COVID 19

Protección Civil

Para nuestra sociedad, es indiscutible la importancia del trabajo que desarrollan las y los elementos que conforman la Coordinación Estatal y Unidades Municipales de Protección Civil, quienes, en coordinación sinérgica con instituciones de gobierno y los diferentes sectores, organismos y asociaciones civiles, constituyen el Sistema Estatal de Protección Civil de Guanajuato.

De acuerdo con la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato, en su artículo 2, fracción XIX la define como “el como el conjunto de principios, normas, procedimientos, acciones y conductas solidarias, participativas y corresponsables entre sociedad y autoridades para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y entorno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre”.

Cabe mencionar que, la Protección Civil, no es una actividad de reciente creación; sus antecedentes históricos, se remontan al concluir la Segunda Guerra Mundial ante la necesidad de atender a las víctimas de los conflictos bélicos internacionales, habiéndose formalizado su función en el “Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949”. Su concepto, en aquel entonces, evidentemente se circunscribía a la protección de la población civil y evitar ataques, destrucción o inutilización de medios de supervivencia por actos de guerra o violencia. No fue hasta la resolución 2034, aprobada el 7 de diciembre de 1965 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se consideró adicionar la asistencia en casos de desastres naturales, instando a los países participantes, la creación de los servicios apropiados de planificación y acción por intermedio de la Cruz Roja.

La Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, sitúa en año de 1966, el primer antecedente de atención a la población civil con motivo del desbordamiento del Río Pánuco en el Estado de Veracruz, habiendo implementado por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional el Plan de Auxilio, precursor inmediato del Plan DN-III-E. A pesar de no ser el único precedente en la materia, no fue sino hasta después del sismo ocurrido el 19 y 20 de septiembre de 1985, en donde la devastación, indolencia institucional y la falta de coordinación, obligó a replantear el esquema de atención a la población civil en caso de desastres naturales. Las secuelas dejadas por el terremoto, marcaron un hito en la agenda de gobierno que incluía la consolidación de una política transversal, inclusiva, organizada y participativa de Protección Civil.

El 9 de octubre de 1985, se creó el Comité de Prevención de Seguridad Civil en apoyo a la Comisión Nacional de Reconstrucción, posteriormente, el 06 de mayo de 1986, se publicó el decreto gubernativo por el cual se crea el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Programa Nacional de Protección Civil, siendo ambos, mecanismos máximos de planeación, coordinación y articulación entre la federación, las entidades federativas y los municipios en la prevención de desastres y la atención de emergencias; surge entonces la Protección Civil Mexicana.

Como consecuencia de la creación del SINAPROC, devino también su correspondiente institucionalización en las entidades federativas, siendo su principal propósito, la consolidación de espacios interdisciplinarios en los cuales se desarrollen políticas públicas enfocadas al diseño e implementación de estrategias transversales para la prevención, atención y reacción ante la presencia de fenómenos de origen natural o antropogénico.

En el estado Guanajuato, atendiendo a lo señalado por las Bases del SINAPROC, se crea durante la administración del periodo 1985 – 1991, el “Comité Estatal de Prevención de Seguridad Civil”, posteriormente, en marzo de 1991, se instituyó la “Dirección Estatal de Protección Civil”, adscrita a la Secretaría de Gobierno. Para diciembre del 2001, la Dirección Estatal de Protección Civil, pasa a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con la denominación “Coordinación Ejecutiva de Protección Civil”, consecuentemente, en el año 2015, cambia su nombre por “Coordinación Estatal de Protección Civil”, en cumplimiento con lo estipulado en la Ley General de Protección Civil vigente en ese año.

Para agilizar las tareas de despacho, coordinación y gestión de accidentes, emergencias y desastres, en el año 2014 el “Centro Estatal de Gestión de Emergencias”, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se integró a las instalaciones de la Dirección General del Sistema Estatal C5i de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Posterior a ello, se integró el “Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano” (USAR Guanajuato), grupo multidisciplinario de élite conformado por especialistas de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato “SUEG”, la Asociación de Bomberos del Estado de Guanajuato, A.C., la Delegación Estatal de Cruz Roja Mexicana, la Dirección General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y la Dirección General del Sistema Estatal C5i. Cabe señalar, la destacada participación del grupo USAR-GTO en el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

Tras 29 años de la creación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Estado de Guanajuato, ha impulsado un proceso permanente de consolidación y fortalecimiento de los Sistemas Municipales y Estatal de Protección Civil. Al respecto, podemos mencionar que, la Coordinación Estatal, dispone de instalaciones propias y modernas ubicadas en el Parque Industrial Puerto Interior. Por otro lado, en materia de parque vehicular, este se encuentra conformado por unidades especializadas de la más alta tecnología para la atención de situaciones de riesgo y emergencias. En lo referente al capital humano, la Coordinación Estatal, integra una plantilla de 126 personas altamente profesionalizadas, capacitadas y certificadas para identificar, prevenir, gestionar, coordinar y atender los efectos que puedan llegar a ocasionar los peligros y riesgos existentes en el territorio estatal, proporcionando con esto, seguridad a las y los guanajuatenses y sus visitantes.

En adición a lo señalado, es importante indicar que, en lo que va de la presente administración, esta Coordinación Estatal, ha realizado importantes trabajos y acciones tendientes a la prevención, reducción de riesgos y atención de desastres, subrayando con ello, la consideración de protocolos y medidas de actuación ante la pandemia COVID-19 suscitada en los últimos meses. No cabe duda que, nuestra entidad, es reconocida por contar con una Protección Civil profesionalizada y coordinada en la que participan los gobiernos y la sociedad organizada. Esto nos lleva, en el marco conmemorativo del Día Nacional de Protección Civil, a refrendar nuestro compromiso con la sociedad guanajuatense y sus visitantes, en la importante tarea de proteger la integridad física de las personas, sus bienes y su entorno, mediante una política pública integral y transversal que haga de la prevención, un hábito permanente, y la reacción, una actividad efectiva y oportuna.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

Violencia familiar y el confinamiento

El factor sanitario con motivo de la pandemia COVID-19, es el nodo causal de los próximos escenarios político, económico y social que coadyuvarán en mayor o menor medida con el fenómeno de las violencias y la delincuencia. La Organización Mundial de la Salud, así como las respectivas dependencias homólogas a nivel federal y estatal, establecieron como estrategia el distanciamiento físico y la limitación de la movilidad en la población y los sectores productivos, dicha condición, ha implicado un cambio radical en la convivencia y la manera de socializar. Si bien, la pandemia nos distanció de familiares y amigos, el uso de las tecnologías de la información regeneró la manera en que nos comunicamos y relacionamos.

Sin embargo, no todo lo acontecido últimamente ha sido referencia de fortalezas y oportunidades. Derivado del acatamiento de la estrategia de obligado confinamiento, el escenario de convivencia entre hijos, familiares o compañeros de piso se incrementó, aunado también a la proximidad de factores estresantes que abarcan desde la situación económica hasta las dificultades laborales, entre otros factores detonantes, todo ello, ha contribuido con el detrimento del bienestar físico y mental del individuo y en consecuencia sus relaciones familiares y personales, sin dejar de mencionar los brotes de violencia interpersonal.

La violencia interpersonal, de acuerdo con la OMS, se subdivide en violencia intrafamiliar y comunitaria. Es importante señalar que, de acuerdo con especialistas en violencia intrafamiliar de la Universidad de Birmingham – Reino Unido, ésta constituye uno de los principales riesgos para niñas, niños, mujeres y adultos mayores que ya viven con alguien que es abusivo o controlador, adicional al impacto de factores psicológicos causados por las estrategias de distanciamiento entre otros elementos estresantes derivados de la pandemia. De acuerdo con el artículo “The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence”, publicado el pasado 20 de febrero por la Revista Lance, algunos efectos psicológicos son: trastornos emocionales, depresión, ansiedad, estrés, bajo estado de ánimo, insomnio, irritabilidad, ira y agotamiento emocional.

Ante escenarios de este tipo, las estrategias de necesario confinamiento cierran las vías de escape, búsqueda de ayuda y otras formas de atender a las víctimas de violencia interpersonal, ello reviste de un significativo desafío en cuanto a la aplicación de medidas de atención, canalización, prevención y denuncia. Al respecto, en el Estado de Guanajuato, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el índice del delito de violencia intrafamiliar por cada 100,000 habitantes refiere que, tuvo un incremento del 1% en el mes de mayo con respecto abril (mínimo histórico), destacando posteriormente los aumentos graduales el resto de los meses, aspecto coincidente con el agravamiento del fenómeno con motivo de la pandemia y la estrategia de confinamiento misma que inició de manera oficial el 17 de marzo.

A pesar de que el fenómeno ha ido a la baja con respecto al máximo histórico registrado durante el mes de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del modelo transversal de prevención social de las violencias y la delincuencia, ha dispuesto una serie de acciones de naturaleza informativa con el propósito de impulsar la prevención, el autocuidado y los mecanismos de denuncia a través de los sistemas 9-1-1 emergencias y 0-8-9, privilegiando en todo momento, ante esta nueva normalidad, estrategias de comunicación social mediante medios y mecanismos virtuales en atención a las restricciones establecidas por nuestras autoridades sanitarias.

El propósito de lo anterior, consiste en informar a la población de prioridad estratégica (niñas, niños, mujeres y adultos mayores) acerca de aquellas pautas de comportamiento y dimensiones de riesgo en sus diversos ámbitos de manifestación, que impliquen vulnerabilidad y atenten contra la integridad de sus derechos fundamentales. De forma adicional y con el propósito de preservar la vida, integridad y derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia, se ha establecido una intensa campaña de comunicación social con la finalidad de impulsar el uso responsable del Sistema Integral de Atención para las Mujeres (SIAM 0-7-5), mecanismo de prevención, atención, contención seguimiento y canalización transversal de casos de violencia de género.

En cuanto a los eventos reportados al sistema de emergencias 9-1-1 sobre casos de violencia familiar en el estado, destacamos su comportamiento poco atípico, identificando su máximo histórico en el mes de abril, para después disminuir de forma gradual el resto de los meses. Ahora bien, desde otra perspectiva, el 80% de las llamadas recibidas con motivo de “violencia familiar” se recibieron entre las 12:00 y la 1:00 del siguiente día y siendo de las 19:00 a las 23:00 el parámetro temporal con mayor actividad.

Por otro lado, con la finalidad de incorporar prácticas policiales que garanticen la atención adecuada de mujeres y niñas en situación de violencia, se han conformaron diez Unidades Especializadas de Prevención y Atención de Violencia de Género en los municipios de Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, Purísima del Rincón, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, así como las Fuerzas de Seguridad Pública en el ámbito estatal. La Unidad Especializada está integrada por elementos de seguridad pública municipal y su principal objetivo consiste en atender a mujeres en situación de violencia, desde un orden de prevención, protección, asesoría y denuncia.

A pesar de las adversidades con motivo de la pandemia COVID-19, hemos sido muy escrupulosos en desarrollar e implementar las mejores estrategias para procurar el derecho de niñas, niños, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia, condición que demanda un gran compromiso y esfuerzo de todos los actores involucrados, tanto del gobierno como de la sociedad civil organizada. Estamos convencidos de que juntos, contribuiremos a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como también preservar las libertades, el orden y la paz social, para con ello, construir una entidad federativa próspera y pacífica en donde la persona y su dignidad estén siempre en el centro del actuar gubernamental.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

El COVID-19 y la violencia

La epidemia del COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Con motivo de lo anterior, nuestras respectivas autoridades sanitarias a nivel federal y estatal, establecieron como estrategia de contención el distanciamiento físico y la limitación de movilidad con el propósito de mitigar la velocidad de propagación y evitar el colapso de los sistemas de salud. Cabe resaltar, que, a pesar de las medidas preventivas asumidas por los distintos órdenes de gobierno, los efectos colaterales no se hicieron esperar, resultando en escenarios adversos en los ámbitos político, económico y social, coadyuvando con ello en la génesis factorial que propicia o contiene algunas formas de violencia y delincuencia.

Bajo dichas circunstancias, inéditas y quizá comparables con los impactos de la Gran Depresión en 1929 y la II Guerra Mundial, observamos un menoscabo no sólo de factores ambientales y contextuales, se demuestra, además, un efecto contraproducente en el entorno individual y de socialización con los diversos grupos sociales en los que está inmerso el sujeto, tales como la familia, escuela, trabajo y la comunidad. En lo que concierne al grupo familiar, ante el forzoso escenario de estrecha interacción entre hijos, familiares o compañeros de piso, derivado del confinamiento y la proximidad con factores estresantes que abarcan desde el económico hasta el laboral, han contribuido con el detrimento del bienestar físico y mental del individuo y en consecuencia sus relaciones sociales, sin dejar de mencionar los brotes de violencia interpersonal.

Por otro lado, el escenario en materia delictiva no dista de tener también sus implicaciones con motivo de la pandemia “COVID-19”. Al respecto, a inicios de la implementación de las estrategias sanitarias en donde prevaleció el confinamiento y la restricción de actividades productivas, surgieron así, una serie de análisis y posicionamientos teóricos con respecto al comportamiento del fenómeno delictivo, destacando en ello el incremento o atenuación de ciertas conductas. Es importante señalar que, el punto de referencia de las hipótesis formuladas, partieron de teorías como las de oportunidad delictiva, las cuales, se enfocan a elementos tales como el tiempo y espacio, los movimientos cotidianos de víctimas potenciales, atribuciones o valor de objetivos, vigilancia natural, así como los cambios sociales o tecnológicos que proveen alternativas o nuevas oportunidades delictivas, entre otros.

La génesis factorial del comportamiento antisocial y delictivo, tiene una explicación a partir de la identificación de causas estructurales, interpersonales y ambientales, las cuales, por separado y vinculadas, dan cuenta que, dichos comportamientos, surgen no sólo aspectos relacionados con el sujeto, sino también de la interacción de éste con el entorno físico y social; por lo tanto, es factible concluir que, el fenómeno delictivo, en especial algunas conductas, parcialmente ha encontrado un punto de adaptación o regresión como secuela de las circunstancias inmediatas o de proximidad afectadas con motivo de la pandemia.

La referencia a teorías ambientales o ecológicas que hacen alusión al factor oportunidad -como las referidas en supra líneas- no son un componente determinante para explicar o predecir la causalidad de ciertos ilícitos. El fenómeno criminal, goza de tal complejidad que merece procesos de análisis y estudio con mayor cientificidad, en especial, sobre aquellos factores de naturaleza estructural que probablemente se verán perjudicados por la pandemia y que, a largo plazo, se sumarán a la cadena de causas generadoras de espacios, grupos o personas que socializan con los diversos tipos de violencias y delincuencia.

Si bien, el objetivo del presente artículo no es la referencia de los posicionamientos por parte de analistas y periodistas en la materia al iniciar el proceso de confinamiento, vale la pena realizar una breve semblanza de la incidencia de algunas conductas delictivas a partir de la implementación de las estrategias sanitarias con motivo de la pandemia COVID-19. A continuación, se muestra un ejemplo de conductas delictivas cuyo patrón de comportamiento se vio modificado a partir del mes de marzo con motivo del inicio de la estrategia de distanciamiento físico y restricción de movilidad, evidenciando con ello el factor oportunidad.

Las lesiones dolosas y el robo a transeúnte, tuvieron una tendencia a la baja en razón de la siguiente fórmula: ausencia de personas en la calle representa una mínima probabilidad de conflictos o robos. De la misma forma, el delito de robo a casa habitación redujo su incidencia, toda vez que el escenario de confinamiento domiciliar obstaculizó la probabilidad de robo. Caso contrario, el delito de robo de vehículo registro una tendencia al alza ante el creciente factor de vulnerabilidad.

Gráfica 1: Histórico lesiones dolosas 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

Gráfica 2: Histórico robo a transeúnte 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

Gráfica 3: Histórico robo a casa habitación 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

Gráfica 4: Histórico robo de vehículo 2020 / Elaborado por la SSP (CEI) / Fuente: SESNSP.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPEG), ha mantenido un proceso permanente de monitoreo y análisis del comportamiento de conductas antisociales y delictivas, con el propósito de identificar factores críticos y con base en ellos, disponer de las acciones que sean necesarias bajo un modelo de trabajo sinérgico con dos vertientes: a) la prevención social de las violencias y la delincuencia; y b) la vigilancia, coordinación, operatividad e inteligencia policial; ambas, con estricto cumplimiento y comunicación de las medidas sanitarias recomendadas por nuestras autoridades.

Relativo al modelo preventivo, la SSPEG, impulsa el autocuidado y la prevención en sus diversos ámbitos para la atención multidimensional de factores de riesgo a través de un planteamiento alternativo que privilegia el uso de medios y mecanismos virtuales como estrategias de comunicación e interacción social. Por otra parte, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), continúan con la salvaguarda de la integridad y derechos de las y los guanajuatenses mediante la estrategia Guanajuato Seguro. En el periodo del 17 al 24 de agosto, las distintas divisiones de la Comisaría General de las FSPE realizaron 2,426 patrullajes; se desplegó vigilancia en 816 colonias, 697 comunidades rurales, 539 empresas, 49 plazas comerciales, 113 locales comerciales y se instalaron 176 puestos de control.

Con ambos modelos de trabajo sinérgico en permanente funcionamiento, se impulsa la recomposición del tejido social mediante la atención de grupos sociales y delimitaciones territoriales de alta prioridad estratégica, privilegiando en todo momento, los principios de equidad, perspectiva de género, transparencia, estado de derecho, respeto por los derechos humanos, responsabilidad institucional, y por supuesto, la coordinación interinstitucional e intersectorial, para juntos, sociedad y gobierno, hacer de Guanajuato la Grandeza de México.

Mtro. Alvar Cabeza de Vaca Appendini

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato