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Editorial
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  1. Conclusiones del VII Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

    23 noviembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Aprovecho el espacio para agradecer a las personas que tuvieron la oportunidad de acompañarnos el 18 y 19 de noviembre en la transmisión virtual del VII Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Escenarios Alternativos, Desafíos y Prioridades en un Contexto Globalizado”, lema con el que las y los conferencistas provenientes de países como Argentina, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Perú, Uruguay y por supuesto México, compartieron con el público experiencias y casos de éxito en tópicos relevantes en materia de seguridad ciudadana, política criminal y prevención social de las violencias y la delincuencia.

    Fueron diversos los temas desarrollados a lo largo de una provechosa jornada de dos días. Constatamos valiosas aportaciones y buenas prácticas en las esferas nacional e internacional concernientes a la implementación de estrategias efectivas ante los desafíos impuestos por la pandemia Covid-19 y su impacto en los ámbitos individual, comunitario y estructural. La dinámica de este magno evento, en aras de preservar la salud e integridad de nuestras personalidades y público asistente, fue transmitido a través de la señal de TVCuatro y las distintas plataformas digitales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (YouTube, Facebook y Twitter).

    A continuación, me permito hacer una breve reseña de las conferencias presentadas por las y los expertos invitados a este Congreso Internacional. Cabe destacar, la honrosa presencia de nuestro Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, el Mtro. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien, con el tema “Cohesión Social, Hacia un Modelo Participativo de Seguridad Ciudadana”, resaltó la importancia de la cohesión comunitaria, participación y reconstrucción del tejido social para alcanzar niveles óptimos de bienestar, desarrollo y paz social, aspectos en los que Guanajuato ha sido punta de lanza mediante la implementación del programa transversal Impulso 2.0.

    Por su parte, el Mtro. Mauricio Vila Dosal, Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con su ponencia “La Seguridad Ciudadana en Yucatán”, compartió el resultado de buenas prácticas que han tenido a bien posicionarlos en los primeros lugares en diversos indicadores de bienestar social y seguridad pública a nivel nacional. Por otro lado, el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino con el tema ¿Coincide el Modelo de Estado Democrático con la Política Criminal Mexicana? invitó a reflexionar sobre una Política Criminal conveniente a un Estado Social y Democrático de Derecho que permita garantizar la protección del pacto social y los Derechos Humanos de las personas.

    La Dra. Nieves Sanz Mulas, nos privilegió con su participación “Política Criminal, Globalización y Crisis del Covid-19”, con la cual, hizo hincapié en que una Política Criminal contemporánea atiende desafíos cada vez más globalizados, ejemplo de lo anterior, son el conjunto de problemáticas sociales y económicas como resultado de la pandemia Covid-19, campo fértil para la propagación o agravamiento de violencias y delincuencia. El Dr. César San Juan Guillén con su tema “Espacio, Comportamiento y Cohesión” destacó la trascendencia del diseño urbanístico inclusivo en los espacios públicos y privados para que estos contribuyan al desarrollo humano.

    En otro orden de ideas, la Dra. Lucía Dammert, con su plática “Estrategias Globales para la Reducción de la Violencia”, acentuó la gravedad del incremento de las violencias y con ello, la necesidad de políticas públicas con liderazgos trascendentes, sistemas de información efectivos y acciones de prevención en todos sus ámbitos. Ahora bien, el Dr. Leonardo Martín Dorony Saturno, en razón de su conferencia titulada “Educación Ciudadana, Pertenencia y Solidaridad”, resaltó la búsqueda de estrategias alternativas que confronten la violencia estructural imperante y empodere a la sociedad civil organizada como parte de la solución a la problemática de las violencias.

    Para la Dra. Angélica Durán Martínez con su tema “Criminalidad y Globalización en las Américas”, describió la existencia de dinámicas delictivas que por su naturaleza demandan una atención global más allá del uso excesivo del sistema penal, es decir, con soluciones preventivas de acuerdo con las características del fenómeno que propicia su incremento. En cuanto al Dr. Edgardo Buscaglia, con su ponencia Fragmentación Social y Violencia Transnacional”, hizo énfasis en el imperioso compromiso del Estado Mexicano por conferir de legalidad la participación ciudadana a modo de auditoría de las políticas y procesos de gobierno para crear una auténtica gobernanza.

    En lo tocante a la intervención del Mtro. Mauro Morales García con su exposición “La Seguridad Pública en México”, describió los modelos policiales más efectivos en el mundo, asimismo, destacó la importancia del trabajo realizado por las divisiones de proximidad social acorde a las necesidades y problemática del entorno. Por su parte, el Mg. Gastón Pezzuchi con su ponencia “Análisis y Prospectiva Criminal”, subrayó las bondades del análisis criminológico en las instituciones de Seguridad Pública a partir del uso de datos, ambos, como herramientas efectivas para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención de la criminalidad en los territorios afectados

    El Dr. Guillermo A. Pacheco, con su tema “Inestabilidad y Conflictos Sociales”, invitó a reflexionar sobre las dificultades en las distintas esferas de la vida humana, considerando en ello, un cambio de visión para su abordaje. La Dra. Cecilia Sánchez Romero, con el tema “Crisis Sanitaria, Seguridad Humana y Violencia”, señaló que la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, deja al descubierto una vez más, la tremenda inequidad social, los elevados índices de pobreza y desigualdad. Por lo tanto, estamos obligados hacia la salvaguarda de los derechos con una amplia participación ciudadana para propiciar un golpe de timón que nos permita el progreso humano.

    A partir de las valiosas aportaciones de nuestras personalidades participantes en el VII Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, refrendamos nuestro compromiso por establecer un marco de referencia teórico-práctico sobre los paradigmas emergentes de la seguridad ciudadana, política criminal y la prevención social, a través de un espacio de divulgación y reflexión interdisciplinaria que congregue a expertos de renombre nacional e internacional con la finalidad de enriquecer con sus con estudios, investigaciones y experiencias, alternativas de solución a la problemática que implica el agravamiento de las violencias y delincuencia.

    Con este tipo de eventos, Guanajuato no sólo se posiciona como un referente nacional en el tema que nos ocupa, sino también, impulsa la participación de servidores públicos, profesionistas, ONG´s, académicos, ciudadanos y medios de comunicación, por medio de una convocatoria plural e incluyente. Con ello, sociedad y gobierno contribuimos al fortalecimiento de la actual política pública en la materia a través de buenas prácticas y experiencias exitosas susceptibles de contextualizarse a nuestra realidad y hacer de Guanajuato y sus Municipios la Grandeza de México.

     

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


    Transmisión 18 de noviembre

    Transmisión 19 de noviembre

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  2. Precepción de seguridad

    16 noviembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    La percepción de inseguridad, es un problema que vulnera la calidad de vida de las personas y ésta depende de un contexto temporal, social y cultural determinado. Para Vilalta Perdomo, reconocido investigador en la materia, la percepción de inseguridad, es aquella perturbación del ánimo como consecuencia de la diferencia entre el riesgo percibido de ser víctima de un ilícito y la propia victimización del hecho, en otras palabras, percepción subjetiva y objetiva de inseguridad. De acuerdo con lo anterior, es de resaltar que dicha percepción no es una condición exclusiva de las personas quienes han sido víctimas, cabe también, aquellas cuya sensación rebasa el margen de objetividad traduciéndose únicamente en vulnerabilidad ante un posible riesgo.

    Con independencia de su margen objetivo o subjetivo, la percepción de inseguridad, constituye un parámetro más (no concluyente) que coadyuva con la medición periódica e integral del tema de la seguridad como problema público. La sensación de temor, sin duda, tiene implicaciones en los ámbitos individual y comunitario, al respecto, estudios e investigaciones convergen en la disminución significativa de convivencia ciudadana y, por ende, de cohesión social. Al incrementarse la sensación de probable riesgo en el entorno público inmediato o mediato, la respuesta natural se traslada al imperativo del encierro defensivo en los diferentes círculos concéntricos de interacción.

    El imperativo del encierro defensivo, maximiza el problema de inseguridad, trastocando con ello aspectos esenciales para mantener seguro un espacio, siendo en este caso la vigilancia natural (posibilidad de ver y ser visto), la posible identidad con espacios comunitarios, la confianza y colaboración entre vecinos y, el sentido de participación y corresponsabilidad ciudadana para el tratamiento de problemas públicos, en suma, el bienestar y calidad de vida. Cabe mencionar que, el distanciamiento social y espacial, facilita el debilitamiento de los lazos comunitarios, así como con el entorno territorial, por lo tanto, la ausencia de cohesión como secuela de la “lógica de securitización” también abona a la sensación de inseguridad.

    Dentro del proceso de medición integral y periódica de la seguridad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dispone de algunos instrumentos muy útiles que coadyuvan con la caracterización del fenómeno de las violencias y la delincuencia a nivel regional, uno de ellos es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el cual, de acuerdo con el INEGI, tiene por objetivo obtener información que permita realizar estimaciones con representatividad a nivel nacional urbano sobre la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad. La periodicidad de este instrumento es trimestral. En su última edición, sus resultados corresponden al periodo julio – septiembre del 2020.

    Es así que, con base en los últimos resultados de la encuesta citada líneas más arriba, León de los Aldama, municipio de mayor notabilidad demográfica y económica en el Estado de Guanajuato, registró una notable mejoría del orden del 7.3 puntos porcentuales con respecto al ENSU pasado (enero-marzo 2020) en cuanto a la percepción de inseguridad en personas mayores de 18 años. Lo anterior, es un reflejo del tratamiento integral del fenómeno de las violencias y la delincuencia en los ámbitos municipal y estatal, aunado también a las vicisitudes del fenómeno con respecto a la influencia del ambiente y contexto, son elementos indivisibles.

    Para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los resultados de instrumentos como la ENSU, constituyen indicadores que reflejan no sólo el sentir de la población con respecto al tema que nos ocupa, sino también, un importante insumo de información para el fortalecimiento de políticas públicas en materia operativa y de prevención social de las violencias y la delincuencia, las cuales, de forma integral, empírica y aplicada, buscan salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato


     

     

    FSPE

  3. Seguridad Pública y el Federalismo

    9 noviembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    La Seguridad Pública, en palabras del Dr. Sergio García Ramírez, se ha convertido en un asunto de primer plano. Tan relevante es que, de ser una función exclusiva del Estado, ha transmutado a un tema de interés crítico en donde la participación ciudadana, ha encontrado espacios de expresión a través de organismos no gubernamentales, universidades, centros de investigación, entre otros. No es para menos, hoy en día, las violencias y delincuencia han evolucionado a la par de la dinámica de fenómenos de índole estructural, interpersonal y de socialización, génesis factorial que exige un planteamiento de Política Pública que se desarrolle de manera “Integral, Empírica y Aplicada”.

    Cabe señalar que, el máximo grado de expresión del fenómeno de las violencias y la delincuencia, son, predominantemente, los ámbitos personal, familiar y comunitario, elementos cuya permeabilidad territorial escapa del escrutinio gubernamental bajo un planteamiento centralista, se requiere entonces, pensar y materializar estrategias que reconozcan y empoderen el papel que desempeñan los gobiernos locales en coalición efectiva y proactiva con liderazgos de los diversos sectores sociales. En ese tenor, es necesario el fortalecimiento de la Seguridad Pública partiendo desde el nivel local, en otras palabras, posicionar a los Gobiernos Locales como protagonistas de la gestión del fenómeno en su total magnitud.

    Para llegar a lo anterior, es transcendental, además de la voluntad como motor de cambio en todos los sectores, incluyendo el político, es inherente proporcionar recursos públicos debidamente fiscalizados, que permitan la implementación de estrategias efectivas. En este orden de ideas, no podemos abandonar a su suerte a los Estados y Municipios, a quienes se les exige resultados inverosímiles mientras no cuentan con el respaldo financiero adecuado y preciso, del cual, la Federación, es un actor corresponsable. De lo anterior, surge la necesidad de fortalecer la esencia compensatoria del Pacto Federal, en donde los tres ámbitos de gobierno, formen parte de un proceso “objetivo” de distribución de recursos y oportunidades para la solución de problemas públicos.

    La Seguridad Pública, de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en su artículo 21, refiere que, es una función concurrente para los tres órdenes de gobierno (Federación, Estados y los Municipios), que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Evidentemente, esta función que concurre en los tres niveles de gobierno, difiere de cualquier implicación centralista en lo que a la materia respecta, exige, un federalismo que promueva sinergia, responsabilidad con los recursos públicos y, por supuesto, compromiso, considerando en ello como única prioridad, la persona y sus derechos como eje central del actuar gubernamental.

    Estamos convencidos que la alternancia política en nuestro país, lejos de ser un factor de sujeción, constituye una interesante oportunidad de colaboración intergubernamental y de competencia creativa. En suma, la función de la Seguridad Pública, demanda capacitación, profesionalización, dignificación, infraestructura, equipamiento, evaluación permanente, sistematización y finalmente, la consolidación de una estrategia integral de Prevención Social, aspectos que, sin el fortalecimiento y apoyo de la Federación, concurrirán en escenarios de mayor complejidad para los Estados y Municipios en el tratamiento del fenómeno de las violencias y la delincuencia. Propugnamos entonces, un federalismo que pase de la recriminación, a un federalismo que busque de manera progresiva ser eficiente y eficaz.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

    FSPE

  4. Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato en 2do. lugar en intervenciones Policiales

    26 octubre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Para Guanajuato, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (en adelante FSPE), son una institución motivo de orgullo, no sólo por su pasado glorioso forjado por mujeres y hombres baluartes de patriotismo, lealtad y sacrificio, sino también por ser un cuerpo de seguridad que a lo largo de los años, ha construido una identidad basada en la confianza y certidumbre institucional, fundamento de su legitimidad social y efectividad.

    En la actualidad, las FSPE, además de conservar los principios éticos que históricamente la vieron nacer, se fortalece día a día con equipamiento de vanguardia y recursos humanos profesionales y certificados con los más altos estándares internacionales de calidad.

    Prueba de lo anterior, es el permanente trabajo realizado en la compleja tarea de garantizar a las y los guanajuatenses paz social, tranquilidad y convivencia social, cuyos resultados son de dominio público. Al respecto, cabe destacar lo señalado por el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 del INEGI, en el cual refiere que, en el año 2019, la Policía Estatal tuvo un total de 341 mil 728 intervenciones policiales, colocando a la corporación, dentro de los dos primeros lugares del ranking nacional, sólo superado por el Estado de Yucatán con 409 mil 839 intervenciones, ambas entidades, conservan sus lugares por segundo año consecutivo.

    Las intervenciones policiales, de acuerdo con el censo citado, son el conjunto de acciones efectivas, con enfoque preventivo o reactivo, llevadas a cabo por las y los elementos que integran los cuerpos de seguridad pública en las entidades federativas, sea de manera unitaria o en colaboración interinstitucional (operativos conjuntos). Dichas acciones, tiene como propósito general la prevención, contención y disuasión de conductas antisociales y delictivas. En esta categoría, no se incluyen acciones en materia de tránsito y vialidad. Lo precedente, para las FSPE, resulta evidencia irrefutable de una corporación proactiva y en constante actividad.

    El incesante trabajo llevado a cabo por las FSPE, es consecuencia de la dedicación y perseverante profesionalización de las y los elementos que lo integran, cuyas acciones, refrendan su compromiso con la sociedad, en donde ambas coexisten en planos de colaboración y confianza institucional.

    Al respecto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (INEGI), señala que de la población de 18 años y más que identifican a las FSPE, el 71,6% de los guanajuatenses refieren que les genera mucha y algo de confianza, posicionándose nuestra entidad, dentro de los dos primeros lugares del ranking nacional en el cómputo de dichas categorías, solo por debajo de Yucatán con el 75,8%.

    A 187 años de su creación, las mujeres y hombres que integran las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, son herederos de una institución con gran tradición, espíritu como cuerpo de seguridad y profunda vocación de servicio. La transformación paulatina de nuestra corporación, bajo la supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, responde al reto que implica atender con eficacia las violencias y la delincuencia, fenómeno dinámico y de considerable adaptabilidad ante circunstancias diversas, factores que exigen esquemas de trabajo encaminados a la constante innovación en la aplicación de sistemas de operatividad, inteligencia policial mediante el uso de la tecnología y estrategias de coordinación interinstitucional, para con ello, ofrecer resultados fehacientes que coadyuven con la salvaguarda de la integridad y derechos de la sociedad guanajuatense y sus visitantes.

     

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

    fspe 7 intervension

  5. La evaluación de la Política Pública de Seguridad

    19 octubre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

     

    La Política Pública en materia de Prevención Social implementada por la Secretaría de Seguridad Pública en nuestra entidad federativa, surge de la “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana 2018 – 2024”, mecanismo neurálgico de las acciones de seguridad sustentado en un modelo de trabajo integral, sinérgico y secuencial entre las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, con el apoyo proactivo de los diversos sectores de nuestra sociedad organizada, a través de tres vértices estratégicos: a) el de la prevención social de las violencias y la delincuencia; y, b) vigilancia, coordinación operativa e inteligencia policial; y, c) fortalecimiento jurídico – institucional.

    El vértice correspondiente al de la Prevención Social, encuentra fundamento a través de su mecanismo de planeación rector, el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019 – 2024, publicado el 05 de marzo del 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. Dicho instrumento, tiene como propósito general, impulsar la prevención y el autocuidado para la atención multidimensional de los factores de riesgo vinculados a las diversas manifestaciones de violencia y delincuencia, con la participación necesaria y solidaria de la sociedad en coordinación con las instituciones públicas en los ámbitos Estatal y Municipal

    Cabe señalar que dicho propósito, de interés o beneficio público, se encuentra soportado por un planteamiento de planeación en espiral o cíclico que va desde el diagnóstico y caracterización del fenómeno, su correspondiente análisis estratégico y de factibilidad, formulación de la estrategia de intervención como solución a la problemática identificada, instrumentación y monitoreo, hasta llegar al momento cumbre de su evaluación, siendo esta última etapa de vital trascendencia al proporcionar una radiografía de la estrategia en curso sobre sus beneficiarios directos, su nivel de institucionalidad  y corrección técnica en caso requerir mejoras e iniciar un nuevo ciclo.

    Resulta entonces, un programa estratégico consecuencia de una serie de etapas acumulativas, secuenciales y flexibles para su evaluación antes, durante y después de haber implementado la Política Pública, considerando en ello, métodos y técnicas para la recopilación, procesamiento y análisis de los resultados en una periodicidad determinada. En conclusión, el conocimiento provisto por una adecuada evaluación, constituye un significativo acervo de información sobre los posibles efectos que tuvieron las acciones sobe la problemática identificada, además de coadyuvar en la comprensión del fenómeno en su génesis factorial y orden de causalidad.

    Es por la relevancia de lo anterior que con fundamento en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en su artículo 140, se crea el Sistema Estatal de Evaluación, Seguimiento y Estadística Criminológica (en adelante SEESEC) el cual es una herramienta metodológica que tiene como finalidad orientar los procesos de planeación, organización, implementación, monitoreo, rendición de cuentas, evaluación de los objetivos, metas, estrategias y acciones del Estado y los Municipios en materia político-criminal y de prevención social de las violencias y la delincuencia.

    Mediante el SEESEC, como engrane neurálgico de la Política Pública de Seguridad, junto con los recursos técnicos, financieros y humanos que lo integran, se busca consolidar el círculo virtuoso en cada una de sus etapas, incrementando así la eficiencia y eficacia de la actuación gubernamental mediante un conjunto de procedimientos técnicos, los cuales bajo una configuración empírica y aplicada, proveen los elementos necesarios para el fortalecimiento o rectificación de aquellas acciones estratégicas que a la par de la realidad social y evolución del fenómeno que nos ocupa, coadyuven con la Seguridad Pública y el bienestar de las y los guanajuatenses.

     

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

     

     

    Evaluación Politica Pública 32

  6. La seguridad vecinal es tarea de todos

    12 octubre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    La Seguridad Pública, constituye una de las principales preocupaciones para los mexicanos. Al respecto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, reporta que, a nivel nacional, el 78,6% de la población de 18 años y más refirió que, la inseguridad y la delincuencia es el problema más importante que aqueja hoy en día al país, seguido de la corrupción con el 52,8%. El impacto de la inseguridad percibida en los diferentes sectores sociales, sea objetiva o subjetiva, naturalmente despierta inquietud que repercute en la calidad de vida y el bienestar social. Por tanto, resulta un tema de sumo interés dentro de la opinión pública y por consecuencia, compromiso substancial de la agenda de gobierno en la conformación de políticas públicas eficientes y eficaces.

    El comportamiento del fenómeno y el interés proactivo de los diversos sectores de la sociedad organizada de requerir, y a la vez, coadyuvar con la mejora de las condiciones de seguridad, ha impulsado el establecimiento de diferentes enfoques y respuestas estratégicas, cuyo diseño, a partir de principios como: la integralidad, focalización, transversalidad, institucionalidad y territorialidad, promueven la prevención y el autocuidado para la atención multidimensional de las violencias y la delincuencia. Todo ello, encuentra factibilidad, mediante un esquema de trabajo que propicia, desde el ámbito comunitario, la participación ciudadana en la gestión de la convivencia pacífica y reconstrucción del tejido social en un marco de asociatividad local y buen gobierno.

    Desde hace tiempo, nos encontramos en la consolidaciónde un modelo de instrumentación integral que consideral ciudadano, eje central del actuar gubernamental bajo un planteamiento de organización y corresponsabilidad social. Se busca entonces, ampliar el margen de compromiso hacia otros sectores en el reconocimiento de la Seguridad Pública, no sólo como una función que le compete al aparato público, sino también como una responsabilidad cívica de imperiosa sistematización colectiva a través de la coordinación de las autoridades locales. Ello encuentra cabida, mediante la implementación estrategias de prevención social que, desde su ámbito comunitario, posicionen a las y los vecinos, como agentes proactivos de cambio social.

    El modelo de organización vecinal, se fundamenta en el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019 – 2024, máximo instrumento de planeación que conduce la política pública en la materia, el cual, mediante la identificación de las peculiaridades territoriales, sociodemográficas del entorno, así como de los diversos factores de riesgo que coadyuvan con el fenómeno, sistematiza el desempeño gubernamental para consolidar el desarrollo armónico de las personas, sus familias, la comunidad y sus instituciones, considerando en ello, la implementación de mecanismos de interlocución comunitaria entre sociedad y gobierno.

    Es bajo el citado planteamiento estratégico que, la organización vecinal en el ámbito comunitario, ha cobrado especial relevancia para la coordinación intersectorial, y responsabilidad territorial en estrategias concernientes a la seguridad y prevención social. El propósito de ello, consiste, por un lado, mejorar la percepción de seguridad y reducir los delitos de oportunidad en aquellas zonas o delimitaciones territoriales que así lo requieran por su alta densidad criminológica, y por el otro, atender, mediante un esquema transversal, aquellos factores de riesgo de naturaleza estructural e interpersonal que propicien situaciones de violencias y delincuencia.

    Recordemos que, la Política de Prevención Social en nuestro Estado, se concentra en el tratamiento de la génesis y expresiones del comportamiento antisocial y delictivo, fundamentado en un bosquejo de análisis permanente que permite entender la interrelación de factores de riesgo en sus diversos ámbitos. Esto nos lleva a identificar algunos componentes que contribuyen a la formulación de estrategias específicas y adecuadas. Como un ejemplo, tenemos los delitos de oportunidad, cuya manifestación depende de movimientos cotidianos, flujo de personas, atribuciones o valor del objetivo, vigilancia natural, así como cambios sociales o tecnológicos que proveen nuevas oportunidades.

    En este sentido, destacamos el comportamiento del Robo a Casa Habitación, considerado por su ocurrencia en el espacio urbano y la influencia del medio ambiente, un delito de oportunidad, tal y como se muestra en la gráfica siguiente. Es importante destacar que, la constitución de alianzas entre la comunidad organizada (vecinos) y las autoridades a nivel local permite, de acuerdo con el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, aumentar los niveles de conciencia entre los actores involucrados, compartir información, formar redes de trabajo, potenciar recursos e incrementar los niveles de participación comunitaria a través del tiempo.

    43E0BE30-80B4-4AB7-A509-466C783D4D2AGráfica1: Incidencia de robo a casa habitación / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

    Es por lo anterior que, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, impulsa la participación comunitaria a través de la instalación y seguimiento de Comités de Seguridad Vecinal que fortalezcan la cultura corresponsabilidad social mediante un modelo de participación encaminado hacia la implementación de actividades informativas, consultivas, gestionarias y de empoderamiento. La participación vecinal, es la actividad racional, organizada y consciente que tiene por objetivo, expresar iniciativas, necesidades, defender intereses y valores comunes e influir, de forma directa o indirecta, en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato


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  7. La política de seguridad integral a debate: VII Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

    5 octubre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    La crisis sanitaria del COVID-19 y sus diversas consecuencias en los ámbitos estructural e interpersonal, han implicado el incremento o adaptabilidad de algunas formas de violencias y delincuencia, escenario para el cual, ningún gobierno estaba preparado. La paulatina evolución de este fenómeno hacia realidades de mayor complejidad, precisa y determina el replanteamiento de un conjunto de estrategias que, de manera planificada y acorde a las limitaciones sanitarias, consideren escenarios alternativos, focalicen desafíos y atiendan prioridades en un contexto transnacional. Es por ello que, la presente edición del Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, representa una valiosa oportunidad de congregar a expertos en diversas áreas del conocimiento, cuya reconocida y sobresaliente trayectoria tanto a nivel nacional como internacional, proporcionan un importante factor de cambio en los ámbitos académico, social o gubernamental.

    Cabe mencionar que, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, desde el año 2005, le ha caracterizado una extensa tradición en la organización de Congresos Internacionales. El auge de estos eventos, tiene su origen con la amplia concurrencia de profesionistas, académicos, periodistas y organizaciones civiles interesados en temas de relevancia interdisciplinaria. A lo largo de estos años, hemos contado con la participación de ponentes nacionales e internacionales; al respecto, recordamos con especial afecto algunas personalidades como: el Dr. Sergio García Ramírez destacado jurista mexicano, al Dr. Irvin Waller fundador del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, Dr. Elías Carranza Lucero un icono de la investigación penitenciaria en Latinoamérica y ex director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, entre otras destacadas personalidades de América Latina, Norte América y Europa.

    En lo que concierne a la edición de este año, hemos de señalar que, su finalidad, consiste en establecer un marco de referencia teóricopráctico sobre el tratamiento de las violencias y la delincuencia, mediante un espacio de divulgación virtual donde se congregue a expertos de talla nacional e internacional. Por tal motivo, el desafío para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, consiste en posicionarse a nivel nacional, como uno de los principales divulgadores de conocimiento científico alrededor del paradigma de una Política Criminal de Aplicabilidad Integral, encaminada a generar, soluciones a partir del necesario ángulo de la seguridad humana como alternativa a la tradicional lógica del punitivismo penal.

    Finalmente, con el propósito de organizar un Congreso adecuado a la problemática actual y congruente con el planteamiento estratégico del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019 – 2024, dentro del proceso de análisis y deliberación conceptual del evento, se consideraron tanto el actual contexto sanitario como los efectos colaterales derivados de la pandemia COVID-19, nodo causal del conjunto de factores multidimensionales que probablemente coadyuven con el fenómeno de las violencias y la delincuencia en el corto, mediano y largo plazo; por tal motivo, se convino una estructura temática transdiciplinaria bajo el eslogan:“Escenarios Alternativos, Desafíos y Prioridades en un Contexto Globalizado”, lema que conllevará hacia el debate sobre la necesaria adaptabilidad estratégica ante una realidad dinámica y turbulenta que requiere, desde la óptica de la seguridad humana global, un modelo innovador e integral de política pública.

    En su desarrollo, este magno evento, contará con la participación de personajes destacados provenientes de países como Argentina, Colombia, Costa Rica, España, Perú y por supuesto México. Cabe destacar que, cada uno de nuestros ponentes, poseen una eminente y destacada trayectoria profesional en las distintas áreas del conocimiento encaminadas al tratamiento del fenómeno que nos ocupa, misma que, compartirán a través de sus respectivas ponencias a lo largo de dos días de intenso trabajo. Es importante señalar que, la dinámica del Congreso Internacional, por esta ocasión y con motivo del comportamiento de la pandemia COVID-19 monitoreada por nuestras autoridades sanitarias, se transmitirá por la señal de TVcuatro y las plataformas digitales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (YouTube, Facebook Twitter). Nuestro objetivo es que este tipo de eventos continúen paralelamente a la preocupación por el bienestar de nuestros conferencistas y asistentes.

    En espera de contar con la tradicional participación del público que cada año asiste, se les hace la atenta invitación a la transmisión oficial que comenzará en punto de las 12:00 horas los días 18 y 19 de noviembre al VII Congreso Internacional para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia “Escenarios Alternativos, Desafíos y Prioridades en un Contexto Globalizado”. La organización de este magno evento, responde al compromiso del Gobierno del Estado de Guanajuato en el desarrollo de espacios que impulsen la divulgación del conocimiento científico, la participación y corresponsabilidad interinstitucional en el tratamiento del fenómeno de las violencias y la delincuencia.

    No faltes. Te esperamos.

    Regístrate en: http://bit.ly/7CIPSVD_Reg

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

    congreso

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  8. La estrategia de la disminución de los delitos de alto impacto

    29 septiembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    El fenómeno de las violencias y la delincuencia, como bien lo hemos referido en otras ocasiones, obedece a una génesis factorial de naturaleza probabilística y origen diverso. Recordemos que, su tratamiento, debe partir desde una Política Criminal aplicada e integral, previo estudio de sus causas, por lo tanto, los ejercicios de análisis estadísticos son la incidencia e índice de denuncias, sin que sean un indicador determinante del fenómeno, pero sí coadyuvante, es decir, un elemento más que se suma a la comprensión de su comportamiento en un espacio y tiempo determinado, situación de la cual, derivan medidas focalizadas al elemento “oportunidad” en aquellos territorios con mayor densidad criminal.

    La clasificación de los delitos de alto impacto, según el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), son aquellas conductas que, por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia e incidencia, contribuyen a la percepción de inseguridad y vulneración de la sociedad. Cabe mencionar que, dicha clasificación, para el estado de Guanajuato, corresponde a los siguientes delitos: homicidios dolosos, feminicidios, extorsión, lesiones dolosas, robo a bancos, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, robo a transportista, robo de vehículo, robo de ganado, secuestro y violación. Reiteramos que, la variabilidad de cada una de estas conductas ilícitas, no describen las condiciones generales de seguridad en las que se encuentra el estado, para dicho propósito, se requiere de un exhaustivo trabajo de investigación en materia criminológica.

    Ahora bien, la medición de los índices e incidencia en materia de delitos de alto impacto en nuestro estado refleja que, -de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- en el periodo enero–agosto del presente año, el estado de Guanajuato, ocupó el quinto lugar en incidencia con 20,361 carpetas de investigación iniciadas, el duodécimo en índice con 347.83 por cada 100,000 habitantes y el décimo en variación. La mayor cantidad de delitos de alto impacto en el presente año, se presentó en enero con 2,941 denuncias. El promedio mensual de delitos denunciados dentro del periodo de referencia es de 2,545.13 carpetas. En cuanto a la variación respecto al año 2019 en el mismo parámetro temporal, el año 2020, registró una disminución de la incidencia en un 13.07% con relación al año anterior.

    De forma particular y bajo el mismo parámetro temporal (enero a agosto de 2020), tenemos que los índices por cada 100 mil habitantes, de los delitos de feminicidio (0.19), extorsión (0.19), robo a bancos (0.00), robo a transeúnte (2.07), robo a transportista (0.09), robo de vehículo (49.46), robo de ganado (3.09), secuestro (0.14) y violación (6.05), se ubican por debajo del índice promedio nacional. La siguiente gráfica ilustra estas magnitudes y las correspondientes del promedio nacional.

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    En lo concerniente a la incidencia del 2020 con relación al 2019, en el estado de Guanajuato, se tienen importantes reducciones, presentándose en los siguientes delitos: lesiones dolosas (-25.85%), robo a bancos (-100%), robo a casa habitación (-7.65), robo a negocio (-8.55), robo a transportista (-73.68%), robo de vehículo (-4.23%), robo de ganado (-24.27%) y violación (-28.34%).  A continuación, se ilustran la variación de estos delitos.

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    De la referencia estadística anterior, se identifican dos ventanas de oportunidad: la primera, tiene que ver con la consolidación de una estrategia de prevención e inteligencia policial, focalizada en aquellas zonas de intervención que por sus altos niveles requieren atención. Cabe hacer la aclaración que, el acervo estadístico procedente de registros administrativos, resulta un elemento “complementario” de política pública y posible fundamento de ulteriores investigaciones en materia criminológica orientadas a la comprensión del fenómeno criminal en su génesis factorial. La segunda, constituye un parámetro de la confianza entre la sociedad y sus instituciones, como mecanismo esencial para el tratamiento del fenómeno delincuencial sobre la base de la participación ciudadana y cultura de la legalidad a través de adecuado ejercicio democrático de la denuncia.

    Lo anterior, conlleva la responsabilidad de implementar estrategias de proximidad territorial y comunitaria por conducto de las autoridades en los tres niveles de gobierno,  mediante un esquema de acción pública que involucre la salvaguarda de los derechos humanos, el empoderamiento de las familias, la recuperación de espacios públicos, el impulso al orden y la participación ciudadana, el rescate de los valores sociales, la prevención de las diversas manifestaciones de violencia y la reconstrucción del tejido social.

    Por lo tanto, nuestra visión como Secretaría de Seguridad Pública del Estado, implica la mejora de las condiciones de bienestar social y seguridad ciudadana, a través de un planteamiento sensible y cercano a las demandas sociales en materia de prevención social de las violencias y la delincuencia, y el fortalecimiento institucional que realiza la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, mediante el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019-2024; así como de control, coordinación operativa e inteligencia policial que involucre la implementación de acciones en donde el ciudadano y sus derechos estén siempre en el centro del actuar gubernamental.

     

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

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  9. Protección Civil

    21 septiembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    PC 001

     

     

    Para nuestra sociedad, es indiscutible la importancia del trabajo que desarrollan las y los elementos que conforman la Coordinación Estatal y Unidades Municipales de Protección Civil, quienes, en coordinación sinérgica con instituciones de gobierno y los diferentes sectores, organismos y asociaciones civiles, constituyen el Sistema Estatal de Protección Civil de Guanajuato.

    De acuerdo con la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato, en su artículo 2, fracción XIX la define como el como el conjunto de principios, normas, procedimientos, acciones y conductas solidarias, participativas y corresponsables entre sociedad y autoridades para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y entorno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre”.

    Cabe mencionar que, la Protección Civil, no es una actividad de reciente creación; sus antecedentes históricos, se remontan al concluir la Segunda Guerra Mundial ante la necesidad de atender a las víctimas de los conflictos bélicos internacionales, habiéndose formalizado su función en el “Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949”. Su concepto, en aquel entonces, evidentemente se circunscribía a la protección de la población civil y evitar ataques, destrucción o inutilización de medios de supervivencia por actos de guerra o violencia. No fue hasta la resolución 2034, aprobada el 7 de diciembre de 1965 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se consideró adicionar la asistencia en casos de desastres naturales, instando a los países participantes, la creación de los servicios apropiados de planificación y acción por intermedio de la Cruz Roja.

    La Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, sitúa en año de 1966, el primer antecedente de atención a la población civil con motivo del desbordamiento del Río Pánuco en el Estado de Veracruz, habiendo implementado por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional el Plan de Auxilio, precursor inmediato del Plan DN-III-E. A pesar de no ser el único precedente en la materia, no fue sino hasta después del sismo ocurrido el 19 y 20 de septiembre de 1985, en donde la devastación, indolencia institucional y la falta de coordinación, obligó a replantear el esquema de atención a la población civil en caso de desastres naturales. Las secuelas dejadas por el terremoto, marcaron un hito en la agenda de gobierno que incluía la consolidación de una política transversal, inclusiva, organizada y participativa de Protección Civil.

    El 9 de octubre de 1985, se creó el Comité de Prevención de Seguridad Civil en apoyo a la Comisión Nacional de Reconstrucción, posteriormente, el 06 de mayo de 1986, se publicó el decreto gubernativo por el cual se crea el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Programa Nacional de Protección Civil, siendo ambos, mecanismos máximos de planeación, coordinación y articulación entre la federación, las entidades federativas y los municipios en la prevención de desastres y la atención de emergencias; surge entonces la Protección Civil Mexicana.

    Como consecuencia de la creación del SINAPROC, devino también su correspondiente institucionalización en las entidades federativas, siendo su principal propósito, la consolidación de espacios interdisciplinarios en los cuales se desarrollen políticas públicas enfocadas al diseño e implementación de estrategias transversales para la prevención, atención y reacción ante la presencia de fenómenos de origen natural o antropogénico.

    En el estado Guanajuato, atendiendo a lo señalado por las Bases del SINAPROC, se crea durante la administración del periodo 1985 – 1991, el “Comité Estatal de Prevención de Seguridad Civil”, posteriormente, en marzo de 1991, se instituyó la Dirección Estatal de Protección Civil”, adscrita a la Secretaría de Gobierno. Para diciembre del 2001, la Dirección Estatal de Protección Civil, pasa a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con la denominación “Coordinación Ejecutiva de Protección Civil”, consecuentemente, en el año 2015, cambia su nombre por Coordinación Estatal de Protección Civil”, en cumplimiento con lo estipulado en la Ley General de Protección Civil vigente en ese año.

    Para agilizar las tareas de despacho, coordinación y gestión de accidentes, emergencias y desastres, en el año 2014 el “Centro Estatal de Gestión de Emergencias”, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se integró a las instalaciones de la Dirección General del Sistema Estatal C5i de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Posterior a ello, se integró el “Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano” (USAR Guanajuato), grupo multidisciplinario de élite conformado por especialistas de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato “SUEG”, la Asociación de Bomberos del Estado de Guanajuato, A.C., la Delegación Estatal de Cruz Roja Mexicana, la Dirección General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y la Dirección General del Sistema Estatal C5i. Cabe señalar, la destacada participación del grupo USAR-GTO en el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

    Tras 29 años de la creación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Estado de Guanajuato, ha impulsado un proceso permanente de consolidación y fortalecimiento de los Sistemas Municipales y Estatal de Protección Civil. Al respecto, podemos mencionar que, la Coordinación Estatal, dispone de instalaciones propias y modernas ubicadas en el Parque Industrial Puerto Interior. Por otro lado, en materia de parque vehicular, este se encuentra conformado por unidades especializadas de la más alta tecnología para la atención de situaciones de riesgo y emergencias. En lo referente al capital humano, la Coordinación Estatal, integra una plantilla de 126 personas altamente profesionalizadas, capacitadas y certificadas para identificar, prevenir, gestionar, coordinar y atender los efectos que puedan llegar a ocasionar los peligros y riesgos existentes en el territorio estatal, proporcionando con esto, seguridad a las y los guanajuatenses y sus visitantes.

    En adición a lo señalado, es importante indicar que, en lo que va de la presente administración, esta Coordinación Estatal, ha realizado importantes trabajos y acciones tendientes a la prevención, reducción de riesgos y atención de desastres, subrayando con ello, la consideración de protocolos y medidas de actuación ante la pandemia COVID-19 suscitada en los últimos meses. No cabe duda que, nuestra entidad, es reconocida por contar con una Protección Civil profesionalizada y coordinada en la que participan los gobiernos y la sociedad organizada. Esto nos lleva, en el marco conmemorativo del Día Nacional de Protección Civil, a refrendar nuestro compromiso con la sociedad guanajuatense y sus visitantes, en la importante tarea de proteger la integridad física de las personas, sus bienes y su entorno, mediante una política pública integral y transversal que haga de la prevención, un hábito permanente, y la reacción, una actividad efectiva y oportuna.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato


     

     

     

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  10. Violencia familiar y el confinamiento

    14 septiembre, 2020 by Alvar Cabeza de Vaca Appendini

    El factor sanitario con motivo de la pandemia COVID-19, es el nodo causal de los próximos escenarios político, económico y social que coadyuvarán en mayor o menor medida con el fenómeno de las violencias y la delincuencia. La Organización Mundial de la Salud, así como las respectivas dependencias homólogas a nivel federal y estatal, establecieron como estrategia el distanciamiento físico y la limitación de la movilidad en la población y los sectores productivos, dicha condición, ha implicado un cambio radical en la convivencia y la manera de socializar. Si bien, la pandemia nos distanció de familiares y amigos, el uso de las tecnologías de la información regeneró la manera en que nos comunicamos y relacionamos.

    Sin embargo, no todo lo acontecido últimamente ha sido referencia de fortalezas y oportunidades. Derivado del acatamiento de la estrategia de obligado confinamiento, el escenario de convivencia entre hijos, familiares o compañeros de piso se incrementó, aunado también a la proximidad de factores estresantes que abarcan desde la situación económica hasta las dificultades laborales, entre otros factores detonantes, todo ello, ha contribuido con el detrimento del bienestar físico y mental del individuo y en consecuencia sus relaciones familiares y personales, sin dejar de mencionar los brotes de violencia interpersonal.

    La violencia interpersonal, de acuerdo con la OMS, se subdivide en violencia intrafamiliar y comunitaria. Es importante señalar que, de acuerdo con especialistas en violencia intrafamiliar de la Universidad de Birmingham – Reino Unido, ésta constituye uno de los principales riesgos para niñas, niños, mujeres y adultos mayores que ya viven con alguien que es abusivo o controlador, adicional al impacto de factores psicológicos causados por las estrategias de distanciamiento entre otros elementos estresantes derivados de la pandemia. De acuerdo con el artículo “The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence”, publicado el pasado 20 de febrero por la Revista Lance, algunos efectos psicológicos son: trastornos emocionales, depresión, ansiedad, estrés, bajo estado de ánimo, insomnio, irritabilidad, ira y agotamiento emocional.

    Ante escenarios de este tipo, las estrategias de necesario confinamiento cierran las vías de escape, búsqueda de ayuda y otras formas de atender a las víctimas de violencia interpersonal, ello reviste de un significativo desafío en cuanto a la aplicación de medidas de atención, canalización, prevención y denuncia. Al respecto, en el Estado de Guanajuato, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el índice del delito de violencia intrafamiliar por cada 100,000 habitantes refiere que, tuvo un incremento del 1% en el mes de mayo con respecto abril (mínimo histórico), destacando posteriormente los aumentos graduales el resto de los meses, aspecto coincidente con el agravamiento del fenómeno con motivo de la pandemia y la estrategia de confinamiento misma que inició de manera oficial el 17 de marzo.

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    A pesar de que el fenómeno ha ido a la baja con respecto al máximo histórico registrado durante el mes de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del modelo transversal de prevención social de las violencias y la delincuencia, ha dispuesto una serie de acciones de naturaleza informativa con el propósito de impulsar la prevención, el autocuidado y los mecanismos de denuncia a través de los sistemas 9-1-1 emergencias y 0-8-9, privilegiando en todo momento, ante esta nueva normalidad, estrategias de comunicación social mediante medios y mecanismos virtuales en atención a las restricciones establecidas por nuestras autoridades sanitarias.

    El propósito de lo anterior, consiste en informar a la población de prioridad estratégica (niñas, niños, mujeres y adultos mayores) acerca de aquellas pautas de comportamiento y dimensiones de riesgo en sus diversos ámbitos de manifestación, que impliquen vulnerabilidad y atenten contra la integridad de sus derechos fundamentales. De forma adicional y con el propósito de preservar la vida, integridad y derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia, se ha establecido una intensa campaña de comunicación social con la finalidad de impulsar el uso responsable del Sistema Integral de Atención para las Mujeres (SIAM 0-7-5), mecanismo de prevención, atención, contención seguimiento y canalización transversal de casos de violencia de género.

    En cuanto a los eventos reportados al sistema de emergencias 9-1-1 sobre casos de violencia familiar en el estado, destacamos su comportamiento poco atípico, identificando su máximo histórico en el mes de abril, para después disminuir de forma gradual el resto de los meses. Ahora bien, desde otra perspectiva, el 80% de las llamadas recibidas con motivo de “violencia familiar” se recibieron entre las 12:00 y la 1:00 del siguiente día y siendo de las 19:00 a las 23:00 el parámetro temporal con mayor actividad.

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    Por otro lado, con la finalidad de incorporar prácticas policiales que garanticen la atención adecuada de mujeres y niñas en situación de violencia, se han conformaron diez Unidades Especializadas de Prevención y Atención de Violencia de Género en los municipios de Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, Purísima del Rincón, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, así como las Fuerzas de Seguridad Pública en el ámbito estatal. La Unidad Especializada está integrada por elementos de seguridad pública municipal y su principal objetivo consiste en atender a mujeres en situación de violencia, desde un orden de prevención, protección, asesoría y denuncia.

    A pesar de las adversidades con motivo de la pandemia COVID-19, hemos sido muy escrupulosos en desarrollar e implementar las mejores estrategias para procurar el derecho de niñas, niños, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia, condición que demanda un gran compromiso y esfuerzo de todos los actores involucrados, tanto del gobierno como de la sociedad civil organizada. Estamos convencidos de que juntos, contribuiremos a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como también preservar las libertades, el orden y la paz social, para con ello, construir una entidad federativa próspera y pacífica en donde la persona y su dignidad estén siempre en el centro del actuar gubernamental.

     

    Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
    Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

     


     

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