dignificación, infraestructura, equipamiento, evaluación permanente, sistematización y finalmente, la consolidación de una estrategia integral de Prevención Social, aspectos que, sin el fortalecimiento y apoyo de la Federación, concurrirán en escenarios de mayor complejidad para los Estados y Municipios en el tratamiento del fenómeno de las violencias y la delincuencia. Propugnamos entonces, un federalismo que pase de la recriminación, a un federalismo que busque de manera progresiva ser eficiente y eficaz.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato